Como ciudadanos sabemos que uno de nuestros derechos fundamentales es el acceso a la educación pública y gratuita.

Por María Candela Aires

Se habla muchas veces que el acceso a la educación es algo básico, indiscutible y que toda persona debería poder educarse en una escuela.

Pero en la realidad, muchas veces este derecho no suele ser respetado, me refiero especialmente al acceso de las personas con discapacidad a la educación.

Si bien existen las escuelas de educación especial que atienden las necesidades particulares de los niños y niñas, según el tipo de apoyo que requieran, también es una realidad que en la actualidad se promueve que los estudiantes con discapacidad asistan a las escuelas convencionales.

No por un capricho, sino porque los jóvenes con ciertas ayudas, por ejemplo la digitalización de textos (en el caso de personas con discapacidad visual), la figura de la maestra integradora (en estudiantes con discapacidad intelectual, por ejemplo), contar con un intérprete de lengua de señas (en el caso de jóvenes sordos) pueden estudiar en igualdad de condiciones como sus compañeros.

Es fundamental que las escuelas convencionales, el Ministerio de Educación y el Consejo Escolar, entre otros espacios académicos, sean capacitados en perspectiva de discapacidad porque muchas veces, ante el desconocimiento, se suele discriminar a las personas con discapacidad.

Por mencionar casos conocidos, los padres que niños y niñas con autismo, por ejemplo, suelen lidiar con la burocracia de las escuelas y muchas veces no pueden anotar a sus hijos porque no se les permite el acceso.

Y estas situaciones lamentables ocurren en la actualidad por la falta de empatía y principalmente el desconocimiento de la discapacidad.

Por eso, es necesario que desde el gobierno nacional, provincial y municipal se empiece a trabajar seriamente en una capacitación en perspectiva de discapacidad, para que no se vulnere el derecho a la educación de niños y niñas.