En diálogo con El Editor Platense, el letrado explicó que el punto central de la denuncia es que los vehículos, que estaban bajo custodia municipal, «ya no están». Según remarcó, será la Justicia la que deberá establecer qué ocurrió con ellos.
«Hay un aproximado de entre 400 y 600 vehículos y motos que estaban bajo el poder de custodia del Municipio de General Rodríguez y hoy no están más. Ese es un hecho innegable. Ahora la Justicia deberá determinar si desaparecieron, fueron robados, desarmados o qué fue lo que pasó», afirmó.
Migual Puentes, abogado denuunciante
La investigación quedó radicada en la Fiscalía N°9 de General Rodríguez, a cargo de la fiscal Alejandra Rodríguez. Según explicó el letrado, una ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante durante el año 2021 y 2022 autorizó al Departamento Ejecutivo a contratar una empresa compactadora.
Sin embargo, Puentes sostuvo que esa normativa fue interpretada de manera incorrecta. «La ley provincial permite compactar únicamente vehículos que estaban secuestrados por la Policía Bonaerense y que, por el paso del tiempo, representaban un riesgo para la salud o el ambiente. No habla de vehículos secuestrados por el Municipio», explicó.
De acuerdo con su reconstrucción, pese a esa diferencia, desde la Secretaría de Seguridad municipal se impulsaron expedientes para avanzar con la compactación de vehículos retenidos en depósitos municipales.
El abogado sostuvo además que distintas áreas técnicas del propio Municipio advirtieron esa situación. «Tanto Salud como Medio Ambiente respondieron que estaban de acuerdo con compactar vehículos que estuvieran en sede policial, no municipales. Sin embargo, el expediente siguió avanzando», aseguró.
Mauro García, en la mira
Uno de los puntos más sensibles de la ampliación de la denuncia es la existencia de una presentación anónima anterior que, según Puentes, nunca fue investigada. El abogado solicitó que esa causa sea desarchivada para incorporar al expediente actual.
«Esa denuncia hablaba de una maniobra mediante la cual los vehículos eran llevados a una compactadora ilegal y, en lugar de destruirlos, eran desarmados para vender las computadoras, puertas y otras autopartes», sostuvo.
Esto pone en el ojo de la tormenta nuevamente a la administración del intendente Mauro García, que ya suma varios escándalos, incluida una acusacion por inacción ante una causa por abuso sexual en el SAME local y otra por nepotismo, donde su propio hermano se vio beneficado en un nombramiento.
Contratación bajo sospecha en General Rodríguez
Miguel Puentes también cuestionó el procedimiento utilizado para contratar a la empresa encargada de la supuesta compactación, ya que, según denunció, la contratación se realizó de manera directa y con una firma que, presuntamente, no contaba con las habilitaciones correspondientes.
«El contrato fue firmado directamente por el intendente. Entendemos que debía realizarse mediante una licitación pública y con la intervención del área de Legales del Municipio, algo que no ocurrió», manifestó.
Para el abogado, esas irregularidades podrían configurar delitos vinculados a la administración pública, además de las responsabilidades que puedan surgir por la desaparición de los vehículos.
La investigación y la responsabilidad de Mauro García
Por otro lado, y siguiendo con el caso en cuestión, Miguel Puentes confirmó que el Juzgado de Garantías le reconoció el carácter de particular damnificado, lo que le permite impulsar medidas de prueba dentro del expediente.
Además, indicó que la Fiscalía ya requirió en dos oportunidades la documentación al Municipio.
«Los expedientes que hoy busca la Fiscalía ya fueron aportados por mí a la causa. Lo que ahora intenta determinar la Justicia es si el Municipio conserva esa documentación o si también desapareció», señaló.
Por último, el denunciante volvió a apuntar contra las máximas autoridades municipales. «El conocimiento y la autorización de todo esto la tenía el intendente Mauro García como principal responsable», afirmó.
Mientras la investigación avanza, la Justicia deberá determinar qué ocurrió con los cientos de vehículos que permanecían bajo custodia municipal y establecer si existieron irregularidades administrativas o una maniobra delictiva detrás de su desaparición.
