Con una cautelar, la Justicia bonaerense frenó la privatización de AySA

La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata confirmó una medida cautelar que limita los cambios en AySA sobre las condiciones de la prestación del servicio de agua y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La decisión se conoció en el marco del proceso de privatización que lleva adelante el Gobierno nacional.

El tribunal ratificó que la empresa no puede modificar, reducir, suspender o alterar sus obligaciones sobre el acceso al agua potable, la salud pública y la protección del ambiente. Así, se hizo lugar a la demanda presentada por el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, que cuestionó la concesión y la reducción de los estándares ambientales y sanitarios.

En sus fundamentos, los jueces hicieron hincapié en el derecho humano de acceso al agua, los principios precautorios y preventivos en materia ambiental y la doctrina “in dubio pro natura” de la Corte Suprema. Este criterio establece que, ante la duda por el impacto ambiental de una política, se debe optar por la opción que genere el daño menor.

La Cámara, además, instruyó que el expediente se tramite en la Justicia Federal porque consideró que la discusión requiere interpretación y aplicación del marco regulatorio nacional en el servicio. Esto debido a que AySA tiene participación mayoritariamente estatal, con un 90 por ciento en posesión del Estado.

Qué pasa con la privatización

La resolución de la Justicia bonaerense no anula el proceso de privatización de AySA, pero limita la aplicación del nuevo contrato de concesión de mayo del 2026 en los aspectos que reducen garantías del servicio para las personas. Este planteo alcanza a los 26 municipios del Conurbano bonaerense y a la región metropolitana donde opera AySA.

La semana pasada, en el marco del proceso privatizador, el Gobierno nacional había extendido el plazo para la presentación de propuestas hasta el 15 de septiembre. Se trataba de los oferentes que buscarían adquirir el 90 por ciento de las acciones de la firma, lo que, para el Ejecutivo, recaudaría unos 450 millones de dólares.

Redacción

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