Productores y cooperativas de la cadena yerbatera de Misiones formalizaron este viernes 10 de abril dos presentaciones judiciales ante el Juzgado Federal de Posadas con un objetivo central: reestablecer la plena vigencia del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y frenar el impacto de las modificaciones impulsadas por el Gobierno nacional.
Las acciones incluyen una demanda para que se declare la inconstitucionalidad de artículos clave del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 70/2023, junto a una medida cautelar que busca suspender de manera inmediata sus efectos.
Días pasados, los dirigentes se habían reunido con el gobernador misinero, Hugo Passalacqua, le había dado el respaldo provincial a las presentaciones judiciales.
Acción judicial contra el DNU 70/2023
El primer planteo solicita que se declare la “inconstitucionalidad, nulidad absoluta e insanable e inaplicabilidad” de los artículos 164 al 168 del DNU 70/2023, al considerar que modifican de manera sustancial el régimen institucional previsto por la Ley 25.564, que dio origen al INYM.
Según argumentaron los demandantes, estas modificaciones alteran la naturaleza del organismo, que históricamente funcionó como un ámbito de concertación entre los distintos actores del sector yerbatero.
El abogado patrocinante, José Federico Padolsky, sostuvo que las reformas implican “un cambio de naturaleza jurídica en la institución, pasando de un órgano de concertación a un apéndice de la industria”.
Medida cautelar para frenar efectos inmediatos
En paralelo, se presentó una medida cautelar de carácter innovativo que solicita la suspensión urgente de los efectos del DNU, con el argumento de evitar la profundización de daños sobre el sector productivo.
El planteo también incluye la suspensión del Decreto N° 812/2025, que reglamenta y profundiza los cambios introducidos por el DNU, y de la Resolución N° 152/2025 del INYM, vinculada a la reestructuración interna del organismo y la desvinculación de personal técnico.
Los productores advierten que estas medidas forman parte de un proceso de “desmantelamiento institucional” que impacta directamente en la capacidad operativa del Instituto.
Argumentos: impacto económico y pérdida de herramientas
En el escrito presentado ante la Justicia, se sostiene que el DNU elimina instrumentos regulatorios esenciales para garantizar la sustentabilidad de la producción primaria.
Entre los puntos cuestionados se destacan:
La supresión de mecanismos de concertación sectorial
La eliminación de herramientas de intervención estatal
El debilitamiento del rol del INYM
Según los demandantes, esto genera una “afectación actual y directa” sobre los derechos de productores y trabajadores, además de profundizar un proceso de descapitalización económica en el sector.
