La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, enfrenta una denuncia penal por el delito de abuso de autoridad, luego de que su cartera solicitara judicialmente el allanamiento de los estudios del canal de streaming Carnaval Stream, así como los domicilios y equipos de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, implicados en la difusión de audios de Karina Milei.
La denuncia fue presentada por el abogado Gregorio Dalbón, quien sostuvo que estas medidas —allanamiento, incautación de equipos y prohibición de difundir contenido— constituyen un intento de censura previa, prohibido por la Constitución Nacional, y representan una extralimitación del poder del Estado para intimidar y restringir la libertad de prensa, violando estándares constitucionales e internacionales.
Dalbón pidió que Bullrich sea citada a declaración indagatoria y afirmó que el uso de la denuncia penal como herramienta de amedrentamiento configura un delito previsto en el artículo 248 del Código Penal.
