De cara a la Cuarta Marcha Federal Universitaria, las federaciones gremiales CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, FAGDUT, CTERA, UDA y FATUN y otras organizaciones representativas del sistema universitario nacional difundieron un documento que firmaron bajo la consigna “Por la universidad pública y en defensa de la democracia”. En dicho texto advirtieron sobre el crítico escenario presupuestario que atraviesan las casas de altos estudios nacionales y el sistema público de investigación, desarrollo e innovación.
Una situación presupuestaria crítica
Según señalaron, las transferencias a las universidades registraron una caída real acumulada del 45,6 por ciento entre 2023 y 2026, lo que afectó el funcionamiento académico, científico y administrativo de dichas instituciones. “La política salarial impuesta por el Gobierno nacional cerró las paritarias y produjo un deterioro alarmante del poder adquisitivo y el empeoramiento generalizado de las condiciones de trabajo, preocupante nivel de renuncias de cuadros formados, reducción de las dedicaciones, pluriempleo y crisis en las obras sociales”, puntualizó el comunicado.
En efecto, de acuerdo con los datos difundidos, entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 la inflación acumulada fue del 293,3 por ciento, mientras que los salarios aumentaron un 147,3. Ello representa una caída real superior al 37 por ciento. Por tal motivo, en el documento subrayaron: “Las y los trabajadores de las universidades públicas cobran salarios que no nos permiten llegar a fin de mes”.
El deterioro sistemático del poder adquisitivo del salario “equivale a la pérdida de aproximadamente 10,9 salarios en el período considerado”, indicaron los firmantes, y puntualizaron: “Esta situación ubica en la actualidad a los salarios universitarios en su nivel más bajo de los últimos 23 años y en uno de los niveles más bajos desde el retorno de la democracia, contando con los peores salarios del Estado nacional y los más bajos de América Latina”.
Becas en riesgo, profundización de las desigualdades
El comunicado también expuso el deterioro de las políticas de acompañamiento estudiantil. En ese sentido, denunciaron el congelamiento de las Becas Progresar y la incertidumbre presupuestaria que atraviesan las Becas Manuel Belgrano, además de la suspensión de las becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas. Según indicaron, el ajuste “expulsa estudiantes del sistema universitario y profundiza las desigualdades sociales”.
Además de las críticas económicas, el documento incluyó cuestionamientos institucionales al Gobierno nacional por no aplicar la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, sancionada por el Congreso. “Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo el presupuesto universitario, sino el contrato social que sostiene el estado de derecho”, remarcaron.
Finalmente, las organizaciones defendieron el rol estratégico de la Universidad Pública para el desarrollo del país y llamaron a movilizarse en defensa de la educación superior, la ciencia y la democracia. Además, le pidieron a la Corte Suprema de Justicia que “acompañe y escuche el clamor de las plazas de toda la república y no permita que el Gobierno nacional siga incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario”. “Si hoy no defendemos a nuestras universidades, el futuro de prosperidad para el País será solo un sueño”, alertaron.
