La privatización de las rutas nacionales abrió un frente de conflicto para el ministro de Economía, Toto Caputo, tras el escándalo por los peajes de la ruta 5. El Gobierno debió suspender aumentos de hasta el 330% que había autorizado a la concesionaria Pentavía, luego de comprobar que las obras comprometidas estaban incompletas y que faltaban recursos para el mantenimiento.
Tras haber autorizado un aumento de hasta un 330% en los peajes del tramo Pampa, entre Luján y Santa Rosa, la gestión mileísta se vio obligada a volver sobre sus pasos luego de comprobar que la concesionaria privada no había realizado la totalidad de las obras declaradas y tampoco contaba con los equipos y el personal necesarios para llevar adelante los trabajos rutinarios de mantenimiento.
Junto con la suspensión de las subas tarifarias, la conducción de Vialidad Nacional resolvió abrir un sumario y desplazar al supervisor oficial que estaba a cargo del control y la fiscalización del tramo concesionado de la RN 5.
El inspector separado había dado por aprobadas y terminadas las obras de «puesta en valor» que informó la concesionaria Pentavía para poder acceder a los incrementos tarifarios.
A los diez días de la entrada en vigor de las nuevas tarifas, una inspección complementaria ordenada por la cúpula del organismo vial detectó que la mayor parte de los trabajos y arreglos declarados estaban incompletos o no cumplían con los parámetros y los materiales exigidos por las normas técnicas.
