La economía mundial sufre por la guerra en Irán. El barril de crudo cotiza en torno a los 105 dólares, muy cerca de los 110 dólares que el Fondo Monetario Internacional (FMI) puso hace dos semanas, en su último informe de Perspectivas Económicas Mundiales (WEO, en sus siglas en inglés), como el piso desde el cual podría gestarse una recesión económica mundial. Todo dependerá de la magnitud y la duración del conflicto, por supuesto, pero las consecuencias negativas ya tensionan al máximo las economías en todo el globo, principalmente por la subida de la inflación, producto de la disparada de los precios de los hidrocarburos.
Los principales países de América Latina han respondido de formas diversas al nuevo escenario: desde subsidios extraordinarios en Brasil y bajadas de impuestos en México, hasta el traslado de toda la presión al bolsillo de los ciudadanos, como en Chile. Un paneo regional permite vislumbrar la complejidad de la crisis y los esfuerzos —o no— de los gobiernos por mitigarlas.
México: menos impuestos y acuerdos con las gasolineras
Desde la tortilla hasta el chile, pasando por el jitomate, la subida de los energéticos ha impactado de lleno en la mesa de los mexicanos. La inflación, aunque moderó su avance en la primera mitad de abril, se ubicó en 4,53% anual, frente al 3,96% del mismo periodo del año pasado.
El Gobierno de Claudia Sheinbaum busca aliviar la presión sobre los precios mediante dos mecanismos paralelos: un sacrificio en la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para contener el alza de los combustibles y un acuerdo con gasolineros para mantener anclados los precios, aunque los empresarios han señalado que esta estrategia ha empezado a pesar sobre sus ganancias. Para las finanzas públicas también ha representado un costo creciente: 5.000 millones de pesos (287 millones de dólares) que el erario deja de percibir cada semana, ha dicho Sheinbaum.
Si bien los estímulos fiscales y las negociaciones con los gremios funcionan como un amortiguador, no logran contener del todo los ajustes. Solo en la primera quincena de abril, el jitomate se encareció 24,37% y el chile serrano 21,94%, ambos con gran incidencia en la cesta general y fundamentales para la rica culinaria mexicana.
Brasil: ayudas al diésel, el gas y las aerolíneas por 1.900 millones de dólares
Luiz Inácio Lula da Silva firmó los primeros decretos presidenciales para paliar el impacto de la guerra en el bolsillo de los brasileños 12 días después de que Estados Unidos e Israel empezaran a bombardear Irán, cuando quedó claro que no sería una operación relámpago. Aquel 12 de marzo, Lula aprobó una subvención y la reducción de impuestos al diésel, usado por conductores y por los tractores del agro, y un gravamen extra a la exportación de petróleo para evitar cualquier desabastecimiento.
“Estamos haciendo ingeniería económica para evitar que los efectos de la irresponsabilidad de las guerras lleguen al pueblo”, proclamó el presidente Lula. Y prometió: “Haremos todo lo posible.”
El 6 de abril, Lula amplió las ayudas con un paquete de 9.500 millones de reales (1.900 millones de dólares) para contener los efectos en la inflación. El estrecho de Ormuz seguía cerrado de hecho —reduciendo el suministro mundial de petróleo y fertilizantes—, las negociaciones para un alto el fuego ni habían comenzado y Brasil tiene elecciones en unos meses.
El subsidio federal al diésel aumentó (medida a la que los estados se sumaron), los impuestos al biodiésel fueron eliminados y se subvencionó el gas de cocina importado para igualar su precio al de producción nacional. También se aprobaron créditos para las aerolíneas y reducción del gravamen al queroseno de aviación, además de un impuesto extra al tabaco para compensar la pérdida de recaudación.
Como la guerra se alarga, Brasil planea aumentar en mayo la proporción de metanol que mezcla con la gasolina. Otro paso para reducir la dependencia del combustible importado. Las ayudas, vigentes por dos meses, pueden ser prorrogadas otros dos meses.
Argentina: un sacrificio a la ortodoxia libertaria
El presidente de Argentina, Javier Milei, no ha dejado pasar ninguna oportunidad para escenificar su apoyo al ataque de EE UU e Israel contra Irán. Pero la suba global del precio de los combustibles llega en el peor momento posible para el presidente, cuando los sondeos de opinión advierten sobre un creciente malestar social en Argentina y una marcada merma en la popularidad del ajuste ultraliberal aplicado por el Gobierno.
Si el gran logro de gestión fue la desaceleración de la inflación, ese resultado está en cuestión desde que, en mayo del año pasado, el índice de precios al consumidor comenzó a aumentar hasta acumular hoy 10 meses consecutivos en ascenso: en marzo llegó al 3,4% mensual y al 32,6% interanual. El incremento de los hidrocarburos le dio un nuevo impulso a la inflación en el país, en un contexto de ajuste fiscal, apretón monetario, caída del consumo, de los salarios, del empleo y la recaudación.
Para intentar moderar el impacto en los precios, el Gobierno de Milei decidió relegar los principios ultraliberales del presidente. Después de que las naftas registraran alzas superiores al 20% en el primer trimestre del año, la petrolera estatal YPF resolvió congelar desde el 1 de abril y por 45 días los precios de los diferentes combustibles. La mayoría de las compañías del sector tomó medidas similares.
En un país tan diverso como Argentina, el aumento de la cotización de los hidrocarburos tiene un efecto disímil que varía regionalmente. Las finanzas se ven favorecidas en las provincias productoras de petróleo y gas, sobre todo en la Patagonia (sur) y la región cuyana (oeste): especialmente Neuquén, sede del yacimiento de crudo no convencional Vaca Muerta. En contraste, los distritos más afectados son aquellos en los que la utilización de combustibles es intensiva para la producción agropecuaria e industrial, como las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Allí es donde se concentra la mayor parte de la población del país.
Colombia: regreso de los subsidios e impacto limitado
En Colombia, país productor de petróleo que, sin embargo, debe importar parte de la gasolina procesada por limitaciones en su capacidad de refinamiento, el impacto del crudo sobre la inflación en los últimos meses ha sido escaso. Si bien el país registra un repunte en el alza de precios —que cerró en marzo en un 5,56% interanual—, el debate interno apunta más bien al abultado aumento del salario mínimo decretado por el Gobierno a finales de 2024.
Con todo, el Estado colombiano ha subsidiado por años el precio de la gasolina, lo que ha generado un hueco fiscal significativo. El Gobierno de Gustavo Petro cerró paulatinamente esa brecha, pero en febrero intentó dar un paso en dirección contraria: redujo el precio del combustible para recrear un pequeño subsidio. Tuvo que revertir la decisión apenas un mes después. Fue, en cualquier caso, un ajuste menor, con impacto limitado tanto en lo económico como en lo político.
Chile: disparada de precios “histórica” en los surtidores
La Administración de José Antonio Kast se fijó entre sus prioridades un radical ajuste fiscal y, bajo el lema de un Gobierno de emergencia y una crítica profunda a las finanzas públicas heredadas de Gabriel Boric, decidió no financiar el aumento internacional del precio del petróleo. Por ello, los chilenos han debido asumir directamente esta alza que ha sido catalogada de “histórica”.
Chile contaba con un mecanismo de estabilización vigente desde 2014, para contener los precios y que no impactara de lleno en los bolsillos de los chilenos, pero no se echó a andar. Los consumidores, por lo tanto, han debido costear el alza, principalmente de gasolina y diésel, porque el Ejecutivo subvenciona la parafina (indispensable en época de invierno para las familias con menos dinero), entrega un bono de 112 dólares al mes a los taxis, colectivos y al transporte de escolares (que los beneficiados catalogan de insuficiente) y, además, el congelamiento de precios en el transporte público.
Pero en un país como Chile, donde buena parte de los bienes de consumo se transportan vía terrestre, el alza del transporte de carga pesada ha impactado directamente en las finanzas de los hogares. La inflación mensual se ubicó en un 1% en marzo —el alza se concretó el día 26—, por sobre las expectativas de los especialistas. Pero el dato de abril, que se conocerá a comienzos de mayo, debería llegar al 1,4%, según los analistas.
Esta decisión sobre el precio del combustible le ha costado a Kast una caída en su popularidad, cuando cumple 40 días en el poder. Pasó de un 57% a un 42% de respaldo, según la encuestadora Cadem, y la desaprobación subió 16 puntos, de un 34% a un 50%. Los chilenos, además, están más pesimistas sobre su situación económica personal y el Banco Central ha recortado las proyecciones de crecimiento para 2026. Todo mientras el Gobierno presenta una megarreforma con énfasis en la rebaja de impuestos a las empresas.
Eyanir Chinea (México); Naiara Galarraga Gortázar (São Paulo); Rocío Montes (Santiago de Chile); Javier Lorca (Buenos Aires); Juan Esteban Lewin (Bogotá)
