En una zona de Miami donde no suelen transitar los turistas y se ven hombres y mujeres presurosos vestidos para trabajar, se alza un edificio vidriado sostenido por sólidas columnas de piedra caliza. Ubicada en el downtown, la Corte federal del Distrito Sur de Florida ostenta la seguridad de un aeropuerto: identificación, detectores de metales, controles estrictos de pertenencias y permiso especial para entrar.
En esta pequeña fortaleza rodeada de palmeras, un Gran Jurado escuchará este jueves el testimonio de un testigo clave, de identidad reservada, y debe decidir si valida las pruebas reunidas durante casi un año de investigación reservada sobre los movimientos financieros sospechosos entre la AFA y la empresa TourProdEnter, de Javier Faroni.
La citación se emitió para las 9 de la mañana (10 de Argentina) en el edificio Wilkie D. Ferguson Jr. United States Courthouse. Ordena al testigo que entregue «todos los registros relacionados con TourProdEnter, incluyendo todas y cada una de las comunicaciones mantenidas con Pablo Toviggino, Claudio Tapia, Diego Lucero y Javier Faroni».
Sin embargo, una hora después de la citación no se vio entrar a Petersen por la entrada principal del edificio. Clarín observó el ingreso de una docena de empleados y abogados pero no del gerente de Comercialización de la AFA.
A menos de que lo haya hecho por el estacionamiento, su ausencia confirmaría que los abogados de la AFA habría pedido una postergación de la citación porque el dato se filtró a la prensa y se perdió la confidencialidad del proceso. Sería, además, una forma de demorar la causa, contaron fuentes judiciales.
Afuera de la Corte, con 27 grados de temperatura, desde temprano se observan entrar y salir empleados de seguridad y de los distintos juzgados con café en mano. Pero hasta último momento hubo rumores de que la audiencia podría aplazarse para preservar la reserva de la identidad del testigo.
Fuentes judiciales consultadas por Clarín afirmaron que el Gran Jurado, formado por ciudadanos estadounidenses citados para la ocasión, aprobaría la validez de las pruebas y, de ese modo, se abriría, por primera vez, una causa penal formal contra el presidente de la entidad madre del fútbol argentino, Claudio «Chiqui» Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino, aunque podrían incluir a otros funcionarios. Si prospera la causa, podrían ser acusados formalmente por delitos de corrupción, lavado de dinero y otros ilícitos financieros.
No se permitió esta vez el acceso al público ni a los medios. “Los procedimientos del Gran Jurado son cerrados”, dijeron escuetamente a Clarín desde la Corte. Pero la expectativa por lo que sucedería en el edificio era grande para ver quién era e ltestigo.
Fuentes judiciales consultadas por Clarín sostuvieron que la persona convocada para declarar ante el Gran Jurado era el gerente de Comercialización y Marketing de AFA, Leandro Petersen, pero fuentes de la Asociación liderada por Tapia lo negaron.
El empresario Guillermo Tofoni, cuya empresa mantuvo un conflicto comercial con la AFA tras la rescisión de un contrato en 2021, señaló que Petersen «podría ser citado perfectamente porque maneja la totalidad de los contratos comerciales y era quien indicaba las cuentas bancarias donde los patrocinadores debían depositar los pagos correspondientes a la AFA». Pero Petersen negó haber sido citado.
El “testigo clave” ─quizás algún otro más─ supuestamente declara en el piso 7 de la Corte ante el Gran Jurado, que debe determinar si ese testimonio, más la evidencia que presentan tres fiscales federales, alcanza el estándar de “causa probable”, que es el requisito indispensable para formular una acusación federal.
Según los documentos de la Corte de Florida, el Gran Jurado está integrado por 23 miembros y deben estar presentes al menos 16 para poder sesionar. Escucharán a los fiscales y analizarán las pruebas que ellos presenten, además de presenciar la declaración de uno o más testigos. Luego se retirarán a un lugar apartado para deliberar.
Se necesita un mínimo de doce votos que consideren que hay “causa probable” para que emitan un indictment (acusación formal). Si así lo decidieran, recién entonces comenzará el proceso penal propiamente dicho, con la apertura de un caso.
De acuerdo con el procedimiento estadounidense, una vez abierta la causa los fiscales podrán solicitar nuevas declaraciones testimoniales, requerir documentación adicional, ampliar la investigación a otras empresas y entidades financieras e incluso promover órdenes judiciales que deriven en sanciones contra bancos o eventuales detenciones.
Los fiscales también ya recibieron declaración de Guillermo Tofoni y de Alexandre Dreyfus, fundador de la plataforma de fan tokens Socios.com, mientras que habrían requerido información a otros patrocinadores internacionales de la Selección Argentina.
En el centro de la mira está TourProdEnter, de Faroni y su esposa Erica Gillete, la empresa que desde fines de 2021 administró buena parte de los ingresos internacionales de la AFA y cuyos movimientos financieros dieron origen a la investigación federal en EE.UU.
Según la documentación incorporada al expediente, patrocinadores internacionales como Adidas y Warner transfirieron unos 300 millones de dólares a cuentas de TourProdEnter abiertas en Bank of America, JPMorgan Chase, Citibank y Synovus Bank.
Posteriormente, alrededor de 40 millones de dólares habrían sido derivados a sociedades como Marmasch LLC, Soagu Services LLC, Velpasalt LLC y Velp LLC.
Los investigadores intentan establecer si esas compañías desarrollaban una actividad económica real o si funcionaban únicamente como sociedades creadas especialmente para redistribuir fondos en forma opaca.
Antecedentes
La investigación preliminar se abrió a partir de la presentación del Discovery realizada por Guillermo Tofoni en septiembre del año pasado ante fiscales federales de Washington. El discovery lo consiguió porque la AFA anuló, en forma arbitraria, un contrato que tenía para organizar los partidos amistosos de la selección de Messi y Scaloni.
Ahora queda claro que los fiscales de Estados Unidos esperaron la finalización del Mundial para hacer pública su investigación.
No será una causa penal de resolución rápida. Las fuentes recordaron que la investigación del caso FIFAgate demoró cuatro años en llegar a una condena.
La investigación preliminar está a cargo de los fiscales del Departamento de Justicia Patrick Gushue y Christopher Ting, quienes impulsan las actuaciones originadas a partir de la denuncia de Tofoni. En paralelo, el caso también es seguido por el fiscal federal de Miami Michael Berger.
La citación al testigo fue emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida. Se trata de un tribunal federal integrado por varios jueces de distrito que reciben las causas mediante un sistema de asignación aleatoria. Su presidenta es Cecilia M. Altonaga.
La jueza principal administra el funcionamiento del tribunal, pero no interviene necesariamente en todas las investigaciones o causas penales.
Entre los jueces de distrito en funciones que podrían quedar a cargo de la testimonial del 30 de julio figuran más de 15 nombres, uno de los cuales se volverá familiar para la Argentina, en caso de que la causa avance. La citación al testigo lleva la firma de Angela E. Noble, secretaria letrada del Distrito Sur de Florida.
Los investigadores intentan establecer si esas compañías desarrollaban una actividad económica real o si funcionaban únicamente como sociedades vehículo para redistribuir fondos de manera opaca.
Tofoni sostiene que la documentación obtenida mediante el proceso de Discovery en Estados Unidos permitió reconstruir movimientos por casi 450 millones de dólares, una cifra superior a los aproximadamente 300 millones de dólares registrados inicialmente.
