La política de «orden» del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha multiplicado los desalojos, las confiscaciones a vendedores ambulantes y los operativos policiales en barrios populares. Las autoridades defienden estas actuaciones como medidas de seguridad y protección de la propiedad, mientras que organismos públicos, sindicatos y representantes de la Iglesia alertan de su impacto sobre la población vulnerable.
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presidido por Jorge Macri, ha situado el control del espacio público entre sus principales prioridades. Desde diciembre de 2023, la administración porteña asegura haber recuperado unas novecientas propiedades ocupadas, valoradas en más de 450 millones de dólares.
La política alcanza también a vendedores ambulantes, personas sin hogar y habitantes de las llamadas villas, los asentamientos populares de la capital argentina. Un reportaje de Daniel Gutman para IPS documenta confiscaciones de mercancías, retirada de colchones y pertenencias y despliegues policiales con armas largas en estos barrios.
Jorge Macri presenta estas intervenciones como una división entre «la gente honesta, de bien» y quienes «eligen vivir al margen de las normas». Sin embargo, organizaciones sociales y religiosas sostienen que ese discurso identifica pobreza con delincuencia y traslada a las personas afectadas la responsabilidad de su exclusión.
El conflicto se desarrolla en una ciudad gobernada por Propuesta Republicana, el partido de Macri, y no por La Libertad Avanza, la formación del presidente argentino Javier Milei. No obstante, las organizaciones críticas observan coincidencias entre ambas administraciones en el lenguaje sobre seguridad, propiedad privada y control social.
Los desalojos en Buenos Aires afectan a miles de personas
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio Público de la Defensa analizaron las actuaciones llevadas a cabo entre 2024 y marzo de 2026.
Según su informe conjunto, durante ese periodo fueron desalojadas 4482 personas, entre ellas 1409 niñas, niños y adolescentes. El documento señala que en 2025 el número de actuaciones aumentó un veintiséis por ciento respecto al año anterior.
Además, la naturaleza de los procedimientos cambió. En 2024, el 98 por ciento de los desalojos se produjo por orden judicial. Durante los dos primeros meses de 2026, en cambio, los desalojos administrativos impulsados directamente por el Ejecutivo porteño alcanzaron el 58 por ciento del total. Las clausuras administrativas representaron el 52 por ciento.
Los dos organismos advierten que la respuesta habitacional ofrecida a las familias resulta insuficiente y que las actuaciones afectan especialmente a personas que ya se encontraban en situación de vulnerabilidad.
En junio, un juzgado de lo Contencioso Administrativo suspendió cautelarmente los desalojos, clausuras materiales y tapiados de viviendas efectuados por riesgo edilicio. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que recurriría la resolución y mantendría su política de recuperación de inmuebles.
Representantes de las personas afectadas sostienen que la invocación del riesgo estructural no siempre se aplica de manera coherente. Pepe Peralta, secretario adjunto de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma en la capital, explicó a IPS que en algunos edificios se desaloja una planta mientras permanecen ocupadas las restantes.
Confiscaciones a vendedores ambulantes
La presión sobre el comercio callejero constituye otro de los ejes de la política municipal. Las autoridades afirman haber liberado sesenta y ocho kilómetros de calles ocupadas por manteros en zonas como Once, Flores, Liniers, Retiro, Constitución y Parque Patricios.
Las organizaciones que asesoran a trabajadores informales denuncian, sin embargo, que los operativos también afectan a personas que venden flores, alimentos, velas u otros artículos de escaso valor para subsistir.
Alejo Caivano, abogado de la Defensoría de los Laburantes, afirmó a IPS que los agentes exigen en ocasiones autorizaciones imposibles de obtener y que la resistencia a una confiscación puede terminar en detención.
«La ideología detrás de esto es que quien sale a pelear por su subsistencia es un delincuente», señaló Caivano.
La organización relata el caso de una persona a la que fueron confiscados diez paquetes de velas junto a la iglesia de San Expedito, cerca de la estación de Once. También recoge testimonios de comerciantes ambulantes que han comenzado a trabajar ocultándose de la policía.
La CTA reclama una regulación que permita a estos trabajadores desarrollar su actividad y tributar, en lugar de perder las mercancías de las que depende su sustento. «No admitimos que se les confisque la mercadería y se los multe, porque los están empujando más al vacío», declaró Peralta.
«Tormenta Negra», el despliegue policial en las villas
El mayor operativo se produjo el catorce de mayo bajo la denominación «Tormenta Negra». Más de 1500 efectivos y agentes de seis áreas municipales intervinieron simultáneamente en quince villas y barrios populares.
El dispositivo incluyó controles de personas y vehículos, inspecciones comerciales, retirada de asentamientos improvisados y participación de unidades antidroga, drones, helicópteros y equipos antibombas.
La comunicación oficial presentó el operativo como una actuación destinada a «proteger el estilo de vida» de Buenos Aires. El balance posterior del Gobierno porteño fue de veintisiete detenidos, drogas confiscadas y cinco puntos de venta de estupefacientes clausurados.
La denominación y el despliegue suscitaron críticas de la Iglesia católica. El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, respondió durante una misa en el barrio Padre Mugica que «Tormenta Negra se llama cuando el Estado se retira» y cuando los jóvenes carecen de oportunidades.
Lorenzo «Toto» de Vedia, sacerdote de la parroquia Virgen de los Milagros de Caacupé, declaró a IPS que los controles han afectado a vendedores ambulantes y a comedores improvisados. A su juicio, el discurso institucional no solo relaciona pobreza y delincuencia, sino que presenta a las personas pobres como responsables de su situación.
La indigencia aumenta en la capital argentina
Los operativos coinciden con un deterioro de algunos indicadores sociales. Según el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la pobreza afectaba en el primer trimestre de 2026 al 21,1 por ciento de la población, unas 651.000 personas.
La indigencia alcanzaba al 8,9 por ciento, equivalente a unas 274.000 personas, frente al 6,2 por ciento del mismo trimestre de 2025. El organismo estadístico también detectó un deterioro de las condiciones de vida de los hogares más vulnerables y una reducción de los sectores medios.
Estos datos enmarcan el debate sobre el alcance de las políticas de «ley y orden». Mientras el Ejecutivo municipal las presenta como una respuesta frente a la delincuencia, las entidades sociales cuestionan que se utilicen instrumentos policiales y administrativos para afrontar problemas de vivienda, pobreza y trabajo informal.
- Pie de foto: El jefe de gobierno (alcalde) de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, difundió esta foto el 14 de mayo, en la que se muestra encabezando personalmente un operativo policial de corte cinematográfico en asentamientos precarios (conocidos como «villas»), que fue repudiado como estigmatizante por la Iglesia católica y organizaciones sociales. Imagen: La Caba
