DR. LUCIANO TUMINI
El violento episodio ocurrido el pasado lunes por la mañana en el Colegio San José, donde un estudiante de sexto año agredió a un profesor durante una clase de Música, ha generado una profunda conmoción en la comunidad educativa de Tandil. El docente sufrió una fractura de mandíbula producto de un golpe y debió ser internado.
A raíz de la denuncia penal efectuada por la víctima, el caso tomará una vía judicial poco frecuente. Para desentramar las posibles consecuencias legales, el abogado Luciano Tumini brindó un exhaustivo análisis en una entrevista realizada en Radio Voz, detallando las responsabilidades del menor, de su familia y de la propia institución educativa.
Un escenario inusual y las múltiples responsabilidades
En diálogo con Radio Voz, Tumini destacó en primer lugar la rareza de que un conflicto de esta naturaleza en un ámbito escolar escale a los fueros penales. «Siempre que se han dado estas situaciones ha sido principalmente respecto de padres con docentes, pero no de alumnos», explicó el letrado, catalogando el hecho como «absolutamente desafortunado» y producto de una «reacción desmedida» por parte del joven.
El caso, que ya despertó el repudio del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) y motivó una movilización de docentes autoconvocados en la Plaza Independencia, abre ahora dos grandes frentes legales: el civil y el penal.
En cuanto a la vía civil, el abogado hizo hincapié en el rol del establecimiento educativo y de la familia. Respecto a la escuela, subrayó que será «materia de prueba en donde se va a analizar si la institución cumplió justamente con los protocolos o los requerimientos que le exige la normativa». Esto implica evaluar los antecedentes del alumno para «ver si hubo algún acompañamiento psicopedagógico o psicológico» previo que pudiera haber evitado el hecho.
Por otro lado, la familia del agresor también enfrenta consecuencias económicas, ya que, al tratarse de un menor, «los responsables civiles son los progenitores», quienes deberán responder por los daños y lesiones causados al docente.
Asimismo, durante la entrevista se aclaró un detalle surgido de los videos viralizados en redes sociales, donde se observa a un alumno arrojando una silla en medio del descontrol áulico. Se confirmó que el estudiante que arrojó el mobiliario no es el mismo que le propinó la trompada al profesor.
El régimen penal juvenil y el futuro del agresor
Uno de los puntos de mayor interés abordados por Tumini en Radio Voz fue la situación penal del alumno agresor, quien está próximo a cumplir la mayoría de edad. Desestimando el rumor de que el entrenamiento del joven como boxeador amateur pudiera ser un agravante -ya que esto solo aplica a adultos-, el abogado precisó que el delito oscilará entre «lesiones leves o lesiones graves, dependiendo si la recuperación del docente insume más o menos de 30 días para estar de forma normal y habitual».
Si bien el abogado inicialmente supuso que se trataría de lesiones leves, el posterior diagnóstico de fractura maxilar del docente podría alterar la calificación.
Independientemente de la gravedad de la lesión, el menor deberá rendir cuentas. Tumini fue categórico al recordar que, a partir de una reciente modificación normativa, «todo menor de entre 14 y 18 años resulta responsable de sus acciones y es imputable». Sin embargo, aclaró que el sistema prevé beneficios, ya que «la escala penal se disminuye en la mitad del máximo y un tercio del mínimo».
El penalista llevó tranquilidad sobre el destino inmediato del joven, asegurando que en un hecho de estas características «nunca prácticamente va a ir un menor a ser privado de la libertad», reservando esa medida extrema para delitos gravísimos como homicidios o secuestros. En cambio, el proceso buscará «medidas alternativas de adaptación y de acompañamiento», centradas primordialmente en «la reparación de la víctima», la imposición de reglas de conducta, tareas comunitarias y apoyo psicológico.
Incluso si el joven cumple 18 años durante el proceso, «sigue como menor» ante la ley para esta causa, aunque si eventualmente se dispusiera una medida de encierro, cumpliría su régimen en una unidad penal de mayores. Además, sobre el tratamiento psicológico, Tomini advirtió que el colegio -que como primera medida suspendió al estudiante- no tiene potestad para imponerlo: «Ninguno lo puede obligar al menor si no es por una orden judicial».
El foco en la víctima
Por último, el abogado dedicó un espacio al profesor agredido, señalando que la ley hace especial hincapié en los derechos y la contención legal y psicológica de la víctima. La reincorporación del docente a sus funciones parece lejana, no solo por el daño físico, sino por las secuelas emocionales. «Yo entiendo que va a tener licencia y no se reincorporará por lo menos en este ciclo activo, principalmente por el daño psicológico que a uno le puede llegar a quedar y el temor a que vuelva a ocurrir lo mismo o hasta a las represalias», concluyó Tomini en los micrófonos de Radio Voz.
