El gobierno colombiano autorizó el lunes un protocolo para practicar la eutanasia a unos 80 hipopótamos, en un nuevo intento por controlar la reproducción de estos mamíferos que descienden de los ejemplares introducidos de forma ilegal al país por el capo de la droga Pablo Escobar en la década de 1980.
Se trata de una medida que se discutió por años en el país y que generó rechazo especialmente en la comunidad de Puerto Triunfo, donde se ubica la Hacienda Nápoles que perteneció a Escobar y que atrae a cientos de turistas que acuden a ver los hipopótamos. El narcotraficante falleció en 1993 abatido por la policía colombiana.
La ministra de Ambiente, Irene Vélez, firmó un documento oficial que contiene lineamientos para la coordinación institucional en el manejo y control de los hipopótamos. En una conferencia de prensa explicó que las medidas serían implementadas en el segundo semestre del año, cuando ya estará en funciones un nuevo presidente que asumirá el 7 de agosto.
El ministerio indicó en el documento que la caza será una medida de última instancia que “solo procederá cuando las alternativas no letales no resulten” viables.
La senadora animalista Andrea Padilla rechazó en la red social X la decisión gubernamental al considerar que se trata de una “matanza de criaturas saludables” que son “víctimas» de la “negligencia” estatal. Instó a que se contemplen otros métodos que no impliquen el sacrificio.
El plan contempla la eutanasia química con una inyección y la física, que se realizará con disparo de rifle por un tirador certificado, según el ministerio.
Para la eutanasia química los que la ejecuten deberán atraer a cada hipopótamo con alimentos hacia un corral. Una vez allí el animal recibirá un dardo que lo inmovilizará y luego el medicamento que le provocará la muerte.
Mientras que para la eutanasia física, el protocolo indica el uso de rifles de caza de largo alcance y potencia -la piel de los hipopótamos es gruesa y difícil de penetrar- con el fin de provocar el “menor sufrimiento al individuo”.
El proyectil deberá ser apuntado “directamente a la cabeza del animal”, buscando que penetre el cráneo, lo que “causará el daño suficiente en la masa cerebral» para insensibilizarlo de inmediato y generar “la conmoción irreversible y la muerte”, acotó el protocolo.
Para la disposición final de cadáveres indicó que preferiblemente se realice un enterramiento disponiendo de una fosa con una pendiente de hasta cuatro metros de profundidad. Como alternativa contempló la cremación.
Otras opciones de control
También se continuará intentando el traslado de animales a varios países que los acepten para cuidarlos en zoológicos y santuarios, un plan gestionado desde 2023 que no ha tenido ninguna respuesta positiva, según detalló el ministerio.
Ese mismo año, el país también inició decenas de esterilizaciones, un procedimiento costoso de cerca de 9.800 dólares por hipopótamo que representa riesgos como la muerte o la reacción alérgica a la anestesia; mientras, contemplaba el traslado y la eutanasia, a la que le hacía falta el protocolo.
Vélez advirtió que, de no tomar medidas, en 2030 Colombia tendría una población de 500 hipopótamos, afectando los ecosistemas y especies nativas como el manatí y la tortuga de río. El país sudamericano declaró esos mamíferos herbívoros una especie exótica invasora.
Los hipopótamos, territoriales y de hasta tres toneladas, no tienen un depredador natural en Colombia y están cada vez más dispersos por el caudaloso río Magdalena en estado salvaje. Las autoridades temen que se extiendan hacia otras zonas del país.
Algunas veces salieron del agua y caminaron por las calles del pueblo de Puerto Triunfo o por las carreteras, como ocurrió a finales de marzo, según videos divulgados por la comunidad en redes sociales.
El ministerio asignará hasta 1,7 millones de dólares para el plan de control. Vélez calculó que con el presupuesto disponible sería aplicada la eutanasia a por lo menos 80 hipopótamos.
Aún está en la memoria colectiva el caso de “Pepe”, un hipopótamo que, tras escapar de la Hacienda Nápoles, fue perseguido por francotiradores de una fundación ambiental privada y cazado a tiros en 2009, lo que provocó reclamos de ambientalistas.
Con información de AP.
