Más de 46 mil guatemaltecos fueron retornados entre enero y agosto de 2026, casi 15 mil más que en el mismo periodo del año pasado, según cifras oficiales.
Las deportaciones de ciudadanos guatemaltecos desde Estados Unidos y México registraron un incremento de 47.5 por ciento durante los primeros ocho meses de 2026, de acuerdo con cifras del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM).
Entre enero y agosto de este año, un total de 46 mil 194 guatemaltecos fueron retornados desde ambos países, frente a los 31 mil 309 registrados durante el mismo periodo de 2025. La diferencia representa 14 mil 885 personas más deportadas en un año.
Julio y agosto concentraron el mayor número de retornos durante 2026, con 7 mil 463 y 6 mil 951 guatemaltecos deportados, respectivamente, de acuerdo con los registros de las autoridades migratorias guatemaltecas.
Los datos también muestran una concentración importante de los retornados en departamentos fronterizos con México. Huehuetenango registró 8 mil 996 personas retornadas, mientras que San Marcos contabilizó 6 mil 630.
Del total registrado hasta agosto, 40 mil 842 corresponden a hombres adultos, 4 mil 230 a mujeres adultas y mil 122 a menores de edad, según la información oficial.
Durante todo 2025, Estados Unidos y México retornaron a Guatemala a 55 mil 276 migrantes, una cifra que ya fue superada en poco más de ocho meses si se mantiene el ritmo registrado durante 2026. En contraste, durante 2024 fueron contabilizados 76 mil 768 retornos.
El aumento de las deportaciones ocurre mientras miles de guatemaltecos continúan intentando llegar a Estados Unidos en busca de mejores condiciones económicas y oportunidades laborales, pese a los riesgos que implica la ruta migratoria.
De acuerdo con estimaciones de la Cancillería guatemalteca, alrededor de 3.6 millones de guatemaltecos viven en Estados Unidos, una parte importante de ellos en condición migratoria irregular.
El incremento de los retornos representa un nuevo desafío para Guatemala, tanto por la reintegración de miles de personas como por la necesidad de atender las causas económicas y sociales que mantienen vigente el flujo migratorio hacia el norte.
