La Cámara de Diputados dio un paso clave al dictaminar un proyecto para tipificar la intrusión rural y endurecer las sanciones ante los destrozos a la producción y la hacienda. La iniciativa, respaldada por entidades como CARBAP, busca ofrecer un marco legal firme frente a la inseguridad en el campo, una problemática que golpea de lleno a General Rodríguez a través del preocupante esquema delictivo de robo y faena clandestina de caballos
La Cámara de Diputados de la Nación logró dictamen de mayoría en las comisiones de Legislación Penal y de Agricultura y Ganadería para avanzar con la reforma del Código Penal, incorporando figuras específicas destinadas a sancionar el vandalismo rural. La iniciativa parlamentaria, impulsada originalmente por los diputados del PRO Martín Ardohaín y Laura Rodríguez Machado, reunió la adhesión de La Libertad Avanza y bloques aliados. Su propósito central es proteger a los productores, a las familias rurales y al conjunto de bienes e infraestructuras indispensables para la actividad agropecuaria.
El proyecto introduce cambios estructurales en la legislación vigente. En primer término, establece que el ingreso no autorizado a establecimientos rurales delimitados por alambrados, tranqueras, vallas o carteles dejará de ser una simple contravención para convertirse en un delito penal, con sanciones que van desde un mes hasta un año de prisión.
Por otro lado, la propuesta regula la figura del «daño agravado», estipulando penas de 2 a 8 años de cárcel y multas de hasta 12 veces el valor del daño causado. Esta categoría penal contempla la destrucción o inutilización de cultivos, ganado, silobolsas, sistemas de riego, paneles solares, bombas, alambrados, tranqueras y silos. Desde la Fundación Barbechando enfatizaron que el impacto de estos ataques no debe calcularse únicamente por el costo de reposición del bien, sino por el perjuicio directo sobre el funcionamiento integral del sistema productivo, el cual enfrenta vulnerabilidades añadidas por las grandes distancias, el mal estado de los caminos y la baja cobertura de comunicaciones.
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) celebró el avance parlamentario y reclamó la pronta sanción en el recinto. En un comunicado, la entidad remarcó: “Se trata de un paso importante frente a una problemática que afecta desde hace años a productores de todo el país (…) El combate contra el vandalismo rural no tiene partido político. Garantizar la seguridad de quienes viven y trabajan en el campo y brindar herramientas para prevenir y sancionar hechos delictivos debe ser una responsabilidad compartida por todos».
En el ámbito provincial, el diputado bonaerense Luciano Bugallo (Coalición Cívica) también respaldó la medida nacional, vinculándola con sus presentaciones contra la caza furtiva en la Legislatura bonaerense. “Hace tiempo venimos advirtiendo que cuando las personas ingresan sin autorización a un establecimiento rural, muchas veces de noche, armadas, en vehículos y organizadas, ya no estamos hablando solamente de caza furtiva: estamos hablando de inseguridad rural y de violación de la propiedad privada”, aseveró Bugallo, agregando que “el campo no es tierra de nadie: es propiedad privada, trabajo, producción y sobre todo, es el hogar de miles de familias”.
El drama local del robo y faena clandestina de caballos
Para General Rodríguez, la eventual aprobación de esta norma toca de cerca una de las modalidades más crueles del delito rural. Nuestro distrito, junto con partidos linderos como Pilar, Moreno, Marcos Paz, Las Heras, Cañuelas y San Vicente, integra el mapa crítico del robo y faena clandestina de equinos. Esta red de cuatrerismo no solo golpea a pequeños y medianos productores, sino también a centros de equinoterapia y reconocidos establecimientos hípicos y de polo de la zona.
En declaraciones al programa Contame La Posta (La Posta TV), Ariel Corse, referente de la ONG Asociación Contra el Maltrato Animal (ACMA), describió la gravedad que cobró el fenómeno en el corredor Oeste: “Tuvimos que meternos de lleno en este tema porque es insostenible el incremento de estos hechos en los últimos dos años”. Corse explicó que la dinámica delictiva mutó del abigeato tradicional hacia organizaciones criminales complejas: “No estamos hablando más de abigeato, sino de asociaciones ilícitas porque aquí hay un equipo de gente trabajando”. Según precisó, se registran casos donde sustraen varios ejemplares en un mismo operativo (incluso a importantes poleros) para faenarlos en cuestión de horas y volcar la carne al circuito ilegal.
Leé también: Gral. Rodríguez, en el mapa de las «zonas calientes» del robo y faena clandestina de caballos
Un obstáculo central en la región reside en la lentitud de los procesos judiciales frente a la velocidad de la faena y la escasez de recursos técnicos o personal especializado en las dependencias para investigar este tipo de ilícitos. Ante este escenario, la ONG ACMA y las entidades rurales insisten en la imperiosa necesidad de crear fiscalías temáticas en delitos rurales, incorporar tecnología como drones para patrullaje nocturno y coordinar controles bromatológicos estrictos en carnicerías para cortar la cadena de comercialización ilegal. Asimismo, remarcan el pedido hacia los vecinos para radicar las denuncias formales en la Policía o la Fiscalía y evitar que los hechos queden circunscritos a meros reclamos en redes sociales.
