Una directora del banco de España CaixaBank que cobraba 7.345 euros mensuales terminó en los tribunales después de que la entidad decidiera despedirla por una serie de incumplimientos laborales.
La mujer trabajaba desde 1999 en el banco y estaba al frente de una sucursal en la ciudad española de Vizcaya en la que era la única empleada, por lo que su presencia resultaba necesaria para atender a los clientes y garantizar la seguridad del establecimiento.
El conflicto no se originó por un episodio aislado. La empresa detectó una sucesión de irregularidades relacionadas con el cumplimiento de su jornada laboral.
Entre los hechos considerados probados, apareció uno especialmente llamativo: la directora llegó a cerrar la sucursal durante su horario de trabajo para ir a la peluquería, mientras varios clientes permanecían esperando en la calle.
Los retrasos y las ausencias que terminaron en despido
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, identificada como la número 2817/2025, confirmó una resolución anterior del juzgado de lo social y consideró procedente el despido disciplinario.
Los magistrados tuvieron en cuenta el conjunto de incumplimientos atribuidos a la trabajadora y no solamente su salida para acudir a la peluquería.
Según los hechos recogidos en la resolución, la directora acumuló retrasos de hasta 59 minutos, salidas anticipadas que llegaron a superar las dos horas y períodos prolongados de ausencia sin justificar.
Al tratarse de una sucursal unipersonal, esas ausencias tenían además un efecto directo sobre la atención al público: en algunas ocasiones los clientes tuvieron que esperar fuera de la oficina hasta que la responsable regresara.
La situación se agravó porque la empresa también acreditó que la trabajadora había alterado su propio registro horario durante meses. Esa conducta fue considerada especialmente relevante para demostrar que no se trataba de descuidos puntuales, sino de una práctica reiterada.
Uno de los episodios que más llamó la atención del caso fue el que involucró a la peluquería. La directora se ausentó de la oficina durante la jornada laboral y, como era la única empleada del establecimiento, cerró la sucursal antes de marcharse.
La decisión tuvo consecuencias inmediatas: varios clientes llegaron a la oficina y se encontraron con las puertas cerradas. La sentencia dio por acreditado que la trabajadora había abandonado su puesto para realizar una actividad personal durante el horario en el que debía estar atendiendo la sucursal.
El episodio, sin embargo, fue analizado dentro de un contexto más amplio. Para los tribunales, el problema no consistía únicamente en haber acudido a la peluquería durante el horario laboral, sino en que ese comportamiento formaba parte de una serie de incumplimientos que afectaban a las obligaciones esenciales de su puesto.
El registro horario fue una de las pruebas clave
La manipulación del registro de jornada tuvo un peso determinante en el procedimiento. La directora no solo acumulaba ausencias y salidas anticipadas, sino que durante meses había consignado horarios que no se correspondían con su presencia efectiva en la oficina.
El registro horario es obligatorio en España desde 2019 y debe permitir conocer las horas concretas de inicio y finalización de la jornada de cada trabajador.
En este caso, la documentación permitió a la entidad sostener que las irregularidades se habían repetido durante un período prolongado y que no podían explicarse como un hecho excepcional.
La importancia de esta prueba también radica en que el control de jornada puede convertirse en un elemento decisivo en los conflictos laborales. Cuando existen registros alterados, la empresa puede utilizarlos para acreditar que las ausencias o incumplimientos no fueron hechos aislados.
Por qué la Justicia consideró procedente el despido
CaixaBank calificó la conducta como una falta muy grave por transgresión de la buena fe contractual. El argumento central fue que las irregularidades habían deteriorado la confianza necesaria para mantener la relación laboral.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco respaldó esta interpretación y confirmó el despido disciplinario. En su resolución sostiene que “la transgresión de la buena fe contractual no admite graduación posible en materia laboral” y que el incumplimiento de esos deberes básicos implica la pérdida de la confianza depositada en el trabajador.
En otras palabras, los magistrados no valoraron cada comportamiento de manera independiente, sino el conjunto de acciones acreditadas: incumplimientos reiterados del horario, ausencias sin justificar, cierre de la sucursal durante la jornada y manipulación del registro horario.
Qué pasa con los 7.345 euros mensuales y la indemnización
La trabajadora percibía un salario bruto mensual de 7.345 euros, una cifra que también influye en las consecuencias económicas del despido. Sin embargo, al haber sido considerado procedente, la extinción del contrato no genera derecho a una indemnización por despido improcedente.
De acuerdo con la información publicada sobre el caso, si el despido hubiera sido declarado improcedente, la indemnización podría haber alcanzado el máximo de 24 mensualidades, unos 176.000 euros, debido a su antigüedad y a su remuneración. Al confirmarse el despido disciplinario procedente, esa compensación no corresponde.
La situación es diferente respecto del desempleo. Un despido disciplinario, incluso cuando es considerado procedente, puede situar al trabajador en situación legal de desempleo, por lo que la directora puede acceder a la prestación si cumple los requisitos de cotización correspondientes.
