Por Maíl Galo
La relación entre el Gobierno Nacional y las universidades públicas atraviesa su momento de mayor fricción. En las últimas horas, el Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, envió una fuerte intimación a los rectores de las casas de altos estudios nacionales para que informen las medidas que tomarán para garantizar el dictado de clases ante la ola de paros gremiales que afecta al sistema.
Desde la cartera oficial manifestaron una «extrema preocupación» por lo que consideran una «suspensión total» de las actividades, definiendo a los estudiantes como «víctimas» de las medidas de fuerza. Sin embargo, la respuesta desde el ámbito académico no se hizo esperar, profundizando una grieta que parece no tener retorno antes de la gran movilización prevista para mediados de mayo.
El reclamo oficial: Operatividad o desfinanciamiento
La movida de Capital Humano no es solo administrativa, sino profundamente política. El Gobierno exige a las universidades la presentación de un «plan de contingencia» y modalidades alternativas para recuperar los días perdidos. El argumento central del oficialismo es que el sostenimiento financiero por parte del Estado exige, como contrapartida, que el sistema sea operativo.
Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, fue más allá y calificó a la conducción universitaria como una «burocracia política» cuyo único objetivo sería «derrocar al gobierno». Según el funcionario, el conflicto no es presupuestario sino ideológico, una narrativa que el Ejecutivo viene sosteniendo para justificar el ajuste en el sector.
La respuesta de la UBA: «No hay derecho a la educación sin presupuesto»
Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, salió al cruce con ironía y firmeza. «Celebramos que el Ministerio de Capital Humano reconozca que no se está garantizando el derecho a la educación», disparó, señalando que el verdadero responsable de la parálisis es el propio Gobierno por incumplir la Ley de Financiamiento Universitario.
Para las autoridades de la UBA, la intimación oficial es un intento de desviar la atención del problema de fondo: la falta de fondos para salarios y funcionamiento básico. «La garantía del derecho a enseñar y aprender requiere, como condición indispensable, el financiamiento del Estado», subrayó Yacobitti, ratificando que la comunidad universitaria se prepara para una demostración de fuerza masiva en las calles.
Mayo: Un mes clave en la Ciudad
Este conflicto impacta directamente en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires, donde la actividad universitaria moldea gran parte de la dinámica social y económica. El 12 de mayo se realizará la cuarta Marcha Federal Universitaria, un evento que promete ser multitudinario y que pondrá a prueba la capacidad de resistencia del Gobierno frente a un sector que, históricamente, goza de una alta valoración positiva en la clase media argentina.
Por ahora, el diálogo está roto y las intimaciones judiciales o administrativas solo parecen echar más leña al fuego de un conflicto que ya no solo se juega en las aulas, sino en el centro de la escena política nacional.
