El concejal por La Libertad Avanza de Bragado, Germán Díaz, vuelve a quedar en el centro de la escena pública tras los allanamientos concretados en su vivienda de la localidad de Eduardo O’Brien. El procedimiento judicial suma un nuevo antecedente en las causas vinculadas a la plantación de cannabis que involucran al edil libertario.
En abril de 2024, tras un primer operativo policial realizado en una propiedad rural vinculada a su entorno familiar, Díaz otorgó una entrevista en Radio Fiesta Bragado en la que detalló el origen de la causa y argumentó la legalidad de la actividad que se desarrollaba en el lugar.
En aquella oportunidad, la intervención de la Policía de Bragado y la División de Tráfico de Drogas Ilícitas de Chivilcoy se desencadenó a partir de una denuncia anónima efectuada contra el predio. Díaz aclaró que el inmueble allanado no era de su propiedad ni constituía su domicilio legal —pertenecía a su ex pareja—, aunque reconoció el vínculo familiar con el espacio.
Asimismo, el concejal remarcó que la investigación no estaba dirigida hacia su persona y que no figuraba imputado ni mencionado en las actas ni en el expediente judicial. Las autoridades constataron en el lugar la presencia de la documentación respaldatoria, por lo que el operativo arrojó resultado negativo respecto de la comisión de delitos.
Durante las declaraciones brindadas en 2024, Díaz y su abogado asesor, el Dr. Piero Liebedman, explicaron el marco normativo sobre el que operaba el establecimiento. Indicaron que el emprendimiento funcionaba bajo la categoría de criadero, inscrito en el marco de la Ley Nacional de Semillas ante el Instituto Nacional de la Semilla (INASE).
Explicaron que la iniciativa estaba orientada al desarrollo de ensayos genéticos, investigación de cepas y producción de semillas para uso medicinal e industrial, sin realizar comercialización ni distribución directa a usuarios finales. El edil fundamentó su vínculo con el cultivo en su profesión de terapeuta en medicina natural y tradicional china, sumado al trabajo articulado con la Asociación Civil Rincón del Duende en materia de promoción de la salud.
Aquel episodio de 2024, presentado en su momento como una actuación policial derivada del desconocimiento normativo ante una denuncia anónima, reaparece hoy como un antecedente directo frente a las nuevas medidas judiciales que vuelven a poner el foco sobre la vivienda del concejal en O’Brien.
