La Comisión de Hacienda de la Legislatura chaqueña concluyó el jueves por la tarde la ronda de consultas con los distintos poderes y sectores de la administración pública por el proyecto de Presupuesto 2027. La presencia del ministro de Hacienda, Alejandro Abraam, marcó el cierre de una instancia que también incluyó las exposiciones de las autoridades del Poder Legislativo y del Poder Judicial, entre otros representantes institucionales interesados en expresar sus necesidades y aspiraciones presupuestarias.
Con esta etapa cumplida, la iniciativa quedó en condiciones de avanzar hacia su tratamiento en el recinto. La fecha tentativa que maneja el oficialismo para ponerla a consideración del pleno es el 25 de noviembre, con el propósito de conseguir la aprobación antes de finalizar el mes.
Sin embargo, el proyecto llegará a esa instancia con dos despachos que expresan diferencias sobre las prioridades de asignación de recursos y los mecanismos de control de la ejecución presupuestaria. El primero corresponde al oficialismo, que propone aprobar la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo sin modificaciones. El segundo, impulsado por la oposición, recomienda introducir ocho reformas sobre aspectos salariales, sanitarios, financieros y de distribución de la obra pública.
PRIORIDADES DEL OFICIALISMO
El presidente del interbloque Chaco Puede, Iván Gyoker, defendió los principales lineamientos de la propuesta y destacó la reasignación de $4.000 millones que originalmente estaban previstos para financiar las elecciones primarias, suspendidas en la provincia. Según explicó, esos recursos fueron destinados al Hospital Pediátrico para la adquisición de insumos.
El legislador también puso el acento en el componente de infraestructura, particularmente en las inversiones previstas para rutas y conectividad, con el argumento de reducir las asimetrías territoriales y ampliar las oportunidades en el interior provincial.
En materia salarial, precisó que el proyecto contempla una pauta de incremento del 18%, en sintonía con las proyecciones de inflación nacional. Al respecto, señaló que el desafío consiste en encontrar un equilibrio entre la recuperación de los ingresos de los trabajadores y la necesidad de sostener inversiones en áreas estratégicas como infraestructura, educación y tecnología.
Frente a los cuestionamientos opositores sobre la disponibilidad de recursos, Gyoker sostuvo que las críticas responden a una lectura incompleta del proyecto y afirmó que el detalle de las partidas permite identificar las previsiones realizadas por el Ejecutivo.
ALTERNATIVA CON CAMBIOS
La propuesta opositora plantea, entre otras modificaciones, incorporar una cláusula gatillo salarial trimestral vinculada al IPC del NEA, para compensar automáticamente las diferencias entre inflación y aumentos otorgados.
En Salud, busca impedir que durante el ejercicio se reduzcan las partidas destinadas a medicamentos, insumos médicos y prótesis. También propone establecer metas trimestrales de ejecución presupuestaria y reasignar $25.000 millones de partidas de obra pública sin ubicación definida para infraestructura y equipamiento hospitalario.
Otro capítulo apunta a la obra pública: reclama que el Ejecutivo identifique en un plazo de 60 días los municipios donde se ejecutarán los proyectos que actualmente carecen de localización, una situación que, según la oposición, alcanza al 46% del plan.
En materia financiera, propone reducir de $300.000 millones a $140.000 millones el límite para la emisión de letras y restringir los adelantos de fondos a programas con financiamiento nacional o de organismos multilaterales.
Finalmente, incorpora mayores controles sobre los retiros voluntarios y los beneficios fiscales, con pedidos de información sobre los puestos eliminados y el costo de los distintos regímenes de promoción.
