El plan del gobierno de Javier Milei para permitir el ingreso de dólares sin exigir la procedencia del dinero genera inquietud entre expertos en delitos financieros, jueces y exfuncionarios. Denuncian que la medida habilitaría el lavado de activos provenientes del narcotráfico y otras actividades ilícitas, y volvería a exponer al país a sanciones internacionales por falta de controles.
La posibilidad de eliminar los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) despierta críticas contundentes. “Si una persona llega a una inmobiliaria con una bolsa de dólares, el profesional está obligado a reportarlo. Si eso se elimina, se cae el sistema entero”, explicó un magistrado de los tribunales federales. En la misma línea, José Sbatella, exjefe de la UIF, recordó que “salir de la lista gris del GAFI fue una batalla titánica. Volver a ella implicaría ser vistos como un paraíso fiscal por el crimen organizado”.
Sbatella también remarcó que permitir la entrada de dinero sin control representa una amenaza no solo para la legalidad, sino también para la economía formal. “El dinero ilegal tiene costo cero. Entra y arrasa con el mercado legal, compra poder y lo transforma en influencia política y judicial. Es el mismo camino que siguió Pablo Escobar en Colombia”, sostuvo.
El exministro de Seguridad santafesino Marcelo Saín advirtió que muchas operaciones inmobiliarias en ciudades como Rosario podrían formar parte de una red de lavado. Señaló que lo fundamental es identificar primero a las organizaciones criminales, porque si luego se les permite blanquear su capital sin pedir explicaciones, se termina perdiendo una prueba esencial en un juicio penal.
Casos como el del exsenador Edgardo Kueider, detenido en Paraguay con 250 mil dólares sin declarar, ilustran el uso del sistema inmobiliario para tratar de “limpiar” dinero irregular. Las compras de departamentos en Entre Ríos y otros lugares que realizó con ese efectivo hoy son parte de las pruebas en su contra.
La Hidrovía también figura entre los puntos de alerta. Carlos Cruz, quien dirigió la UIF en la gestión anterior, subrayó que esa vía concentra un fuerte movimiento de contrabando, especialmente de drogas, aceites y alimentos. “El ingreso irrestricto de dólares multiplicará el daño a la economía real. Afecta precios, abastecimiento y empleo”, advirtió.
Por otro lado, organizaciones criminales como el Primer Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) ya tienen presencia en territorio argentino, con propiedades detectadas incluso en barrios cerrados como Nordelta. Una política de blanqueo sin controles podría facilitar aún más su expansión.
Finalmente, los jueces remarcan que esta medida no solo choca con la legislación argentina, sino también con compromisos internacionales. “No se puede derogar una obligación legal con una simple resolución de la UIF o del Banco Central. Las normas penales solo pueden modificarse por ley”, señalaron desde Comodoro Py.
La desesperación del Ejecutivo por captar divisas no debería justificar, afirman los especialistas, una apertura total a fondos que provienen de economías criminales. El riesgo no solo es legal: es que el país quede a merced del narcotráfico, del contrabando y de las mafias internacionales.
