Familiares, profesionales de la salud y organizaciones sociales impulsaron acciones judiciales contra el presidente Javier Milei y otros funcionarios. Cuestionan recortes en prestaciones, falta de medicamentos y la paralización de políticas clave.
La crisis en el sistema de atención a personas con discapacidad escaló a los tribunales. En los últimos días, familiares, instituciones y trabajadores de la salud formalizaron denuncias penales contra el presidente Javier Milei y funcionarios de su gestión, a quienes acusan de incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y abandono de persona, en el marco de un profundo ajuste que impacta en tratamientos, pensiones y servicios esenciales.
Las presentaciones judiciales fueron impulsadas por distintos sectores. Por un lado, colectivos vinculados a la discapacidad junto a prestadores y familias, con el patrocinio del abogado especializado en derechos humanos Javier Garin. Por otro, la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan, uno de los principales centros pediátricos del país, también llevó su reclamo ante la Justicia.
Los denunciantes sostienen que la situación responde a una política sistemática que redujo o directamente interrumpió prestaciones fundamentales. Entre los puntos más críticos señalan la falta de medicamentos de alto costo, demoras en tratamientos y terapias, y la desarticulación de espacios de acompañamiento para personas con discapacidad.
El conflicto se agrava en un contexto en el que la denominada Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada previamente, no fue implementada. Según los demandantes, incluso hubo fallos judiciales que ordenaban su aplicación, pero no se cumplieron en su totalidad.
Desde el ámbito sanitario, las advertencias son contundentes. Profesionales del Garrahan remarcan que la situación afecta directamente a niños, niñas y adolescentes que dependen del sistema público para sostener su calidad de vida o, en muchos casos, su supervivencia. La falta de insumos, la reducción de personal y las demoras en estudios generan un escenario de creciente deterioro.
Casos concretos ilustran la gravedad del panorama. El Hogar Promover, ubicado en el barrio porteño de Flores, enfrenta serias dificultades para continuar funcionando. Allí residen 18 jóvenes con patologías complejas que requieren atención permanente. Desde fines del año pasado, aseguran, no reciben los pagos correspondientes a las prestaciones, lo que derivó en atrasos salariales y riesgo de cierre.
En paralelo a las denuncias, el Gobierno nacional avanzó con una nueva iniciativa legislativa denominada “Ley contra el fraude de pensiones por invalidez”. El proyecto propone modificar aspectos centrales del sistema actual, incluyendo la eliminación de criterios de universalidad en el acceso a prestaciones y la incompatibilidad entre empleo formal y percepción de pensiones.
La propuesta también contempla un reempadronamiento obligatorio para los beneficiarios, quienes deberán actualizar su situación en un plazo de 90 días bajo amenaza de suspensión. Además, se plantea fijar el monto de las pensiones en un porcentaje del haber jubilatorio mínimo, sin contemplar incrementos adicionales por condiciones particulares.
Desde organizaciones sociales y referentes del sector advierten que estas medidas podrían profundizar la vulnerabilidad de miles de personas. Señalan que los costos asociados a la discapacidad —tratamientos, transporte, asistencia— superan ampliamente cualquier ingreso básico.
Las denuncias ya quedaron radicadas en distintos juzgados y se encuentran en etapa de análisis. Mientras tanto, familiares y trabajadores convocaron a una movilización frente al Ministerio de Salud para visibilizar la situación y exigir respuestas urgentes.
