La Fiscalía de Paraguay logró ingresar a la bóveda oculta en la mansión del expresidente Santiago Peña, ubicada detrás de una pared falsa y protegida por un sistema de doble puerta. Según trascendió del procedimiento, la habitación estaba completamente vacía y no encontraron dinero en efectivo ni objetos de valor.
El acceso se concretó después de que los investigadores no pudieran abrir la segunda puerta durante el allanamiento realizado el domingo 8 de noviembre. El mecanismo de seguridad, de procedencia israelí, había impedido completar el ingreso, por lo que la vivienda permaneció bajo custodia policial mientras la Fiscalía buscaba una alternativa.
Finalmente, la fiscala Silvia González explicó que pudieron acceder al lugar a partir de una indicación de Peña, transmitida por medio de su abogado, sobre dónde se encontraba la llave de seguridad dentro de la residencia. Desde la defensa del exmandatario sostuvieron que el espacio funcionaba como una habitación de pánico.
Del procedimiento también participó la ministra de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), Teresa Rojas de Jara. Tras la apertura, la residencia quedó bajo administración de ese organismo, que tomó el control del inmueble y relevó a los efectivos militares que hasta entonces permanecían a cargo de su custodia.
La investigación judicial también apunta al financiamiento de la residencia de verano de Peña, cuya construcción habría demandado unos 7.700 millones de guaraníes.
Uno de los puntos bajo análisis son dos préstamos que Ueno Bank le otorgó simultáneamente el 13 de mayo de 2024, por un total de 3.548 millones de guaraníes. Las cuotas mensuales rondaban los 239 millones de guaraníes, una cifra que representaba aproximadamente seis veces el salario presidencial de aquel momento.
El caso se enmarca en las actuaciones vinculadas con la situación financiera de Ueno Bank y el colapso del Grupo Vázquez, conglomerado empresarial del que formaba parte la entidad bancaria y con el que Peña mantuvo vínculos como accionista hasta el año pasado.
La causa contempla presuntos delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio. Según la información difundida, el expresidente cumple prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial (REP), en Asunción.
