La audiencia de control de acusación contra la corredora de bolsa Sara Goldring continúa este viernes, luego de haber sido postergada el 15 de mayo por nuevos problemas de salud de la imputada. En esta instancia, se espera que finalice la discusión sobre la prueba ofrecida por Fiscalía y que los representantes de las víctimas comiencen a introducir evidencia que consideran clave para el eventual juicio oral.
La corredora comparecerá a través de una pantalla por motivos médicos, tal como lo hizo en la primera audiencia de control de detención, que llegó a ser postergada tres veces por sus problemas de salud.
Goldring, de 76 años, fue acusada por la Fiscalía de Lavado de Activos, a cargo de Enrique Rodríguez, por apropiación indebida. El fiscal pidió la pena máxima prevista para ese delito: cuatro años de penitenciaría.
La defensa de la imputada sostiene que no existió una maniobra delictiva, sino pérdidas derivadas de inversiones de riesgo y de la caída de los mercados.
La audiencia de control de acusación es una etapa previa al juicio en la que las partes discuten qué prueba será admitida para el debate oral.
En el caso que involucra a Goldring, Fiscalía y las víctimas buscan probar que las pérdidas sufridas por cientos de clientes no fueron únicamente consecuencia de una mala evolución del mercado, sino de una operativa irregular que incluyó ocultamiento de información, manejo indebido de fondos y saldos que no reflejaban la realidad de las cuentas.
Según pudo saber El País, parte de la evidencia que intentarán introducir los representantes de las víctimas está vinculada a declaraciones de clientes, correos electrónicos, estados de cuenta y documentación sobre fondos administrados en la operativa de Goldring.
Uno de los puntos que buscarán acreditar refiere a los perfiles de riesgo de los clientes. Fuentes del caso dijeron a El País que se presentarán correos electrónicos en los que se solicitaba a estos que actualizaran su perfil de inversión.
En algunos casos, según la documentación que se pretende incorporar, se les pedía que enviaran formularios firmados en blanco para que luego fueran completados. En otros, se les indicaba que debían pasar a un perfil agresivo para poder operar.
La defensa de Goldring, a cargo de Gonzalo Fernández y Marcelo Domínguez, ha sostenido que varios clientes tenían perfiles de inversión agresivos y que conocían los riesgos de la operativa, por lo que no habría existido maniobra delictiva.
Según los denunciantes, la documentación mostraría que esos perfiles fueron modificados o presentados de forma funcional a la estrategia de la corredora.
Otro bloque de prueba apunta a los estados de cuenta que recibían los clientes. Según los denunciantes, algunos inversores veían saldos positivos o posiciones aparentemente líquidas, pero cuando la Liga de Defensa Comercial (Lideco) avanzó en la liquidación de las sociedades vinculadas a Goldring, constató que ese dinero no existía. En varios casos, los bienes habrían sido pasados a efectivo bajo el argumento de proteger las inversiones por la volatilidad generada tras el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania.
También se espera que se incorporen elementos sobre clientes que veían en sus estados de cuenta que el put —una de las posiciones utilizadas en la operativa— figuraba en cero, cuando en realidad mantenían deudas. Para los representantes de las víctimas, ese tipo de información será clave para intentar demostrar que los clientes no conocían la verdadera situación de sus inversiones.
Otro aspecto que se espera discutir refiere al fondo SCGCM, creado por Goldring. Los denunciantes pretenden presentar documentación que mostraría que ese fondo tenía una valuación adulterada.
En la previa de la audiencia, El País consultó a los abogados Eduardo Sasson y Pablo Donnángelo, quienes representan a un grupo de damnificados. Aseguraron que «efectivamente» presentarán prueba “coadyuvando con la Fiscalía”, aunque prefirieron omitir detalles hasta después de la audiencia.
Los tres frentes de Goldring
El caso Goldring tiene actualmente tres frentes abiertos. El primero es el administrativo-concursal, vinculado a la intervención del Banco Central del Uruguay y al rol de Lideco en la liquidación de las sociedades Custodia de Valores Mobiliarios —CVM— Corredor de Bolsa S.A. y United Brokers Agente de Valores S.A.
El segundo es el proceso penal, en el que Fiscalía ya presentó acusación y pidió cuatro años de penitenciaría.
El tercero es el frente civil y patrimonial, por el que los damnificados buscan recuperar parte del dinero perdido.
En paralelo, sigue pendiente la posibilidad de un Acuerdo Privado de Reorganización, por el que Goldring ofreció pagar el 60% de los créditos reconocidos en el proceso de liquidación. Para que el acuerdo prospere se requiere la adhesión de una mayoría especial de acreedores, algo que hasta ahora no se logró.
La defensa de la imputada comunicó que la propuesta dejará de estar disponible cuando finalice la etapa de control de acusación.
