La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad, definió destituir al funcionario judicial que había sido condenado por amedrentar a la abogada de su expareja. Le había dejado una nota en su domicilio que decía que iba a terminar como Mercedes Nieto y Pablo Cabrera, la pareja de abogados que murieron en un incendio en Maldonado, una causa en la que algunas evidencias apuntan a que la propagación del fuego fue intencional.
En la resolución del sumario, a la que accedió El País, se informó que el motivo de la destitución es la agresión contra su expareja. Aunque la resolución cita la sentencia en la que se lo condenó por amedrentar a la abogada, indica que el delito fue cometido contra quien era su esposa en el ámbito del hogar.
El actuario instructor del sumario sostuvo que el funcionario «siempre fue excelente» en el ámbito laboral, pero sus comportamientos privados fueron delictivos y eso afectó la dignidad y el decoro del cargo. Por eso, recomendó a la Corte que se lo suspendiera del cargo y se le retuvieran tres medios sueldos por el lapso de tres meses.
Sin embargo, los cinco ministros de la Corte —John Pérez, Bernadette Minvielle, Doris Morales, Elena Martínez y Tabaré Sosa— resolvieron destituirlo. «Si bien el sumariado ha tenido el máximo de calificaciones y emerge un buen concepto funcional del mismo, tales atenuantes no neutralizan la sanción a imponer, en tanto los hechos ventilados en el ámbito penal demuestran una actitud absolutamente incompatible con el decoro y la dignidad del cargo que ostenta», se sostuvo en el dictamen.
La abogada víctima del delito inició, tal y como informó El País, inició un reclamo civil al Poder Judicial por US$ 50 mil. Ya se celebró la audiencia de conciliación, en la que no hubo acuerdo, y aún está en plazo para presentar la demanda.
El vínculo entre la abogada y el victimario comenzó cuando ella defendió a la exmujer de él. La patrocinaba en un proceso de Familia Especializada en la que al exfuncionario público se le habían impuesto medidas de restricción de acercamiento.
En la nota amenazante que le dejó en el buzón de su domicilio, decía que la abogada sufriría en «carne propia el prejuicio y dolor que sus mentiras y engaños legales provocan, su familia entra dentro de la ecuación… Este prendió la mecha ahora espere las consecuencias». Junto con el mensaje, el victimario dejó fotos de diferentes familiares de la defensora.
La amenaza ocurrió el 13 de octubre y la abogada lo reportó ante la Policía. Allí declaró que sospechaba que el autor podría haber sido este funcionario porque ya le había mandado mensajes de texto en un tono parecido. Por eso, a los pocos días, la Justicia ordenó un allanamiento en el domicilio de él y encontraron que tenía una impresión en una hoja membretada con el logo del Poder Judicial. Se trataba del mapa de la ciudad de Canelones donde ocurrieron estos hechos, en el que estaba marcado el domicilio de la víctima.
También encontraron la ropa que había utilizado para llevar la nota al domicilio de la abogada, lo que se corroboró porque el hecho quedó filmado.
En el escrito presentado por la víctima, la profesional expresó: «Él hostigó a su expareja, así como a profesionales de la educación y de la salud que se relacionaban con el hijo de ambos. Estando esto en conocimiento del Poder Judicial, no dispuso ninguna medida disciplinaria a nivel administrativo, ya sea una destitución, o cualquier otra medida provisional que impidiera que hostigue a más personas».
En el plano penal, el agresor fue condenado el 17 de octubre de 2024 por un delito de violencia privada especialmente agravado a la pena de seis meses de libertad a prueba. Se le impuso fijar domicilio, que se presente una vez por semana en una seccional, que preste 20 horas de servicio comunitario y se le prohibió el acercamiento y comunicación con la víctima.
