Avanza la creación del Fuero Laboral en CABA: reparto de poder entre empresarios, PRO y sindicatos peronistas

La reciente conformación del fuero laboral en la Ciudad de Buenos Aires, tras el traspaso de competencias desde Nación, revela el verdadero trasfondo de las negociaciones políticas y los intereses que se reparten el control de la justicia que debería defender a quienes trabajan. Aunque el Congreso ya aprobó el convenio, todo el andamiaje institucional todavía está a medio hacer: falta la ratificación de la Legislatura porteña y el tratamiento para ampliar el fuero, pero el reparto de cargos ya está definido.

Vale recordar que, cuando se aprobó el traspaso del fuero laboral de la Nación a la Ciudad, gremios, magistrados y la oposición —incluido el peronismo— denunciaban y enfrentaron con grandes movilizaciones la medida por poner en riesgo 1.700 puestos de trabajo, debilitaba la especialización del fuero y buscaba «blindar» los cambios laborales ante futuros reclamos judiciales. Hoy, en pleno período de rosca, cada sector consigue su tajada y esa denuncia —que motorizó varias movilizaciones importantes— dejó de importar.

Te puede interesar: Traspaso de la justicia laboral a CABA: de qué se trata

El reparto de cargos avanza en la Legislatura

El Consejo de la Magistratura de CABA envió a la Legislatura los pliegos de los jueces y juezas para cubrir los cargos de la futura Justicia Laboral porteña. Estos pliegos se negocian a espaldas de todos y llegarán al recinto para su aprobación durante el segundo semestre. Se trata de un nuevo paso hacia la puesta en marcha del fuero propio, mientras en paralelo se debate en el Parlamento un proyecto de Jorge Macri que propone ampliar la estructura.
Los nombramientos deberán pasar primero por la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control, a cargo del legislador porteño de Fuerza Buenos Aires, Matías Lammens. Pese a estar en minoría, el PRO contaría con los acuerdos necesarios para avanzar en la aprobación de los nombramientos.

En la Legislatura porteña, el PRO no tiene los votos garantizados para aprobar el pliego soñado por Jorge Macri. Por eso necesita la «buena voluntad» de sus ex socios de Juntos por el Cambio y, en particular, los votos de la principal bancada legislativa, Fuerza Buenos Aires, el bloque peronista. Inmerso en sus propias internas, el sector de Lammens, Santoro y Santa María se aprestó para esta rosca. Sin este «acuerdo», peligraría el conjunto de los nombramientos del nuevo fuero laboral.

Te puede interesar: El tablero político en la Ciudad: disputas y alianzas

Lejos quedaron denuncias como la de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN-CGT), que advertía que «bajo la consigna engañosa de la ’modernización’ laboral, primero se procura debilitar los derechos sustantivos, luego se intenta consumar el proceso con el cierre de la Justicia Nacional del Trabajo, afectando gravemente el sistema institucional de tutela que garantiza su efectiva protección».

Quiénes se reparten los cargos

La lista de jueces y camaristas muestra cómo el PRO y sus aliados históricos, el peronismo, sectores sindicales y el poder empresario se reparten el control del flamante fuero.

El PRO mete fichas propias, como Horacio Pitrau, ligado a la gestión Macri, y Gabriela Fernández, del riñón de Graciela Ocaña. El sindicalismo peronista tampoco se queda afuera: aporta a Silvia Gutiérrez Garay, abogada del SUTERH de Santa María —uno de los hombres fuertes del PJ porteño—, y a Mariana Mansilla, vinculada a SUTECBA, el gremio más poderoso del peronismo en la Ciudad. Los empresarios, por su parte, logran colar a figuras que defendieron a grandes empresas, como Agustina Bergonzelli, y a exfuncionarios de la AFIP, como Sebastián Luis Caset. Estos son solo algunos de los 21 nombres que integran este «acuerdo».

Así, la nueva justicia laboral nace atada a una lógica de «negociado» entre la familia judicial, el empresariado, el macrismo y la burocracia sindical, bajo el discurso oficial de combatir la «industria del juicio» y reducir la litigiosidad. Pero la realidad es que se busca garantizar un fuero funcional a los intereses patronales y al disciplinamiento de quienes pelean por sus derechos en la Ciudad. No es casualidad que Jorge Macri ya proyecte ampliarla hasta 80 juzgados, 10 salas de Cámara y una treintena de jueces de alzada. Todo, claro, bajo el control de quienes siempre caen parados.

«El sueño húmedo de Macri»: su propia justicia a favor de los empresarios

El traspaso de la justicia laboral a la órbita porteña fue denunciado por Myriam Bregman como moneda de cambio entre LLA y el PRO de Jorge Macri.

«Metieron entre gallos y medianoche una transferencia de características constitucionales, que no tiene que ir por ningún modo en una ley laboral. No tiene nada que ver y es inconstitucional lo que están haciendo. Los ’reyes’ del ajuste fiscal, del ’no hay plata’: esto es la transacción con el PRO de Macri, ¿cuánto nos va a salir el caprichito de Macri? Porque este es el sueño húmedo de Mauricio Macri: hace años que está esperando por esto», denunció la diputada del PTS-FIT.

Así lo denunciaba en febrero de este año la diputada Myriam Bregman en el Congreso

Hoy es el propio peronismo el que acuerda los pliegos de los primeros 21 candidatos y candidatas a desempeñarse como magistrados en los juzgados de Primera Instancia y en la Cámara de Apelaciones, garantizándole así ese «sueño» a Macri. Sin el aporte del peronismo el pliego se caería y el sueño macrista se desvanacería.

Una justicia con antecedentes

La experiencia reciente en la justicia porteña deja claro su intención sumando hoy el fuero laboral de la Nación. Los tribunales de la Ciudad han sido cuna de persecución sindical y disciplinamiento, como lo denunciamos desde La Izquierda Diario y el PTS en los casos contra los trabajadores y trabajadoras del subte, donde se usaron causas penales para intentar frenar la organización y la lucha sindical. La «casta judicial amiga de Jorge Macri» es la garantía de que los reclamos obreros chocarán con la misma pared, mientras se acelera la criminalización de la protesta y se traban las causas presentadas por las y los trabajadores contra las empresas.

Te puede interesar: Estado de alerta: Macri denuncia penalmente a casi 200 trabajadores del subte por ejercer el derecho a huelga

Una máquina de disciplinamiento

Esta es la justicia laboral que nace en la Ciudad: una máquina para garantizar negocios y disciplinar a la clase trabajadora, disfrazada de autonomía y eficiencia. Una vez más, los de arriba —de todos los colores políticos— se reparten el poder para seguir defendiendo los intereses patronales y castigar a quienes luchan.
Frente a este escenario, la respuesta solo puede venir de la organización, la unidad y la lucha de quienes no tienen nada que negociar con los que siempre se quedan con todo. No hay manera de reformar el Poder Judicial —y mucho menos negociando carguitos— sino acabando con sus privilegios y liquidando su poder como casta.

Te puede interesar: Legislatura CABA: debilidad PRO, internas al aire libre y una oportunidad de resistencia al ajuste macrista

La primera medida elemental debería ser denunciar la rosca e imponer la elección de jueces y fiscales de manera directa por voto popular, para terminar con los «favores» entre jueces, funcionarios políticos y empresariado. Junto con esto, es necesario que los mandatos también sean revocables por voto popular. ¿Es un camino fácil? No. Pero nada bueno puede salir de una justicia digitada y negociada por quienes buscan imponernos una reforma laboral esclavista y perseguirnos por el simple hecho de reclamar nuestros derechos.

Te puede interesar: Una casta para una clase: por qué el Poder Judicial no es la Justicia