El fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, pidieron que el ex titular de ARSAT Facundo Leal sea procesado junto con otras nueve personas por corrupción en la contratación directa de una empresa de logística
Fuentes judiciales informaron a Clarín que los fiscales dieron por probado que desde ARSAT se contrató en 2021 de manera irregular a la compañía Argentina Logistic Services (ALS) que recibió 1.695.667,44 dólares y más de 32 millones de pesos a cambio de sobornos.
Leal fue titular de ARSAT durante los gobierno de Alberto Fernández y continuó con la llegada de Javier Milei hasta que dejó el cargo a principio de este año. En mayo fue allanado y en dos propiedades se encontraron 2,4 millones de dólares en efectivo.
El ex funcionario está detenido en prisión domiciliaria en una causa de presunta venta de drogas porque en los allanamientos también le secuestraron distinto tipo de estupefacientes que la justicia consideró que podían ser para la comercialización. Leal dijo que eran para consumo personal y un informe médico confirmó su dependencia. En la causa de corrupción, Leal no está detenido y con el pedido de procesamiento los fiscales pidieron su prisión preventiva.
El planteo debe ser resuelto por el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli. La Fiscalía acusó a Leal y al resto de los imputados –entre ex funcionarios y privados- de los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, cohecho –coimas- e incumplimiento de deberes de funcionario público.
La causa de corrupción se inició por un robo. En enero de 2024, personal de ARSAT detectó que el depósito que alquilaba en la localidad de San Fernando había sido intrusado. Los ladrones ingresaron a 17 contenedores y se llevaron cables de fibra óptica. El deposito era de la empresa ALS, contratada por ARSAT.
La investigación determinó que esa contratación fue irregular. La empresa no cumplía con requisitos de seguridad (el predio no contaba con cámaras de seguridad) y accedió de manera directa simulando una competencia con otras compañías que estaban vinculadas entre sí a través de sus directivos.
En la causa se tomaron distintas medidas de prueba, entre ellas secuestro de celulares y un entrecruzamiento de llamadas. Dos móviles fueron clave: los de Gerardo Boschin y Pablo Pagani, ex gerentes de ARSAT, también con pedidos de procesamiento.
En los celulares se encontraron conversaciones que para la justicia daban cuenta de la maniobra. Allí se nombra a Leal. Por eso se dispuso el allanamiento de sus propiedades.
Los procedimientos de hicieron a fines de mayo. En su casa de Mendoza se encontraron 1.787.600 dólares en efectivo que estaban en la valija, un estuche de una raqueta y en una media. Y en su departamento de Palermo se hallaron 803.754 dólares, dinero de otros países, un equipo de espionaje profesional y y droga: 28 gramos de ketamina, 164 gramos de cristal MDMA, 72 pastillas de MDMA, 14 gramos de cocaína, un vapeador con cannabis y 15 cucharas para consumo. Un peritaje determinó que el equipo no se usó para espiar.
Leal fue indagado a mediados de julio y presentó un escrito en el que negó las acusaciones. “No existe una sola constancia que indique mi intervención en el asunto, tal como correo electrónico, mensaje, nada que se me haya dirigido, que yo haya contestado o que yo haya enviado”, sostuvo y no hizo referencia al dinero encontrado en sus propiedades.
En la causa también declararon testigos que para los fiscales son clave respecto del trato de Leal con Santiago Pando, considerado por la acusación como el nexo entre los funcionarios y la empresa privada.
Los testigos, entre ellos el chofer y la secretaria de Leal en ARSAT, hablaron de mochilas y valijas durante reuniones que tenía el entonces presidente del organismo. También de fajos de dinero. Otro testigo relató que en febrero de este año, Leal le pidió que lleve a la Secretaría de Transporte un sobre de papel madera que al tocarlo le parecía que en su interior había un fajo de plata.
Los fiscales Domínguez y Rodríguez señalaron en su dictamen que la causa es “un claro ejemplo de cómo funcionarios públicos infieles y empresarios favorecidos mediante vínculos espurios se coludieron en una serie de conductas dirigidas a lesionar los intereses patrimoniales y funcionales de una empresa pública estratégica, comprometiendo así recursos estatales y desnaturalizando los fines que debían orientar su actuación”.
ARSAT es una empresa estatal de telecomunicaciones de la que Leal fue uno de sus fundadores en 2006 durante el gobierno de Néstor Kirchner. Por una interna con la «La Cámpora» dejó la empresa, pero volvió como su presidente con la gestión de Alberto Fernández. El presidente Milei lo mantuvo en el cargo hasta que en 2025 pasó como titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), cargo que dejó en febrero de este año para volver a ARSAT donde es empleado de planta permanente.
Junto con Leal, la Fiscalía pidió el procesamiento de otras nueve personas. El intermediario Pando, los ex funcionarios de ARSAT Boschin, Pagani, Juan Álvarez y Juan Navarro; el presidente de ALS, Fernando Paredes, y otras tres personas de la empresa, Diego Padilla, Gastón Padilla y Sofia Varela Vizgarra.
