No habían transcurrido ni 24 horas desde que técnicos de Endesa cortaron el suministro eléctrico de cuatro pisos ocupados de una promoción de Calonge i Sant Antoni, cuando volvían a estar enganchados de nuevo a la luz de forma ilegal. No era la primera vez. Entre los vecinos de este bloque con piscina, situado a tres minutos a pie de la playa, hay cierta sensación de déjà vu , inseguridad, temor e indefensión tras dos años de convivencia con ocupas problemáticos. “La situación se ha vuelto insostenible”, dicen.
Denuncian amenazas, coacciones, miradas desafiantes, actitudes violentas y provocadoras, la ocupación de zonas comunes como el aparcamiento, la vandalización de puertas antiocupas con las que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) dueña de una veintena de los 35 pisos del bloque, ha colocado para evitar nuevas usurpaciones… También advierten que han puesto silicona en la mirilla electrónica de la puerta de un vecino y que han amenazado con quemar el edificio ante presencia policial. Critican también el uso indebido de la piscina, los ruidos a altas horas de la madrugada, el uso de los armarios de los contadores como si fueran trasteros, el robo de piezas de cobre del tejado… “¡Estamos hartos! No podemos más!”
Una pesadilla que empezó en el año 2024, cuando se consumaron las primeras ocupaciones. Tres años antes, en 2021 la Sareb se hizo con las primeras viviendas. Inicialmente, no colocó ningún sistema de seguridad ni vigilancia, lo que abonó el terreno para la ocupación. Ahora hay puertas blindadas y personal de vigilancia que pasa a diario, mañana y tarde, por los inmuebles. Pero los vecinos piden a la Sareb vigilancia permanente las 24 horas del día.
Uno de los cabecillas de esta trama es un viejo conocido de la policía con varios antecedentes por hechos similares en otros municipios como La Bisbal d’Empordà y Palafrugell y que, según fuentes municipales, “se dedica a vender llaves con agua y luz gratis”.
Uno de los ocupas amenazó un día, ante presencia policial, con quemar todo el edificio
La situación afecta a los vecinos, principalmente por la actitud violenta de algunos de los ocupas. “Tengo miedo, vivo con una sensación de ansiedad permanente y no salgo de casa sin el spray de gas pimienta”. Detrás de estas palabras está Manuel, nombre ficticio de un vecino que declina aparecer con su verdadero nombre. Teme represalias. El hombre adquirió uno de los apartamentos en 2009 como segunda residencia, pero de un tiempo a esta parte, las estancias son cada vez más cortas y espaciadas por temor a su integridad. “Ahora sí que me planteo marcharme de aquí”, dice.
Doce usurpaciones diarias
Los Mossos d’Esquadra contabilizaron en 2025 un total de 4.878 denuncias por ocupación de inmuebles, aproximadamente un 10% menos que en el año anterior. De estas, la gran mayoría, un total de 4.574, fueron usurpaciones, ocupaciones pacíficas de inmuebles deshabitados o abandonados, entre los que se incluyen los pisos de bancos. Los datos reflejan que se producen doce usurpaciones y ocupaciones leves de media al día. El Barcelonès, con 1.343, seguida del Vallès Occidental con 883 y el Maresme, con 477 son las comarcas que acumularon más delitos. La cifra de violaciones de domicilio, la ocupación de primeras o segundas residencias contra la voluntad de sus dueños, se sitúa en las 304 en Catalunya, siendo el Barcelonès (58) el Alt Empordà (47) y el Vallès Occidental (25) las comarcas con más casos, según datos facilitados por los Mossos.
Manuel ha recibido ya varias amenazas y cuenta con una sentencia firme del Tribunal de Instancia de Sant Feliu de Guíxols, que condena a uno de esos ocupas a pagarle 360 euros de multa por un delito leve de coacciones. “Llevas tiempo buscando problemas y los vas a tener”, le profirió el acusado mientras le seguía desde su coche por las inmediaciones de la vivienda hará cosa de medio año. No era la primera vez que se dirigía a él en actitud intimidatoria. Como resultado, ha modificado algunas de sus rutinas para no encontrarle en zonas comunes del edificio, del aparcamiento u otros espacios. Manuel está pendiente de otra sentencia recurrida en la Audiencia de Girona y en breve pisará los juzgados tras denunciar a un ocupa por defraudación de fluido eléctrico. Casos que implican a ciudadanos marroquíes.
Manuel es uno de los cabezas visibles de la comunidad que más está poniendo de su parte para evitar nuevas ocupaciones. “Si no fuera por nosotros, los vecinos, medio bloque ya estaría ocupado”. No es el único vecino que vive asustado. Una mujer fue agredida mientras paseaba por la calle y otros han decidido poner en alquiler sus inmuebles o venderlos por el “desgaste psicológico” del día a día de esta situación. “Es insostenible, vivimos con una organización criminal en el bloque”, se lamenta otro testigo.
La primera y segunda residencia, residual
El 78% de las ocupaciones registradas en el año 2025 en las comarcas del litoral de Girona (Alt Empordà, Baix Empordà y Selva) se dieron en propiedades de grandes tenedores. Municipios como Palafrugell, que en 2024 registró 106 casos, cuenta hoy con una docena de inmuebles ocupados, según datos municipales. Su alcaldesa, Laura Millán, explica que la reducción se ha logrado reforzando la presión policial, el control del padrón, denunciando de oficio las ocupaciones y empujando a los propietarios de los inmuebles para que emprendan la vía judicial. Millán reconoce que la situación “era preocupante” entre los años 2020 y 2023 con la implantación de dos mafias que se dedicaron a la venta de llaves, pero que ahora la situación “se ha revertido”. El Consistorio asegura que se personará como acusación particular en determinados casos judicializados y constata que no hay ninguna segunda residencia ocupada.
En Calonge i Sant Antoni, entre los años 2021 y 2025, la Policía Local realizó 593 intervenciones relacionadas con ocupaciones. La cifra se sitúa en los 28 casos por cada 10.000 viviendas no principales, por debajo –según fuentes municipales– de la media catalana y de Girona. En Castell-Platja d’Aro i S’Agaró existen unos 60 inmuebles ocupados, de los cuales son cuatro los que generan problemas de convivencia y seguridad. En estos casos, el alcalde Maurici Jiménez, dice que se refuerza la presencia policial en los puntos más conflictivos.
Los vecinos piden a la Sareb, como propietaria de los cuatro inmuebles más problemáticos, que agilice las acciones legales necesarias para el desahucio de los ocupantes. Fuentes del conocido como banco malo explican que en cuatro de las viviendas ocupadas, cuyos inquilinos no han acreditado ser vulnerables, los lanzamientos están solicitados. Otras dos viviendas, en las que sí se ha acreditado vulnerabilidad pero que tienen historial conflictivo acreditado por cuerpos policiales, también serán desalojadas.
“Tengo miedo, vivo con ansiedad y no salgo de casa sin el gas pimienta”, comenta un vecino
Según datos municipales, en Calonge i Sant Antoni hay unos 400 inmuebles propiedad de bancos y unos cuarenta pisos ocupados. “El fenómeno se concentra principalmente en inmuebles en que los propietarios no son personas físicas ni sociedades patrimoniales”, explica el edil de Seguridad, Alberto Mas. Casos que se suelen eternizar.
