El Gobierno tenía el lunes un problema derivado de la crisis de Ceuta. Hoy tiene dos. El problema mayor era que, pasados 25 días tras la entrada en Ceuta de unos ochenta mil inmigrantes irregulares procedentes de Marruecos, se generalizaba la sensación de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no había actuado este agosto con diligencia, que arrastraba los pies, puesto que unos ocho mil seguían vagando por la ciudad autónoma. El problema que ayer afloró fue que dos de sus ministros más relevantes, tanto por el peso de sus departamentos como por su larga trayectoria al servicio del Estado y como por su perfil político, dieron versiones enfrentadas sobre uno de los puntos más delicados de este episodio: el conocimiento que tenía, o no tenía, el Gobierno sobre la entrada de inmigrantes en las horas previas a que se produjera.
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