El gobernador Axel Kicillof oficializó el cierre definitivo del convenio que la provincia de Buenos Aires mantenía con el Estado nacional para administrar las compensaciones tarifarias al transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La medida quedó plasmada en el Decreto 875/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial bonaerense, y consolida la decisión de la Provincia de asumir plenamente el control del sistema de subsidios para las líneas de jurisdicción provincial y municipal.
Aunque el Gobierno bonaerense presenta la decisión como la conclusión administrativa de un acuerdo que ya había cumplido su objetivo, el decreto tiene una fuerte lectura política. Se trata de otro paso en el proceso de autonomía que la gestión de Kicillof comenzó a construir frente a la administración de Javier Milei, en medio de una disputa por la distribución de recursos, el financiamiento del transporte y el reparto de fondos nacionales.
El convenio había sido firmado en diciembre de 2018, luego del Consenso Fiscal alcanzado entre la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. A través de ese mecanismo, el entonces Ministerio de Transporte de la Nación calculaba mensualmente las compensaciones tarifarias que debían percibir las empresas de transporte, mientras que la Provincia distribuía esos fondos entre las prestatarias que operaban en el territorio bonaerense.
Ese esquema se mantuvo vigente durante más de siete años y fue prorrogado en diez oportunidades mediante distintas adendas. La última extensión llevó su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025, cuando comenzó a modificarse el sistema de financiamiento del transporte bonaerense.
El punto de inflexión llegó con la creación, mediante el Decreto 3231/25, del Régimen de Compensaciones Tarifarias para el Transporte Automotor de Pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires, un sistema diseñado por la Provincia para reemplazar el mecanismo de asistencia técnica que hasta entonces brindaba la Nación. Según sostiene el decreto, esa decisión volvió «innecesaria» la continuidad del convenio firmado en 2018.
Con la aprobación del Acta de Cierre, firmada el 7 de marzo de este año, ambas administraciones declararon cumplidas todas las obligaciones derivadas del convenio y dieron por finalizada la cooperación institucional para el cálculo, liquidación y distribución de los subsidios al transporte, así como las tareas vinculadas al régimen de Atributo Social de la tarjeta SUBE y las compensaciones por gasoil diferencial.
La decisión se inscribe en un escenario de permanente tensión entre la Casa Rosada y la administración bonaerense. Desde la llegada de Milei al Gobierno nacional, Kicillof denunció en reiteradas oportunidades la reducción de transferencias nacionales, el recorte de subsidios y la eliminación de distintos mecanismos de financiamiento para las provincias, especialmente en áreas sensibles como el transporte y la obra pública.
En ese contexto, el cierre del convenio trasciende el plano administrativo. El decreto oficializa que la Provincia ya no necesita la intervención técnica del Estado nacional para determinar y distribuir las compensaciones destinadas a las empresas de transporte bajo su jurisdicción, consolidando un modelo de gestión propio en una de las áreas donde más se profundizó el conflicto entre ambos gobiernos.
Más allá de que el convenio había perdido operatividad desde la implementación del nuevo régimen provincial, su cierre definitivo representa un gesto político que reafirma la estrategia del Gobierno bonaerense de administrar con herramientas propias un sistema que históricamente dependió de la articulación con la Nación. En plena disputa por los recursos federales, la decisión suma un nuevo capítulo al enfrentamiento entre Kicillof y Milei por el control del financiamiento del transporte en el AMBA.
FUENTE: LA TECLA
