Se trata del Decreto 514/2021, que permitía compatibilizar el trabajo rural registrado con las asignaciones sociales. Reclamaron al Ministerio de Capital Humano una extensión.
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La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) advirtió sobre el vencimiento de un decreto que incentiva a los trabajadores rurales a ingresar al mercado formal. La norma, que caducó el 1° de septiembre, involucra unos 120.000 puestos. «Hasta el momento, el Gobierno nacional no ha respondido ni ha dispuesto su extensión», aseguraron.
Según comunicó el sindicato, el secretario general José Voytenco emitió un reclamo formal la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, solicitando de manera urgente la prórroga del Decreto 514/2021, que establece un régimen de compatibilidad entre el trabajo rural registrado temporario o permanente discontinuo con asignaciones sociales, como la Asignación Universal por Hijo, el Potenciar Trabajo y otros programas sociales o de empleabilidad dispuestos por provincias y municipios.
El decreto se emitió en el 2021 y pretendía mantener en el ámbito formal a trabajadores rurales estacionales, que se vuelven sustanciales en economías regionales que precisan mano de obra intensiva, como la fruticultura, la vitivinicultura, la zafra azucarera y la cosecha de tabaco. Se estima que esta modalidad representa cerca del 70% del empleo rural.
Comunicado de la UATRE
El comunicado emitido por la UATRE plantea que «la experiencia de los últimos años demostró que este mecanismo es fundamental: permite que el trabajador rural acceda a un empleo registrado durante las campañas agrícolas sin perder automáticamente la red de contención de la que depende su grupo familiar». «Su discontinuidad genera el efecto contrario al que se busca: desalienta la formalización, dificulta la cobertura de trabajo local y afecta directamente a las economías regionales», continúa.
«La UATRE denuncia la negligencia del Estado al no considerar el impacto de esta decisión sobre toda la cadena productiva: los trabajadores y sus familias, los empleadores del sector agropecuario y la producción general. Las políticas sociales no deben convertirse en una barrera para el acceso al trabajo registrado, sino en una herramienta que acompañe la transición hacia el empleo formal y brinde previsibilidad a trabajadores, productores y comunidades», sostuvo el gremio.
En su comunicado, finalmente plantearon que «la promoción del trabajo registrado y la protección social de los trabajadores rurales contribuyen al fortalecimiento de las economías regionales, al desarrollo de sus capacidades productivas y exportadoras, y a la sostenibilidad de las próximas campañas agrícolas».
