Luego de varios meses de negociaciones, la provincia de Santa Fe promulgó en las últimas horas una nueva ley que prohíbe en todo el territorio la actividad de los cuidacoches, y amenaza con sanciones de hasta 80 días de arresto para las organizaciones que se instalen en la vía pública para ofrecer cuidar autos a cambio de dinero.
La promulgación de la ley N° 14.486 se concretó mediante el decreto 2.121, firmado el viernes 2 de octubre por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Gobierno, Fabián Bastía.
Se trata de una iniciativa que había tenido sanción definitiva hace dos semanas en la Legislatura provincial, donde el Senado insistió con la versión original del proyecto, en desmedro de las modificaciones que había planteado Diputados al aprobarla.
Esta nueva legislación incorpora al Código de Convivencia una contravención para quien, «sin autorización y cuando la actividad se encuentre prohibida por la normativa local, ofrezca espacios para estacionar vehículos en la vía pública o servicios de guarda, cuidado, lavado o limpieza a cambio de dinero u otro beneficio, independientemente de que la retribución sea voluntaria».
Este tipo de contravenciones tendrá una sanción de dos a diez días de trabajo comunitario, además de la prohibición para el «trapito» de volver al lugar donde se encontraba realizando su actividad. Si se verifica que efectivamente regresó, las penas se endurecen: van de diez a veinte días de arresto.
La norma además tiene una serie de agravantes. Por ejemplo, se duplican los mínimos y máximos en caso de detectar el uso de violencia o amenazas, actuar en zonas de estacionamiento tarifado, aprovechar una situación de vulnerabilidad de la víctima o desarrollar la actividad entre las 18 y las 6 o en zonas escolares, bancarias, comerciales y de edificios públicos.
Otro agravante es si la actividad se desarrolla dos horas antes o una hora después en un radio de hasta veinte cuadras a la redonda de un evento público masivo.
Otro punto de la norma apunta a castigar a las organizaciones que se dedican a operar de manera sistemática. Si se detecta que existe un acuerdo previo entre dos o más personas para desarrollar la actividad, corresponderá una pena de arresto de diez a veinte días. Si se comprueba que existen organizadores, coordinadores o responsables, esa escala podrá elevarse hasta cuatro veces. El máximo puede alcanzar los 80 días de arresto.
La ley establece además que deberán ser los municipios quienes adhieran a la norma mediante ordenanzas sancionadas por los Concejos municipales. La aplicación de las contravenciones quedará en manos de los propios municipios.
En Rosario, por ejemplo, se reunió el viernes pasado la mesa de trabajo sobre cuidacoches, donde se debatió cómo adherirá la ciudad a la normativa. Según informa el diario La Capital, podrían enviar un texto al Concejo en diez días.
Sin embargo, la norma no estuvo libre de polémicas. En abril de este año la iglesia se había pronunciado en contra de la prohibición, al pedir que se tenga en cuenta el contexto social y la crisis económica que afecta al país.
“La iglesia nunca está de acuerdo con ningún delito. El problema que vemos es que se empieza por prohibir todo y, por una minoría que suele acudir a la violencia o los aprietes, se restringe un ingreso de personas que están en la calle justamente por necesidad”, evaluó Fabián Monte, referente de la Pastoral Social de Rosario.
“Esto no es otra cosa que el ejercicio básico de la libertad de trabajo y de contratación. Penalizar esta conducta implica avanzar sobre prácticas que, en sí mismas, no generan daño”, sostuvo el documento.
Según un relevamiento realizado por el senador rosarino Ciro Seisas, en la ciudad actualmente hay unos 1395 cuidacoches.
