En general, las críticas y las burlas levantadas por la iniciativa se basaron menos en el contenido estricto de la propuesta que en la sensación de que fue una muestra más de que la clase política suele navegar sobre una nube de… orgasmos, mientras alrededor las urgencias ciudadanas son muy otras.
La fecha
El Día del Orgasmo nació de una iniciativa de un concejal del municipio de Esperantina, en Brasil, que en 2006 sorprendió a sus pares con la propuesta. El legislador comunal dijo que su preocupación por el tema surgía de una investigación universitaria que había determinado que menos de un tercio de las mujeres de aquella región tenía una vida sexual satisfactoria. Propuso que el día en cuestión se conmemorara cada 8 de agosto y que la fecha sirviera para visibilizar los derechos sexuales de las mujeres. La información disponible en la web afirma que unos treinta países se sumaron a la recordación desde entonces.
Hasta ahí la cruzada a la que Cubells decidió subirse. No da para más, es de las tantas cosas que llegan a tomar estado parlamentario y alcanzan, como mucho, la categoría de anécdota. Aunque aborda un tema sensible y que debería formar parte de una concepción integral de la salud humana, no parece que los «días de» sumen demasiado en la resolución de los problemas reales. Los poderes legislativos (el nacional, lo de las provincias, los municipales) siempre son ámbitos que acumulan proyectos irrelevantes, a veces directamente ridículos, pocas veces iniciativas de fondo que puedan generar mejoras reales en la vida social e institucional.
El proyecto de Cubells, en particular, tendrá el valor que cada quien quiera darle. Puede mover a risa, hacer que alguna gente se agarre la cabeza o motivar manifestaciones de aprobación. Más risible, en todo caso, es que la diputada crea que Cristina Kirchner es una señora honesta a la que hay que considerar como «presa política». Pero hay más gente que sostiene eso, no es la única, y quizá debamos comprender que ninguno de ellos tiene por qué ocuparse del derecho de la justicia a tener sus propios orgasmos.
En el fondo
El tema es que, mientras tanto, hay asuntos de fondo que ni los gobernantes ni los legisladores ni los dirigentes que forman parte de la discusión pública se muestran dispuestos a abordar seriamente. Y cuando decimos «seriamente» incluimos la idea de que lo hagan saliéndose de los clichés, del verso tribunero y de la negación sistemática a un entendimiento. Desde hace mucho la política del Chaco y la de la Argentina es una novela donde ante cada debate todos sabemos perfectamente quiénes dirán que sí y quiénes dirán que no. Acostumbrados también a que los oficialistas de hoy digan que es imposible hacer lugar a planteos que ellos mismos motorizaban cuando eran oposición, y a que los opositores de la actualidad se escandalicen por decisiones que les parecían las más razonables del mundo cuando habitaban el poder. Como payasos de circo, se reparten los turnos de pegar la cachetada y de agacharse.
Ese infantilismo se lleva puestos los temas que importan. Se convierte en discutible lo que ni debería dar lugar a una diatriba. La seguridad es una temática que suele exponer eso de manera nítida. El proyecto de ley sobre reiterancia delictiva, por caso, debería debatirse en relación con los detalles, no con su concepción central, que es que quienes cometen delitos habiendo perpetrado otros antes no pueden tener la misma facilidad para regresar a las calles que alguien que viola la legislación penal por primera vez. No es sostenible pensar que la política represiva del Estado frente a delincuentes y criminales debe ser una suerte de «pesca con devolución», donde ladrones y criminales tengan la posibilidad hacer daño una y otra vez. Permanentemente las noticias policiales relatan hechos cometidos por sujetos que, al ser detenidos, resultan tener decenas de ingresos previos a las comisarías.
Pese a eso, se romantiza la marginalidad. Se habla de exclusión, y es real, pero quienes lo plantean no se hacen cargo de que el quebranto social tiene origen en décadas de políticas inviables que ellos mismos defendieron y defienden. Si Milei lo está haciendo mejor o peor es un debate aparte. El tema es que en 2023 la Argentina ya era un desastre, explicable solo desde la persistencia del error, de insistir con una concepción mágica de la economía. Entonces, ahora los que piden salvavidas para todos son los que aplaudían que se agujereara el barco.
Rojísimo
Otro asunto que deberíamos anotar en la agenda de los temas pendientes es el previsional. Un dilema en todo el mundo que en el Chaco también quema. Para peor, ni siquiera la clase dirigente local puede declararse sorprendida.
A principios de los 90, el gobierno provincial, por entonces en manos de Acción Chaqueña, encomendó a una consultora privada (Dealecsandris & Quian, de Capital Federal) una auditoría profunda del Instituto de Previsión Social (el IPS, que en 1994 sería reconvertido al actual Insssep). La contratación generó una polémica con la oposición, pero es innegable que el trabajo realizado por el estudio contable y jurídico porteño fue concienzudo. Hoy podemos saber que, además, no falló prácticamente en casi nada acerca del gravísimo cuadro que pronosticaba para los años siguientes.
En aquella etapa el déficit de la caja previsional oscilaba entre los 2 y los 3 millones de pesos-dólares mensuales, con aproximadamente 48.000 estatales activos aportantes (entre empleados públicos provinciales y municipales) y alrededor de 16.000 personas que cobraban alguna pasividad (jubilación, retiro o pensión) del IPS.
La consultora advirtió que, sin cambios de fondo, el rojo de la caja jubilatoria iba a ir incrementándose cada vez con una mayor brecha entre ingresos y egresos, alertando de que la relación entre aportantes y beneficiarios iba estrechándose y se tornaría más insostenible con el tiempo. Sugirió algunas medidas, expuso en un cuadro cómo iría aumentando el déficit a futuro y dejó en claro que se estaba ante un volcán que indefectiblemente iba a estallar.
El gobierno de Rolando Tauguinas intentó poner el tema en debate y se inclinó por una posición que acabaría por acentuar la ruptura con la oposición peronista y radical. El gobernador estuvo a favor de pasar la caja jubilatoria a la Nación, como ofrecía Domingo Cavallo, el superministro de Carlos Menem. El PJ y la UCR, más los gremios estatales, se opusieron y bloquearon la medida. Razones no les faltaban: los jubilados «transferidos» a Anses cobran hoy, en su gran mayoría, jubilaciones miserables. Más de la mitad percibe la mínima, 489.000 pesos (incluyendo el bono de 70.000 pesos). La discusión entre «traspaso sí-traspaso no» terminó siendo excusa para eludir un debate alternativo, responsable, sobre qué hacer con el régimen que se había decidido conservar en manos provinciales.
Hoy el déficit es de 25.000 millones mensuales, es decir unos 300.000 millones al año. Redondeando, unos 200 millones de dólares. El equivalente a pavimentar cada año 200 kilómetros de rutas, construir 40 de escuelas para 500 alumnos o dar alimentación suficiente a 100.000 chicos.
Los pasivos que cobran un beneficio del Insssep ya son más de 70.000. Es decir, ya casi hay un jubilado, retirado o pensionado por cada empleado público provincial de planta. La relación entre cantidad de activos y de pasivos no hará más que empeorar. ¿Cuál es la salida? Es un enigma dificilísimo de resolver. Lo que es seguro es que no se va a arreglar solo, ni mirando para el costado. Como los dilemas de la educación, de la generación de empleo, de la definición de un modelo productivo. Todo adaptado al mundo de hoy, no al de cuarenta años atrás. Cuestiones que siempre quedan tapadas por el franeleo electoral, ese chichoneo de tiempo completo que disimula la inquietante frigidez de un sistema que debería estar más dedicado que nunca a reconectar con la realidad.
