Cuatro personas fueron imputadas por presunta venta de cocaína y cannabis en Chos Malal. El juez rechazó la prisión preventiva y la Fiscalía pidió revisar la decisión.
Cuatro personas fueron imputadas por presunta comercialización de cocaína y cannabis en Chos Malal, luego de una serie de allanamientos en viviendas y locales comerciales donde se secuestraron drogas, dinero en efectivo, armas, municiones y elementos vinculados con la actividad investigada.
La fiscal del caso, Natalia Rivera, solicitó que los acusados permanezcan en prisión preventiva. Sin embargo, el juez de Garantías Eduardo Egea rechazó el pedido y dispuso su libertad, con prohibiciones de acercamiento y contacto con determinados testigos durante cuatro meses.
Frente a esa resolución, la Fiscalía pidió que la decisión sea revisada. Para eso, deberá convocarse a una nueva audiencia ante un tribunal integrado por tres jueces o juezas de Garantías.
Cómo habría funcionado la presunta red de venta de drogas
Durante la audiencia de formulación de cargos, realizada el viernes por la noche, Rivera sostuvo que las cuatro personas habrían actuado de manera coordinada, con funciones diferenciadas para comercializar estupefacientes en la localidad.
Según la acusación, la actividad se habría desarrollado al menos entre el 16 de julio y el 8 de octubre de 2026.
La Fiscalía identificó a los imputados por sus iniciales: A.A.A., I.M.N., P.K.S. y L.A.F. De acuerdo con la hipótesis de la investigación, A.A.A. habría sido quien proveía las sustancias y daba instrucciones sobre su pesaje, fraccionamiento y posterior comercialización.
Los otros tres acusados habrían tenido distintos roles relacionados con la tenencia y venta de drogas, además de movimientos de dinero mediante billeteras virtuales.
A los cuatro se les atribuyó el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en calidad de coautores. En el caso de A.A.A., también se formuló una imputación por tenencia ilegal de un arma de fuego de uso civil.
Qué encontraron en los allanamientos
Los procedimientos se realizaron en tres domicilios y dos locales comerciales de Chos Malal, señalados en el marco de la investigación por presunta venta de drogas.
Según la información del Ministerio Público Fiscal de Neuquén, en una de las viviendas se encontraron 81,6 gramos de cocaína compactada. En otro domicilio se secuestraron 185 gramos de cannabis, además de otras cantidades de estupefacientes.
Los investigadores también incautaron balanzas de precisión, dinero en efectivo, armas, municiones y otros elementos que, según la Fiscalía, estarían vinculados con la comercialización de las sustancias.
Los cuatro sospechosos habían quedado detenidos después de los allanamientos. Posteriormente, el juez de Garantías avaló la formulación de cargos, pero rechazó el pedido de prisión preventiva.
Por qué la Fiscalía pidió revisar la decisión
Al fundamentar el pedido de prisión preventiva, Rivera señaló que existían riesgos para el avance de la investigación. Entre ellos, mencionó la posibilidad de que los imputados accedieran de manera remota a información almacenada en dispositivos electrónicos secuestrados.
También planteó la necesidad de entrevistar a personas que podrían aportar datos relevantes y aludió a testigos cuya identidad debe mantenerse bajo reserva.
El juez Egea consideró que no correspondía ordenar las detenciones preventivas, aunque dispuso medidas para resguardar la investigación. En concreto, estableció prohibiciones de acercamiento y contacto con dos testigos identificados durante un plazo de cuatro meses.
La Fiscalía cuestionó el rechazo de las prisiones preventivas y solicitó una revisión ante un tribunal de tres jueces o juezas de Garantías. Esa nueva audiencia deberá definir si se modifica o se mantiene la decisión adoptada.
Prorrogaron la clausura de una vivienda y autorizaron embargos
En la misma audiencia, el juez prorrogó por dos meses la clausura de la vivienda de A.A.A., señalada como uno de los lugares que se habrían utilizado para la venta de estupefacientes.
La Fiscalía también había solicitado extender la clausura de un local comercial ubicado en el mismo predio, pero ese pedido fue rechazado.
Además, se autorizó el embargo de fondos depositados en billeteras virtuales de los imputados, con excepción de L.A.F. En ese caso, el magistrado consideró que no se habían presentado elementos suficientes para justificar la medida.
La investigación continuará para determinar las responsabilidades de cada uno de los acusados y establecer si las pruebas reunidas permiten sostener la hipótesis de comercialización organizada de drogas en Chos Malal.
