La trama en General Rodríguez que implicó al ahora ex secretario de Seguridad del municipio, Nicolás Rappazzo y a Javier Tarragona, un concejal de Fuerza Patria, su propio espacio político, al que denunció por supuestos vínculos narcos, tuvo novedades en los últimos días, indicaron fuentes del caso a Infobae.
En primer lugar, el fiscal Ezequiel Freydier resolvió archivar la causa con un duro escrito en el que repara en el origen de la denuncia: los dichos de un tercero, un vecino que se acercó de manera anónima al ex funcionario y relacionó a Tarragona con una “cocina de droga”. También acusó al edil de tener vínculo con “quienes manejan la droga”, narcos que residen en un country de la zona. Rappazzo, a la vez, acompañó la presentación con un sobre cerrado con una serie de datos relacionados al concejal.
En el documento en el que comunicó el archivo al juez de Garantías, Freydier remarcó que al tomarle testimonio, el ex secretario no aportó nuevos elementos y que sólo ratificó que había obtenido la información por dichos de un tercero. Al fiscal, según su escrito, le resultó “llamativa” la repercusión mediática de la denuncia, pese a la gravedad de la misma.
“La publicidad alcanzada por la denuncia opera en sentido contrario al sigilo que debe imperar, conforme al tópico de los delitos detallados de posible comisión, lo que, en definitiva, se traduce en obstáculos para una instrucción eficiente”, señaló e indicó que el acusado se presentó de manera espontánea. Tarragona -quien fue secretario del intendente Mauro García- negó las acusaciones, presentó un recibo de sueldo, otra documentación y entregó un celular.
Según el representante del Ministerio Público, se ejecutaron diversas medidas como la obtención de datos del denunciado “en lo que respecta a domicilios consignados de residencia; de la existencia de investigaciones promovidas sobre su persona vigentes y, también, en lo pertinente a la certificación de antecedentes que pudieran ligarlo a comisión de delitos como los que se detallaren en la denuncia”. Además, dejó constancia de una consulta a la Procunar sobre posibles investigaciones que lleven su nombre o lo liguen a alguna causa narco en trámite. La respuesta fue negativa.
De esta manera, Freydier concluyó que no se acreditaron elementos de relevancia que permitan acreditar los lazos de Tarragona con el narcotráfico y que lo aportado por Rappazzo -ex fiscal- presenta evidentes falencias: “No se ciñe a una franja o ventana temporal determinada para la presunta comisión de los delitos enumerados. Tampoco se mencionan o indican nombres, apellidos, siquiera apodo alguno y/o dato de identificación de componentes de integración de banda criminal o de narcocriminalidad que permitan dirección posible a la pesquisa”. Lo mismo sobre la ubicación de la supuesta cocina de drogas.
El fiscal argumentó: “una caza de brujas” a la “búsqueda de algo a lo que se desconoce, a lo que pueda posiblemente aparecer o resultar”. Por último tildó de “el no dato” a la información que ofreció Rappazzo.
Rappazzo presentó su renuncia ante el intendente García, quien la aceptó. Fuentes ligadas al ex secretario indicaron que sus sospechas siguen firmes y analiza hacer una presentación en la Procuración de la Provincia de Buenos Aires, a cargo del procurador Julio Conte Grand, con la finalidad de que se evalúe la actuación de Freydier y la fiscalía general de Moreno-General Rodríguez.
Además, revelaron que recibió una amenaza horas después de presentar la denuncia: un balazo en la sede de su agrupación política y una nota con la leyenda “cuida a tus hijos”, junto a una bala calibre 32. Por esa razón, su familia permanece con custodia, de acuerdo a las fuentes.
Sus allegados aseguran que Rappazzo fue “criticado por el intendente y sus militantes por haber hecho una denuncia “sin sustento ni pruebas mínimas”, cuando lo único que hizo fue cumplir con su deber de funcionario público».
A la vez, remarcaron que “el anonimato en la Ley 23.737 de estupefacientes en Argentina está regulado por el artículo 34 bis, el cual garantiza que las personas que denuncien delitos previstos en dicha normativa se mantendrán en el anonimato”.
