Un intento de marcha atrás, por parte de los mandos de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU), al ascenso de un capitán que ha estado involucrado en disputas jurídicas con la institución, ha dejado en suspenso desde hace meses la efectivización de decenas de otros ascensos que habían sido dispuestos a fines de febrero en una misma resolución que lleva la firma del expresidente Luis Lacalle Pou.
El núcleo del “trancazo” está dado por la situación de un capitán que le ganó un juicio de Habeas Data al Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea, y que además presentó una demanda por daños y perjuicios, luego de que, a su entender, se le afectara la carrera laboral y las condiciones de un futuro retiro.
El 25 de febrero de este año, Lacalle Pou firmó junto al entonces ministro de Defensa, Armando Castaingdebat, una resolución por la cual se confería, con fecha al 1° de febrero anterior, el ascenso de 67 integrantes de la Fuerza Aérea, incluyendo tenientes, mayores, capitanes mayores, tenientes coroneles y otros grados del escalafón militar.
Pero pocos días después, coincidiendo además con el cambio de mando y la asunción de nuevas autoridades, la comisión que había avalado todos los ascensos pidió la desestimación de uno de ellos: el de Gabriel Goyén, un capitán de navegación que, representado por el abogado Cristóbal González, obtuvo fallos favorables de la Justicia Militar y la Justicia Civil, junto a otros colegas de armas que han denunciado persecuciones y arbitrariedades por parte de los mandos —tal como informó el periodista Leonardo Haberkorn en El Observador en octubre de 2024 y abril de este año.
Foto: Estefanía Leal.
Las marchas y contramarchas de la Fuerza Aérea en ese caso han provocado mientras tanto, como “daño colateral”, la indefinición del resto de los ascensos también firmados por Lacalle Pou, ya que todos forman parte de la misma resolución. Y eso ha levantado, en los últimos días, cierto nerviosismo y cuestionamientos por parte de los afectados.
Según supo El País, el asunto fue elevado esta semana por la Fuerza Aérea ante el Ministerio de Defensa liderado por Sandra Lazo, que deberá tomar una definición al respecto.
La marcha atrás
En la resolución del 25 de febrero, firmada por Lacalle Pou y Castaingdebat, se señalaba que los oficiales jefes y oficiales subalternos propuestos “cumplían con las condiciones respectivas para los respectivos ascensos”.
En su último punto, se daba pase a la Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Defensa así como al Comando General de la Fuerza Aérea “a efectos de confeccionar los despachos correspondientes”.
Sin embargo, el 11 de marzo el presidente de la Comisión Calificadora de la Fuerza Aérea solicitó por escrito al comandante en jefe la “desestimación” de la propuesta de ascenso de Goyén “debido a que esta comisión tuvo una interpretación errónea de las reglamentaciones vigentes, las cuales indican que el señor oficial en cuestión no reuniría los requisitos necesarios para estar en condiciones de ascenso”, por no llegar “a la nota mínima de aptitudes establecida para el grado”.
La discusión del caso concreto incluye, entre otras cosas, un debate interpretativo de la ley orgánica militar, y cómo se armoniza la reforma más reciente (ley 19.775 de 2019) con el decreto ley 14.747, en lo referido a los ascensos.
El artículo 58 de la ley orgánica estipula “las notas promedios finales mínimas” que deben obtener los aspirantes a un ascenso, y la defensa de Goyén señala que a él se le quiere frenar el cambio de grado por un solo año en el que recibió sanciones y le bajaron el puntaje, más allá de que lo compensa con los otros años computados.
Estefania Leal/Archivo El Pais
“Es clara que la comisión y el tribunal debe realizar el promedio de los cuatro años en el grado y no tomar uno solo como lo menciona la doctora que realiza el informe ya que el mismo va en contra de lo que dice la ley”, dice en sus descargos, a los que accedió El País.
Según González, abogado del oficial, el intento por frenar el ascenso de su representado busca, entre otras cosas, “ahuyentar reclamos” de otros oficiales a los que se les haya computado mal los ascensos.
“Por vía oblicua están intentando sacarla para que no haya reclamos. A otros oficiales le hicieron las cosas mal, aplicando una interpretación vieja”, dice a El País. Según sus cálculos, esos posibles reclamos abarcan a “unos cuarenta” funcionarios.
El abogado dice también que la Fuerza Aérea está intentando dar marcha atrás “fuera de plazo”. En sus descargos, el oficial señala que la resolución firmada por Lacalle Pou ya adquirió “estabilidad” y “deplegó sus efectos jurídicos”, con “derechos adquiridos”.
“La estabilidad de un acto administrativo es la propiedad que tiene de ser irrevocable por la propia administración. Esto significa que no se puede revocar un acto que reconozca o declare un derecho subjetivo, una vez que se ha noticiado al interesado. La estabilidad del acto administrativo es clave para el equilibrio entre la eficacia de la administración y los derechos de los funcionarios o ciudadanos”, plantea la contestación.
La situación de Goyén repercute de todas formas en más de sesenta otros ascensos que supuestamente deberían regir desde febrero, ya que forman parte de la misma resolución pendiente de su “aterrizaje” administrativo.
El País consultó a algunos de esos afectados, quienes ratificaron estar a la espera de que se haga efectivo lo resuelto meses atrás. Entre otras cosas, hasta que eso no ocurra cobran un salario inferior al que les correspondería.
Consultado este viernes, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, el general Fernando Colina, contestó que se encontraba “en un evento personal”, pero que “la Fuerza Aérea se encuentra trabajando sobre el tema”.
Desde la fuerza, por su parte, otra fuente transmitió que “los entendidos y responsables del tema están trabajando en ello”.
El País también consultó al Ministerio de Defensa, que esta semana recibió las actuaciones elevadas por la Fuerza Aérea. Fuentes de ese ministerio señalaron que hasta el momento no era un tema de primer orden en la agenda de la cartera, aunque se estaban haciendo averiguaciones para conocer los detalles.
Uno de los caminos que se evaluaba era “actualizar” la resolución excluyendo al caso individual en discusión, para poder “destrancar” al resto mientras se dirime esa situación, aunque se requerían consultas legales y administrativas para definir los pasos a seguir.
Si bien fuentes militares y políticas explicaron que los atrasos en los ascensos “a veces suceden” por circunstancias muy diversas, en general no se extienden por más de “un par de meses”. Y, sobre todo, no siempre tienen un trasfondo como el de este caso en particular, que ha dado lugar a momentos de tensión en la interna de la fuerza.
En guerra
Por fuera de la situación que tiene trancados a 67 ascensos, el caso de Goyén es un episodio más de una historia que hace varios años lo involucra a él y a otro grupo de oficiales en una especie de guerra fría con la cúpula de la Fuerza Aérea y el Ministerio de Defensa, con las reformas de la caja militar y de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas como telón de fondo.
Los que los miran con desconfianza hasta se refieren a ellos como “el grupo de los subversivos” y los acusan, por ejemplo, de incurrir en faltas o delitos militares como las “demandas colectivas” o el “amotinamiento”.
Quienes los defienden, en cambio, denuncian que han sido “perseguidos” por los mandos durante años, separados de la Fuerza Aérea y enviados en cambio a dependencias del Ministerio de Defensa, como el Hospital Militar o los servicios de cantina o de vivienda.
Tal como informó El Observador en abril, el caso se remonta al menos a 2018, cuando un grupo de oficiales empezaron a reclamar acceso a sus historias laborales, para el cálculo de sus condiciones de retiro, sin que la Fuerza Aérea ni el Servicio de Retiro y Pensiones de las Fuerzas Armadas se las entregaran.
Foto: Mateo Vazquez/Archivo El País
A fines de 2022, solicitaron el retiro entendiendo que quedaban comprendidos por la “ley vieja” y no por la reforma de la Caja Militar votada en 2019.
En su primer artículo, esa ley señalaba que “quienes, al 28 de febrero de 2019, configuraren alguna causal de retiro prevista por el régimen que se sustituye o computaren quince o más años de servicios militares efectivos en general”, podían acogerse a ese régimen anterior.
Los demandantes no llegaban a los 15 años, pero sí entendían que con los “bonificados” generaban la causal para el retiro, sin que el ministerio lo reconociera debidamente.
Según el abogado González, en el plano de los retiros el debate reside en cómo se computan los años efectivos, generando problemas de “desigualdad” entre militares con carreras similares. “No se estaba computando de la forma en que debe ser las horas de vuelo y enseñanza que tiene Fuerza Aérea”.
En 2023, el Ministerio de Defensa, bajo la gestión de Javier García como ministro, acusó a cuatro de ellos ante la Justicia Militar por el delito de “demanda colectiva” -que prohíbe los reclamos de más de tres integrantes en los ámbitos militares-, algo desestimado el pasado 28 de abril por la jueza militar Ximena Perdomo.
Según lo informado por El Observador, Perdomo concluyó que lo actuado por los denunciados no puede considerarse “una conducta reprochable en el ámbito militar”.
El tire y afloje se expandió también a la justicia civil, con fallos favorables a los demandantes y en contra del Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea.
A raíz de las sentencias de la Justicia, tanto la civil como la militar, los involucrados resolvieron también demandar al ministerio y a la fuerza por “daños y perjuicios”.
González, abogado de los demandantes, dice que ve lo ocurrido con los ascensos como una nueva “represalia” al camino seguido por sus representados. Entre los demás ascensos incluidos en la resolución está otro integrante del grupo de demandantes, pero en ese caso -según sus versiones- ya estuvo un año con el ascenso frenado.
Los demandantes entienden que, ante sus insistentes reclamos, han sido “castigados” con cambios de destino, repeticiones en su grado que frenaron su carrera y penalizaciones en sus calificaciones, por ejemplo, debido al hecho de ser enviados a Justicia Militar.
Ahora, ante los fallos favorables, algunos de ellos evalúan pedir la “restitución de carrera”, para que se les reconozcan mejores condiciones en su legajo.
Desde el mando de la Fuerza Aérea han negado las acusaciones de “persecuciones” en la interna militar.
De todos modos, este es un nuevo episodio de una guerra fría que todavía no ha terminado.
