El Gobierno nacional ha modificado el Código Aeronáutico mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), eliminando la obligación de que las empresas aéreas que operan vuelos dentro del país contraten trabajadores argentinos. Esta medida, firmada por el presidente Javier Milei y varios de sus ministros, busca flexibilizar las regulaciones del sector aéreo bajo el argumento de reducir trabas burocráticas.
La reforma ha generado preocupación entre distintos sectores que advierten sobre posibles consecuencias negativas para el empleo local. La posibilidad de que las aerolíneas opten por contratar personal extranjero podría afectar la estabilidad laboral de los trabajadores argentinos en la industria aérea.
Esta decisión se enmarca en una serie de políticas del Gobierno orientadas a liberalizar la economía y atraer inversiones extranjeras. Sin embargo, críticos argumentan que estas medidas podrían debilitar la protección del empleo nacional y aumentar la precarización laboral.
La eliminación de esta obligación plantea interrogantes sobre el equilibrio entre la apertura económica y la defensa de los derechos laborales en Argentina. Mientras el Gobierno sostiene que la flexibilización normativa es necesaria para modernizar el sector, diversos actores sociales y políticos llaman a un debate más amplio sobre las implicancias de estas reformas en el tejido laboral del país.
