Tras la eliminación del capítulo que modificaba la Ley de Tierras, el Senado volverá a intentar este jueves aprobar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que empuja el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y que sufrió múltiples cambios.
La propuesta, que ingresó al Senado el 27 de marzo y sufrió cuatro postergaciones tras obtener un trabajoso dictamen, incluye juicios de desalojo bajo la modalidad de trámite «vía sumarísima». Además habilita la posibilidad de ejecución anticipada antes de la sentencia.
Este capítulo también prevé la eliminación de la caución real, que es la garantía económica que en la actualidad se exige para obtener la desocupación inmediata. En su lugar se incorpora una declaración jurada del propietario sin respaldo patrimonial.
En la última versión de la propuesta se resolvió que el plazo de intimación al inquilino por falta de pago en inmuebles habitacionales se fijó en 10 días. En el proyecto original se establecía un plazo de 3 días.
En los casos de desalojo donde se acredite la presencia de menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo, la justicia tendrá un plazo de 10 días para asegurar una alternativa habitacional transitoria, sin perjuicio de la continuidad del proceso.
Otro de los puntos centrales que quedaron tiene que ver con las restricciones fijadas para las expropiaciones. En este punto, lo que se busca es evitar un uso discrecional por parte de los estados nacional o provincial.
Además, la propuesta incluye el pago del lucro cesante mientras que en la actualidad sólo se cubre el valor del bien más daños directos. La indemnización por lucro cesante no podrá exceder al equivalente del 30% del valor del daño emergente.
En este capítulo también se fija que el bien no pasará a ser administrado por el Estado hasta que la indemnización sea pagada en forma íntegra, y esas indemnizaciones no tributan impuestos.
La propuesta modifica la llamada ley de Manejo del Fuego eliminando la prohibición de 60 años para cambiar el uso del suelo, lotear o vender un terreno incendiado, tanto en bosques implantados como en áreas protegidas y humedales.
En el despacho de comisión acordado con la oposición se resolvió mantener las restricciones originales para los bosques nativos pero se habilitó bajar de 60 a 30 la veda para la reutilización de las tierras rurales afectadas por un incendio.
La propuesta también promueve la creación del Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble, un órgano de carácter permanente de coordinación y cooperación interjurisdiccional, integrado por los registros de la propiedad inmueble de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
También se promueve la Red Federal Digital de Publicidad de Inhibiciones que brindará información sobre la existencia de inhibiciones trabadas en los registros del país
