Luego de la seguidilla de amenazas a escuelas tras la masacre de San Cristóbal, varias provincias comenzaron a sancionar a los padres de los alumnos que las realizan. El Gobierno de Santa Fe es uno de los que comenzó a trasladar el costo de los operativos policiales a las familias de los responsables. En las últimas horas se viralizó la reacción de uno de los padres, al enterarse que tendrá que pagar más de 6 millones de pesos.
«Cara la jodita», dice el hombre, en un video del operativo que se viralizó en las últimas horas. Se trata de la primera intimación que se entrega en la provincia.
La filmación dura menos de un minuto y se escucha como una oficial le lee la sanción y el monto que deberá pagar. El monto exacto es de $ 6.024.944.
El hombre, sorprendido, solo responde en dos oportunidades con la misma frase: «Cara la jodita». En la notificación le indican que debe hacer el pago en un plazo impostergable de cinco días hábiles.
La medida forma parte de una estrategia oficial para frenar un fenómeno que creció en las últimas semanas, con más de 400 denuncias registradas en todo el territorio provincial y al menos 73 personas identificadas. La gran mayoría, cerca del 95%, son adolescentes.
Según explicaron desde el Ministerio de Justicia y Seguridad, cada intervención policial tiene un costo que ronda entre los 5 y 6 millones de pesos, aunque puede superar los $11 millones dependiendo del despliegue.
“Vamos a recuperar peso por peso”, advirtieron desde el Gobierno provincial, al tiempo que remarcaron que estos operativos implican desviar efectivos y patrulleros que deberían estar destinados a la prevención del delito.
La avanzada oficial se produce en paralelo con la investigación penal que lleva adelante el Ministerio Público de la Acusación, que busca determinar responsabilidades individuales según la edad y el grado de participación. En paralelo, se realizaron allanamientos y requisas en distintos puntos de la provincia para identificar a los autores.
El fenómeno de las amenazas se disparó tras el impacto del tiroteo ocurrido en marzo en una escuela de San Cristóbal, que dejó un adolescente muerto y varios heridos.
En ese escenario, la provincia apuesta a endurecer las consecuencias para desalentar nuevas intimidaciones. Según datos oficiales, tras los anuncios de sanciones comenzó a registrarse una baja en la cantidad de casos diarios, lo que para las autoridades confirma que el impacto económico puede funcionar como un freno.
Mientras tanto, el mensaje oficial se mantiene: no habrá tolerancia frente a las amenazas y las familias deberán hacerse cargo de los costos de lo que, para el Gobierno, dejó de ser una “broma” para convertirse en un problema de seguridad pública.
En paralelo, el Gobierno provincial destacó que en los últimos días comenzó a registrarse una baja en la cantidad de amenazas, un dato que atribuyen directamente a la combinación de sanciones económicas y avance de causas penales. Según fuentes oficiales, el esquema de cobro de operativos y la identificación de responsables generaron un “efecto disuasivo” que empezó a impactar en la curva de denuncias.
Además, remarcaron que la estrategia no se limita al aspecto punitivo: el abordaje incluye el seguimiento de los casos desde el sistema judicial y acciones coordinadas con áreas educativas y sociales para prevenir nuevas situaciones.
En ese marco, el Ejecutivo insiste en que la respuesta debe ser integral, pero con un mensaje claro: las amenazas son delitos y tendrán consecuencias concretas tanto en el plano penal como económico.
D.D.
