La cuestionada postulación de Pablo López Viñals para diez años más como juez de la Corte salteña resalta entre los asuntos de interés institucional que autoridades de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) y de los colegios profesionales del NOA abordarán hoy en Salta.
La cuestionada postulación de Pablo López Viñals para diez años más como juez de la Corte salteña resalta entre los asuntos de interés institucional que autoridades de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) y de los colegios profesionales del NOA abordarán hoy en Salta.
En la sesión, prevista desde las 14 en la sede que el Colegio de Abogados anfitrión tiene a metros de la Ciudad Judicial, la titular de la FACA, Mariel Tschieder; la vice segunda, Luciana Scherbarth, y el vice tercero de la Federación, Francisco Panero, tratarán junto a autoridades de los colegios profesionales de Jujuy, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero y Salta una agenda que también incluirá al proceso electoral de la entidad que preside Sergio Díaz Lenes.
La presencia del consejo directivo de la FACA, que agrupa a más de 80 colegios profesionales de todo el país, concuerda con las enérgicas objeciones que desató la postulación de López Viñals en el procedimiento participativo previo a un nuevo acuerdo del Senado que contradiría la reformada Constitución de Salta. En una de esas duras oposiciones institucionales, el Colegio de Abogados y Procuradores de Salta remarcó que el artículo 156 de la Constitución, reformado en diciembre de 2021, prohíbe la reelección de los jueces de la Corte, estableciendo un mandato único de diez años sin posibilidad de prórroga.
El tratamiento de la controversia por parte de la FACA -que la incluyó en la agenda de hoy- proyectaría las objeciones más allá del ámbito local, ya que pondría en debate la vigencia del principio de legalidad, la supremacía constitucional y la coherencia institucional en los procesos de designación judicial.
En este contexto, la eventual renovación de un acuerdo para López Viñals podría exponer a la Provincia a una seria crisis de legitimidad institucional, al considerarse que un nuevo nombramiento en la Corte salteña implicaría consentir una «excepción inadmisible, consagrar una desigualdad jurídica y debilitar gravemente la confianza pública en el sistema judicial». No solo el Colegio profesional que representa a una matrícula de más de 8.000 abogados en la provincia sostiene esas afirmaciones. El Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta (FOCIS) planteó otra dura objeción institucional, a las que se sumaron las de un actual juez de Cámara, Gonzalo Mariño, otros juristas y convencionales constituyentes que reaccionaron ante interpretaciones que juzgan contrarias a la letra y el espíritu de la reforma constitucional.
La sesión de la FACA también coincidirá con un momento de especial significación para la abogacía salteña, ya que el pasado miércoles el Juzgado de Personas y Familia de Segunda Nominación resolvió dejar sin efecto la medida cautelar que había suspendido el proceso electoral del Colegio local. Fuentes del foro confirmaron que el expediente «Mazzone, Liliana c/ Colegio de Abogados – Amparo», se rechazó la acción por incompetencia y se habilitó al Tribunal Electoral a fijar una nueva fecha para los comicios.
Desde el Colegio profesional se celebró esa resolución, que permitiría reanudar el proceso democrático institucional y zanjar una etapa signada por controversias judiciales. «Nuestro objetivo ha sido siempre garantizar elecciones libres, ordenadas y transparentes», expresó su consejo directivo en un comunicado.
Además del caso López Viñals y la situación electoral del Colegio salteño, la FACA debatirá otros temas de interés institucional como la implementación de reformas procesales, los desafíos en la defensa pública y privada, la colegiación obligatoria y la promoción de estándares de transparencia y ética en el ejercicio profesional.
