En un nuevo capítulo de lo que parece una película de enredos políticos, el presidente Javier Milei decidió eliminar por decreto la comisión creada por su propio gobierno para investigar su posible participación en el millonario fraude internacional vinculado a la criptomoneda $Libra, que él mismo impulsó públicamente desde su cuenta en la red social X.
La comisión, conocida como Unidad de Tareas de Investigación (UTI), había sido creada en febrero pasado por el Ministerio de Justicia con bombos y platillos. Su propósito era esclarecer los hechos detrás del escándalo bautizado como “criptogate”, que involucró al jefe de Estado en maniobras irregulares con un criptoactivo promocionado sin intermediarios. Pero la promesa de transparencia duró poco.
En un movimiento que muchos califican de escandaloso, Milei firmó el Decreto 332/2025 junto al ministro Mariano Cúneo Libarona para declarar disuelta la UTI, argumentando que «ya cumplió con las tareas asignadas». Lo curioso: nunca se conocieron públicamente los resultados de esa supuesta investigación. No hubo informe final, ni dictamen contundente, ni una mínima exposición ante la sociedad que diera cuenta de las conclusiones.
El papelón institucional se agrava si se considera que la encargada de la investigación era María Florencia Zicavo, mano derecha de Cúneo Libarona y jefa del Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia. La imparcialidad de la pesquisa quedó en duda desde el primer día.
La UTI tenía amplias facultades: podía requerir información a todos los estamentos del Estado, e incluso a organismos provinciales e internacionales. Según el decreto de su eliminación, la Oficina Anticorrupción, el Banco Central, la UIF, la Comisión Nacional de Valores, ARCA (ex AFIP), Migraciones, la Casa Militar, Cancillería, entre otros, habrían entregado sus informes.
Sin embargo, lo que debía ser una herramienta para aportar transparencia terminó convertida en una maniobra política para autoliberarse de cualquier tipo de responsabilidad. El informe, de existir, jamás fue puesto a disposición de la opinión pública, mientras la causa judicial continúa en manos de la jueza María Servini.
¿Justicia o encubrimiento institucional? Por ahora, lo único claro es que la comisión que investigaba al Presidente ya no existe y su trabajo, si se hizo, permanece en la sombra.
