Un centenar de contratos vencieron de un día para el otro y el aviso llegó por sistema. Cuando los trabajadores fueron a pedir explicaciones a la sede central, el Gobierno mandó a la Gendarmería. Lo que queda del desarrollo nuclear argentino después de este golpe es la pregunta que flota sobre Núñez.
El primero de julio empezó, para un centenar de trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), con la noticia de que ya no tenían trabajo. La confirmación llegó el martes por la mañana, a través del sistema de Gestión Documental Electrónica, sin aviso previo a los propios gerentes de área. Lo que siguió fue una jornada de protestas, ocupación de la sede central y, finalmente, el ingreso de la Gendarmería Nacional para desactivar el reclamo.
La cifra de despedidos ronda el centenar, según coincide buena parte de la cobertura del caso, aunque no hay un número oficial confirmado de manera independiente. La Asociación de Profesionales de la CNEA y la Actividad Nuclear (APCNEAN) sostiene que el recorte alcanza al 20% del personal contratado bajo esa modalidad. El Gobierno, por su lado, salió a matizar la magnitud: sostuvo que no se trató de despidos sino de la no renovación de 61 contratos a plazo fijo firmados en 2023, durante la gestión anterior del organismo, y precisó que 42 de esos 61 corresponden a personal con nivel educativo primario o secundario, sin bajas entre ingenieros nucleares ni personal técnico especializado. Los gremios rechazan esa versión y insisten en que la cifra real es mayor y que sí afecta a áreas críticas.
«La gente se fue enterando que se queda sin trabajo con un día de anticipación», denunció Martín Iofrida, secretario general de APCNEAN. Los afectados son, según los gremios, profesionales, técnicos, investigadores y personal administrativo que sostienen áreas consideradas estratégicas: desde el proyecto del reactor CAREM hasta la planta de agua pesada y la extensión de vida útil de la central Atucha I. La protesta no quedó circunscripta a la sede porteña de Núñez: hubo concentraciones también en el Centro Atómico Bariloche y en el Centro Atómico Ezeiza.
Lo que distingue este episodio de otros ajustes ya conocidos en la administración libertaria es la escena que dejó: efectivos de Gendarmería ingresando a un edificio público para dispersar a empleados estatales que reclamaban explicaciones, mientras el titular del organismo, Martín Porro, permanecía resguardado en su despacho. ¿Es esta la forma en que el Gobierno decidió gestionar de ahora en más los conflictos laborales dentro del Estado? La secuencia —despido sin aviso, reclamo espontáneo, represión— empieza a repetirse con una regularidad que ya no puede leerse como excepción.
Desde ATE, el secretario general Rodolfo Aguiar calificó la medida como una «canallada» y denunció una «brutal represión» contra los trabajadores que ocupaban la sede. La lectura sindical no se limita al reclamo salarial o de estabilidad laboral: apunta también a lo que consideran un intento de desmantelamiento que allane el camino a una eventual privatización del organismo. Si la discusión fuera solo presupuestaria, cabría preguntarse por qué el ajuste recae, otra vez, sobre un área que el propio Gobierno reconoce como estratégica en materia de energía nuclear, medicina y minerales críticos como el uranio.
La diputada nacional Adriana Serquis, expresidenta de la CNEA, expresó su rechazo a la decisión y recordó que hace menos de un mes la Secretaría de Asuntos Nucleares había presentado los lineamientos de la política nuclear 2026, entre cuyos objetivos figuraban las exportaciones de alto valor agregado y la preservación de la capacidad tecnológica nacional. La contradicción entre ese documento y los despidos de esta semana no pasó desapercibida entre quienes siguen de cerca al sector.
Los gremios ya convocaron a una nueva movilización para este miércoles en la sede central, bajo la consigna «En CNEA no sobra nadie». El Gobierno, por su parte, no dio señales de dar marcha atrás. Entre el relato oficial de una simple no renovación de contratos y las advertencias sobre la pérdida de capacidades nucleares que llevó décadas construir, la discusión sobre qué clase de país queda del otro lado del ajuste recién empieza.
