En un nuevo capítulo de su agenda desregulatoria, el gobierno de Javier Milei oficializó este miércoles un decreto que sacude al sector de la marina mercante argentina: a partir de ahora, buques con bandera extranjera y tripulaciones no nacionales podrán operar libremente en aguas argentinas, tanto en el transporte de carga como de pasajeros.
La medida, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, declara la navegación marítima y fluvial como “servicio esencial”, una decisión que desató una fuerte controversia por sus implicancias laborales y económicas.
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El decreto, firmado este 21 de mayo, elimina restricciones históricas y permite que barcos extranjeros naveguen rutas nacionales sin necesidad de cumplir con los requisitos previos de bandera o tripulación argentina.
Además, autoriza la contratación de personal extranjero en caso de “falta de disponibilidad” de trabajadores locales, una cláusula que ha encendido las alarmas en el sector marítimo. Al catalogar la actividad como esencial, la norma también limita el derecho a huelga, un punto que ha generado un rechazo unánime entre los gremios.
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El Artículo 26 de nuestra Constitución reza que “La navegación de los ríos interiores de la Nación es libre para todas las banderas, con sujeción únicamente a los reglamentos que dicte la autoridad nacional.” De hecho, muchas de nuestras guerras civiles se pelearon, en parte,… pic.twitter.com/PwyQKNuDsJ
— Fede Sturzenegger (@fedesturze) May 21, 2025
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Desde sus redes sociales, Sturzenegger defendió la iniciativa como un retorno a los principios constitucionales de “libertad de navegación y comercio”. El ministro apuntó contra lo que calificó como un “excesivo reglamentarismo” que, a su juicio, ha distorsionado el espíritu de la Constitución y encarecido los costos logísticos en el país. “Abrimos las aguas argentinas a la competencia para bajar costos y mejorar la eficiencia”, afirmó, destacando que la medida busca posicionar al país como un actor más competitivo en el comercio global.
Sin embargo, el panorama es muy diferente para los trabajadores del sector. El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) salió al cruce de la decisión, calificándola como un “golpe directo” a los empleos argentinos.
El gremio, que ya en marzo había advertido sobre los riesgos de esta desregulación, denunció que la apertura a tripulaciones extranjeras podría derivar en una caída de los salarios y en una pérdida masiva de puestos de trabajo. “Esto no solo precariza nuestra labor, sino que también restringe nuestro derecho a la protesta al declarar la actividad como esencial”, señaló el SOMU en un comunicado.
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La medida llega en un contexto de tensiones crecientes entre el Gobierno y los sindicatos, que ven en esta desregulación un nuevo avance contra los derechos laborales. Mientras Sturzenegger celebra la apertura como un paso hacia la modernización, los trabajadores marítimos advierten que el ingreso de buques y tripulaciones extranjeras podría debilitar una industria clave para la economía nacional.
