El exfiscal de Guatemala, Juan Francisco Solórzano Foppa, fue asesinado dos días después de haber publicado en su cuenta de X un video de poco más de tres minutos en el que acusaba que “mercenarios de la CIA”, con el apoyo del Ejército guatemalteco, había realizado una incursión armada el 27 de septiembre en Huité, Zacapa, donde murieron ocho personas. ´
El abogado fue ultimado a balazos la mañana del sábado 17 de octubre en el complejo deportivo Campo Marte, en la zona 5 de Ciudad de Guatemala, mientras jugaba futbol.
En entrevista a MILENIO, Aníbal Argüello Mayen, exanalista de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, calificó el asesinato como “crónica de una muerte anunciada” y aseguró que el exfiscal acumuló muchos enemigos por su forma de ejercer la justicia.
Argüello fue detenido junto a Solórzano Foppa en 2021. Ambos fueron considerados presos políticos tras ser acusados de cometer irregularidades en las actas de creación del Partido Ambientalista Guatemalteco.
Puesto de fiscal causa disputa en Guatemala
En el país centroamericano se vive una fuerte disputa política luego de la salida, en mayo de 2026, de la fiscal general Consuelo Porras, a quien la Unión Europea sancionó por presuntamente socavar la democracia.
La acusación de Solórzano Foppa no ha sido comprobada y ninguna autoridad ha informado de un vínculo entre el video y el ataque. En el hecho también murió Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, de 54 años, alcanzado por una bala perdida, de acuerdo con las autoridades.
Esto dijo el exfiscal
La matanza de Huité y la ropa tipo militar
En Huité, unos 20 hombres armados y vestidos con ropa de tipo militar entraron el 27 de septiembre, según informes de la Policía Nacional Civil (PNC) de Zacapa, tras la pista de Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza, El Haroldito, requerido por la justicia de Estados Unidos por narcotráfico.
El Ministerio Público procesó cuatro escenas con ocho personas muertas y recogió 77 indicios balísticos.
El Ministerio de la Defensa negó al principio que el Ejército participara. Después confirmó que los vehículos militares de los videos eran suyos, relevó al jefe del Estado Mayor y al comandante de la Segunda Brigada de Infantería, y puso a 107 soldados a disposición del Ministerio Público.
Para sustentar su acusación, Solórzano Foppa afirmó en el video que hubo al menos dos helicópteros y que no se registraron capturas. El 30 de septiembre, Bernardo Arévalo informó que la Embajada de Estados Unidos le comunicó que ninguna agencia o entidad de ese país participó en los hechos.
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, informó que Solórzano Foppa tenía un esquema de seguridad desde 2010 por su trabajo como fiscal contra la pandilla Barrio 18, que según el ministro culminó en la condena de su líder, Aldo Ochoa Mejía, El Lobo, y que no constaban denuncias suyas por amenazas recientes.
La PNC detuvo minutos después del ataque a los hermanos Rigoberto y Daniel Zaqueo Choc Toz, de 30 y 18 años, con una carabina y una motocicleta.
Villeda precisó que son sospechosos, por lo cual, su responsabilidad debe esclarecerse con las pruebas, y señaló que Rigoberto perteneció al Ejército entre febrero de 2017 y febrero de 2019.
Ambos niegan haber participado y la PNC indicó que no tienen antecedentes.
Solórzano Foppa dirigió entre 2013 y 2016 la Dirección de Análisis Criminal del Ministerio Público, desde donde elaboró los organigramas que permitieron destapar La Línea, la red de defraudación aduanera que en 2015 llevó a la renuncia y a la cárcel al presidente Otto Pérez Molina y a la vicepresidenta Roxana Baldetti.
Como jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria, entre 2016 y 2018, la entidad, el Ministerio Público y la CICIG informaron en mayo de 2016 que Aceros de Guatemala pagó 782.9 millones de quetzales, unos 100 millones de dólares, en la que se considera la mayor multa fiscal de la historia del país. En 2017 reveló que su propia madre tenía impuestos atrasados.
Procesos penales contra Solórzano Foppa
Tras salir de la función pública enfrentó procesos penales. En el de 2021, por irregularidades en el acta de un partido, denunció una “criminalización” promovida desde el Estado.
Un informe de un inspector de la PNC señaló que agentes de la Dirección General de Inteligencia Civil participaron en su captura, aunque el artículo 7 de la ley de esa dependencia le impide intervenir en investigaciones de casos con proceso judicial iniciado.
En 2023 aceptó cargos y fue condenado a dos años de prisión conmutables en ese caso y en otro por su defensa del periodista José Rubén Zamora, con inhabilitación de cinco años para ejercer la abogacía.
Era nieto de Alaíde Foppa, poeta y feminista que vivió en México y desapareció en Guatemala en diciembre de 1980. El 3 de diciembre de 2024, Arévalo encabezó el acto en el que el Estado pidió disculpas públicas por esa desaparición.
Repudio enérgicamente el cobarde asesinato del exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa. Sus autores, materiales e intelectuales, deben pagar las consecuencias con todo el peso de la ley: todas las instituciones públicas deben cooperar para que este crimen se castigue. Instruí a…
— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) October 17, 2026
El sábado pasado, en la red social X, Bernardo Arévalo repudió el “cobarde asesinato” del exfiscal, exigió que sus autores materiales e intelectuales respondan ante la ley y afirmó que quienes creen intimidar al país con el terror se equivocan. También instruyó a instituciones del Ejecutivo a coordinarse con las autoridades competentes para esclarecer el crimen.
El Ministerio Público informa sobre el ataque armado ocurrido en el complejo deportivo Campo Marte, ubicado en la zona 5 de la ciudad de Guatemala, en el que perdieron la vida Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro.
La institución ha asumido la dirección… pic.twitter.com/tNBbLmY5FI
— MP de Guatemala (@MPguatemala) October 17, 2026
El Ministerio Público, que dirige el fiscal general Gabriel García Luna, informó en un comunicado que asumió la dirección de la investigación del doble homicidio, que examinará todas las hipótesis razonables para establecer el móvil e individualizar a todos los participantes, y que sus diligencias se rigen por el respeto a la dignidad de las víctimas y el derecho de sus familiares a la verdad y la justicia.
El comunicado no precisa cuáles son esas hipótesis.
RM
