El escándalo que salpica a la AFA tiene ribetes que comprometen la situación de un funcionario de peso del Gobierno. Se trata de Alejandro Díaz, titular de la Sigen desde el año pasado, que desde un cargo en AFA firmó parte de esos balances irregulares que posteriormente mandó a investigar a nivel interno la Inspección General de Justicia.
Pero también tiene relación directa con el caso que derivó en la salida de Demian Reidel de Nucleoeléctrica, en febrero pasado, que se dio en medio de denuncias internas por contratos con presuntos sobreprecios. El actual jefe de Sigen, hasta el momento de asumir en ese cargo, en julio pasado, se desempeñaba como auditor en la empresa de energía, señalada por una licitación sospechosa para un servicio de limpieza en dos centrales nucleares.
Díaz mantiene una relación de larga data con la entidad del fútbol argentino, ya que antes de asumir en el órgano de control, hace diez meses, ocupaba la presidencia de la Comisión Fiscalizadora de AFA y, aunque pidió licencia al asumir en el Gobierno, nunca formalizó su desvinculación.
Cuando a principios de año la Inspección General de Justicia (IGJ) puso la mira en balances y documentación contable de varios ejercicios de la asociación, el rol pasado de Díaz empezó a tomar relevancia.
Parte de los balances que investiga el organismo, con inconsistencias estimadas en US$ 450 millones, fueron aprobados durante el período en el que Díaz encabezaba el órgano encargado de supervisar las cuentas de la entidad.
Desde hace meses se reclama que Díaz abandone su relación con AFA, sobre todo a partir de pedidos que hizo la Coalición Cívica. Desde el Gobierno, en tanto, lo despegan de la conducción política de Claudio «Chiqui» Tapia y su tesorero, Pablo Toviggino.
Sostienen que su tarea dentro de la AFA siempre tuvo un perfil técnico y remarcan que su participación en la entidad es previa al actual esquema de poder. También aseguran que nunca integró la mesa política de decisiones de la conducción. A la fecha, en el sitio oficial de la AFA, Díaz figura como presidente de la comisión fiscalizadora.
El tema, no obstante, genera incomodidad ya que fue el Gobierno el que cruzó a la AFA desde finales de 2025, apuntando contra Tapia y Toviggino de manera directa a través de organismos oficiales como ARCA, e incluso desde lo discursivo. La discusión sobre la implementación, o no, de las SAD en el fútbol, también agitaron el debate, que en el último tiempo, no obstante, se fue apagando.
En paralelo a su función en AFA, fue funcionario nacional, primero en Nucleoeléctrica, empresa que ha quedado bajo la mira por diferentes irregularidades y desde hace 10 meses como jefe de Sigen.
La decisión de poner veedores en AFA
En marzo, el Gobierno designó veedores para supervisar la situación de AFA durante un plazo de 180 días. Tras un cambio que hubo a mediados de abril, quien se convirtió en el segundo veedor fue un hombre de Juan Bautista Mahiques, el ministro de Justicia.
Es Diego Coste, quien hasta el momento se desempeñaba como presidente del Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados de Mar del Plata, puesto al que accedió por concurso, y en abril de 2025 fundó el estudio Moriondo & Coste Abogados, con sede en Mar del Plata.
Hasta el momento se desempeñaba como presidente del Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados de Mar del Plata, puesto al que accedió por concurso, y en abril de 2025 fundó el estudio Moriondo & Coste Abogados, con sede en Mar del Plata.
Al llegar Mahiques al Ministerio, se removieron los funcionarios de las principales áreas de esa cartera, entre otros el titular de la IGJ, Roque Daniel Vítolo, quien instruía la investigación contra la AFA por los balances presentados de manera irregular. En cambio, Díaz, que trabaja bajo la órbita del Ejecutivo y depende de Presidencia, sigue en el cargo.
