El empresario Guillermo Tofoni confirmó que existe una investigación preliminar del FBI y de tres fiscales de Estados Unidos por presunto lavado de dinero, evasión fiscal y fraude bancario en relación con los millonarios movimientos financieros entre la empresa TourProdEnter, radicada en Miami y dirigida por Javier Faroni, y la AFA.
Hasta ahora existían fuentes que, bajo estricta reserva, ratificaban la existencia del expediente. Pero ahora fue el propio Tofoni quien, ante una consulta periodística, afirmó que “sí existe una investigación que es confidencial. Negarlo es como querer esconder un elefante en una cristalería”, dijo durante una entrevista en el programa “¿La Ves?”, que conduce Jonatan Viale por TN.
Por razones de confidencialidad, Tofoni evitó confirmar si la semana pasada fue entrevistado en Miami por agentes del FBI y por el fiscal federal de ese distrito Michael Berger. Se limitó a señalar que viajó a Estados Unidos para participar de un seminario del Interamerican Institute for Democracy.
“El tema es serio y lo hemos tratado con muchísima responsabilidad. Para mí representa una responsabilidad inmensa. Creo que hay que tener cuidado porque, de lo contrario, no se podría haber llegado hasta acá. Sé perfectamente dónde estoy parado”, sostuvo. Los agentes del FBI ya estarían trabajando en una lista de eventuales testigos antes de abrir una causa en forma oficial.
Luego, Tofoni, quien obtuvo el discovery en la Justicia de Estados Unidos que demostraría el desvío de unos 40 millones de dólares de los más de 300 millones recaudados por TourProdEnter —documentación que constituye la base de las investigaciones abiertas en la Argentina y en EE.UU.—, explicó que “lo que nosotros vimos tiene toda la trazabilidad (financiera). Por eso insisto con esa palabra: trazabilidad, porque todo se puede rastrear. Se puede seguir día, hora y recorrido” de los movimientos financieros sospechosos.
Tofoni consiguió el discovery porque abrió una causa por fraude contra la AFA por haber dado de baja un contrato para organizar partidos de fútbol amistosos de la selección que tenía fecha de vencimiento en el 2030.
Por su parte, la ex vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), María Eugenia Talerico, estimó a Clarín que los giros y desvíos de dinero desde TourProdEnter hacia distintos destinos, luego de recibir pagos de Adidas y Warner, podrían encuadrarse en figuras como lavado de dinero, evasión impositiva o fraude bancario.
En ese sentido, el diario Miami Herald informó que, debido a que “las transacciones involucraron bancos estadounidenses y entidades registradas en Florida, el caso ha llamado la atención de las autoridades estadounidenses”.
Adidas y otros patrocinadores de la Selección Argentina depositaron fondos en cuentas de TourProdEnter abiertas en Bank of America, Synovus Bank, JPMorgan Chase Bank y Citibank. Luego, unos 40 millones de dólares habrían sido desviados hacia sociedades vinculadas como Marmasch LLC, Soagu Services LLC, Velpasalt LLC y Velp LLC.
El Miami Herald agregó que “los investigadores del Departamento de Justicia y del FBI están examinando si se violó alguna ley federal, incluidas las vinculadas con el lavado de dinero o la información financiera, mientras continúa la cooperación transfronteriza entre agencias estadounidenses y argentinas”.
Consultada por ese diario, la oficina del FBI en Miami declinó hacer comentarios sobre la investigación o incluso sobre su existencia. En el lenguaje habitual de las agencias federales de Estados Unidos, esa respuesta suele interpretarse como una confirmación indirecta de que existe algún tipo de actuación en curso.
La investigación en Estados Unidos comenzó a gestarse durante 2025 a partir de la intervención de tres fiscales federales: Patrick Gushue y Christopher Ting, radicados en Washington DC, y Michael Berger, en el Distrito Sur de Florida.
Gushue integra la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia y participó en investigaciones vinculadas con delitos financieros trasnacionales. Berger, por su parte, llevó adelante el caso que terminó con la condena en Miami del excontralor general de Ecuador Carlos Ramón Pólit Faggioni por lavado de activos, entre otros expedientes de trascendencia internacional.
A su vez, el ex vicepresidente de la UIF durante el gobierno de Mauricio Macri, Mariano Federici, explicó por qué, hasta ahora, salvo en la causa por la presunta retención ilegal de impuestos que instruye el juez Diego Amarante, Claudio Tapia y Pablo Toviggino permanecen sin avances significativos en las distintas investigaciones abiertas en la Argentina.
“El fútbol argentino concentra una enorme cantidad de recursos económicos, capacidad de movilización social, influencia política y prestigio simbólico. Es lógico que el poder quiera acercarse al fútbol. Lo preocupante es cuando el fútbol también comienza a necesitar del poder para garantizar su propia supervivencia”, afirmó.
“En ese momento la relación deja de ser institucional y comienza a organizarse alrededor de favores, influencias y conveniencias recíprocas. Y ahí aparece la corrupción”, agregó.
Luego, el especialista en prevención del lavado de dinero sostuvo que “muchas veces imaginamos la corrupción como un funcionario recibiendo dinero en un sobre. Esa imagen existe, pero representa apenas una parte del problema. La corrupción más dañina es mucho menos visible”.
“Es aquella que consigue condicionar a las instituciones llamadas a controlarla. Es la que busca influir sobre los organismos de investigación, neutralizar los mecanismos de rendición de cuentas, debilitar los controles internos o generar incentivos para que determinadas investigaciones nunca avancen. La corrupción necesita dinero. Pero necesita todavía más impunidad. Y la impunidad no aparece sola. La impunidad se construye”, remarcó.
“Por eso creo que el fútbol termina siendo un espejo extraordinario de nuestra realidad en Argentina. Porque allí aparecen todos los dilemas que hoy atraviesan a la Argentina: concentración de poder, relaciones ambiguas con la política, enormes intereses económicos, riesgos de lavado de dinero, debilidad de los mecanismos de rendición de cuentas y una permanente tensión entre el interés institucional y los intereses personales”, concluyó Federici durante su exposición ante el Interamerican Institute for Democracy.
Para el consultor argentino radicado en Miami Norberto Spangaro, la investigación preliminar de los fiscales estadounidenses podría orientarse, en una primera etapa, a “investigar el vínculo con Estados Unidos: las LLC (sociedades de responsabilidad limitada), las cuentas bancarias en ese país, las transferencias en dólares, los patrocinadores que realizan pagos a cuentas estadounidenses y las posteriores transferencias al exterior. Y como Erika Gillete figura como titular de TourProdEnter, sería quien cargaría con el mayor peso de una eventual acusación”.
Además, Spangaro sostuvo que la hipótesis de lavado de dinero consistiría en que “presuntamente se utilizaron entidades y bancos estadounidenses como canales para desviar ingresos comerciales pertenecientes a la AFA —o al fútbol argentino—, ocultar la identidad de los beneficiarios finales y transferir fondos a personas o empresas que no tenían derecho legítimo a recibirlos”.
“Los investigados no son automáticamente culpables, pero sí están plenamente sujetos a una investigación y a un eventual procesamiento en Estados Unidos. En cambio, si los fiscales logran demostrar que existió conocimiento de los hechos, un origen o propósito ilícito de los fondos y maniobras de ocultamiento o promoción de esas operaciones, podrían terminar procesados”, agregó Spangaro en declaraciones a Clarín.
Entre los especialistas consultados existe coincidencia en que el denominado FIFAgate constituye el antecedente más cercano para investigar el caso de Tapia y Toviggino. En aquel expediente, la Justicia de Estados Unidos abrió la investigación porque los pagos de sobornos circularon a través del sistema bancario norteamericano, aunque los hechos principales se habían desarrollado fuera de ese país.
