La senadora libertaria y exministra de Seguridad apuntó contra el gobernador Insfrán. El fallo condenó a los comunicadores a “cinco días de arresto”.
La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, tomó distancia del presidente Javier Milei al referirse a la condena de cuatro integrantes de un equipo periodístico que realizaron entrevistas y filmaciones en una comunidad originaria de Formosa y sostuvo que “la libertad de prensa se respeta”, al cuestionar al gobernador Gildo Insfrán.
“En Formosa, hacer periodismo puede costarte cinco días de arresto. Para sorpresa de nadie y crítica de pocos, Insfrán cree que la provincia y los formoseños le pertenecen. ¿Pedir permiso para hablar con ciudadanos? ¿Qué clase de libertad y democracia hay en Formosa? La libertad de prensa se respeta. Y a los feudalismos dictatoriales les queda poco”, publicó Bullrich en su cuenta de X.
Milei celebró el viernes la sentencia dictada por el Juzgado de Paz de Menor Cuantía de Las Lomitas contra a la cronista Micaela Urdinez, el camarógrafo Lautaro Martín Guillamondegui, el sonidista Joaquín Rajadel y el director audiovisual Javier Federico Corbalán a «cinco días de arresto», pena que puede ser sustituida por una multa de 282.550 pesos para cada uno.
En su mensaje publicado en la red social, el jefe de Estado arremetió duramente contra los profesionales del medio y el periodismo en general, a quienes calificó de “basuras inmundas con micrófono”, al tiempo que afirmó que trabajan para “hacerle el juego a los corruptos de la alta política y sus amiguitos golpistas”. El Presidente cerró su posteo con la expresión “CIAO!”.
La sentencia, identificada como N° 351/2026 y dictada por el juez Omar Padilla, consideró que los periodistas infringieron el artículo 73 del Código de Faltas de Formosa al desarrollar una actividad sin la autorización previa exigida y por carecer de un carnet para ejercer el periodismo.
El episodio se originó durante una cobertura realizada en septiembre de 2025 por el equipo de “Hambre de Futuro”, un proyecto de La Nación, en la comunidad originaria San José, ubicada en la zona de Las Lomitas. Los comunicadores habían viajado para realizar entrevistas y registrar las condiciones de vida de la comunidad.
Durante aquella cobertura, los integrantes del equipo fueron interceptados por efectivos policiales y trasladados a una dependencia, donde permanecieron alrededor de dos horas mientras eran notificados de una denuncia. Según la reconstrucción, la presentación había sido realizada por el cacique de la comunidad, Guillermo López, quien posteriormente manifestó que desconocía el contenido del documento que había firmado.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) rechazaron la resolución judicial y cuestionaron que se haya sancionado a los periodistas por el ejercicio de su actividad profesional.
ADEPA sostuvo que en Argentina no se requiere una licencia, matrícula ni autorización estatal para ejercer el periodismo, mientras que FOPEA advirtió sobre la criminalización de la labor informativa.
Agencia NA
