El deterioro se aceleró desde el segundo semestre de 2023. Para un maestro de grado de primaria, con jornada simple y 10 años de antigüedad, el salario de bolsillo pasó de representar $1.541.860 en septiembre de 2023 a $1.081.158 en junio de 2026, medidos a precios constantes de junio de 2026 (ver gráfico 1). Es decir, perdió unos $460.700 mensuales de poder adquisitivo, una caída cercana al 30% en menos de tres años.
Gráfico1: los datos corresponden al promedio nacional del salario de bolsillo del maestro de grado del nivel primario de jornada simple con 10 años de antigüedad. Fuente: Instituto Marina Vilte –CTERA en base a datos del Ministerio de Educación y el IPC-INDEC y la Encuesta de Gasto de Hogares 2017-2018.
El retroceso de los salarios se produjo en paralelo con un fuerte ajuste sobre el presupuesto educativo. De acuerdo con CTERA, desde 2023 el Presupuesto de la Administración Pública Nacional cayó 34,4% en términos reales, mientras que la función Educación y Cultura sufrió un recorte mayor, del 45,9%. Dentro de ese universo, las partidas destinadas a Educación Obligatoria acumulan una caída real del 77%, mientras que la inversión en infraestructura educativa se desplomó 95,8%.
El ajuste continuó durante 2026. Aunque Educación y Cultura recibieron un incremento nominal del 15,9% respecto del presupuesto inicial durante los primeros siete meses del año, desde CTERA advirtieron que los recursos estuvieron concentrados principalmente en universidades. En contraste, Educación Obligatoria registró un recorte adicional del 4,4% y la Infraestructura Educativa otro del 54%. Los programas de la Secretaría de Educación, excluyendo universidades, tienen además asignaciones para 2026 79,2% inferiores en términos reales a las de 2023.
El dato de Docentes Educ. Obligatoria corresponde al promedio nacional del salario de bolsillo del maestro de grado del nivel primario, de jornada simple con 10 años de antigüedad. Fuente: Instituto Marina Vilte –CTERA en base a datos del Ministerio de Educación, del INDEC y de distintos gremios. La columna naranja indica la perdida de `poder adquisitivo considerando eñIPC corregido por las pautas de consumo relevadas por ENGhO 2017-2018.
La ejecución presupuestaria también muestra el alcance del ajuste, puesto que en julio de 2026 se había ejecutado apenas el 43,8% del presupuesto anual de los programas de la Secretaría de Educación, frente al 58% que, en términos teóricos, debería haberse ejecutado a esa altura del año. En paralelo, CTERA estima que el gasto educativo consolidado representará alrededor del 4,1% del PBI en 2026, contra el 5,2% de 2023. La inversión nacional en Educación y Cultura pasó, según el informe, de 1,42% del PBI a 0,79%.
Educación: financiamiento nacional en caída y provincias absorben el ajuste
El financiamiento educativo nacional atraviesa un fuerte proceso de retracción. Según un informe del IIEP UBA-CONICET y OGECyT-IGEDECO, la función Educación y Cultura registró una caída real del 43,2% en 2024 y del 7,9% en 2025, lo que implica una contracción acumulada del 47,7% en el bienio. Para 2026, el crédito vigente al 30 de mayo proyecta una nueva disminución real del 12,7%, por lo que, de concretarse, serían tres años consecutivos de retroceso.
Ámbito consultó al respecto a Javier Curcio, economista y director del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas (UBA), quien argumentó que el deterioro debe leerse además en el contexto de la situación salarial: “El salario representa más del 80% de la función educativa y si no se resuelve eso, es muy difícil resolver cualquier cuestión vinculada a la calidad”.
El ajuste también modificó el peso de la educación dentro de las cuentas públicas. El gasto nacional destinado a Educación y Cultura pasó de representar 1,41% del PBI en 2023 a 0,86% en 2024. Al mismo tiempo, las provincias asumieron una participación cada vez mayor en el sostenimiento del sistema.
De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores de IIEP UBA-CONICET y OGECyT-IGEDECO, en 2024 la Nación financió el 20,1% del gasto educativo consolidado, contra el 26,8% del año anterior, mientras que las jurisdicciones provinciales pasaron a explicar el 79,9%. En este escenario, Curcio advirtió que la situación fiscal de las provincias puede convertirse en un factor determinante y «crítica para todos los niveles de gobierno”. Ante la caída de las transferencias nacionales y de la actividad económica, “estamos en una fase recesiva de ingresos que nos lleva a más ajustes”, planteó.
La menor presencia nacional tuvo además impacto sobre los mecanismos de coordinación salarial. La discontinuación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) desde 2024 eliminó una herramienta histórica para complementar los salarios de los maestros provinciales, mientras que el Fondo de Compensación Salarial no registró ejecución en 2025 ni en lo que va de 2026. A esto se sumó la modificación de la paritaria nacional docente, que otorgó mayor protagonismo al Consejo Federal de Educación. Para el informe, estos cambios hacen que las remuneraciones y las condiciones de financiamiento queden cada vez más vinculadas a la capacidad fiscal de cada provincia.
En ese punto, Curcio estimó que “la caída del salario en el ámbito docente en el promedio del sector público provincial representa entre un 17 y un 20% para las provincias”, un deterioro que, según señaló, se mantiene desde el comienzo de la actual gestión.
La radiografía de los salarios docentes muestra una fuerte pérdida frente a la inflación y grandes brechas entre los ingresos de las distintas provincias.
Provincia de Buenos Aires
En este escenario, Juan Ignacio Doberti, doctor en Ciencias Económicas e investigador de la UBA, cuestionó que el Gobierno se haya desentendido del financiamiento de los salarios docentes y trasladado una mayor responsabilidad a las provincias. Ante la consulta de Ámbito, el especialista dijo que la situación no solo provocó una pérdida de poder adquisitivo, sino que profundizó las desigualdades entre jurisdicciones con distintas capacidades fiscales. “Una cosa es que no haya plata para nadie, pero otra cosa es que no haya plata para vos. Eso es lo que le está diciendo el Gobierno a la educación”, afirmó.
Doberti sostuvo que el debate excede el ajuste fiscal y remite a las prioridades que define el Estado. “No es solo un componente de ajuste fiscal, es un componente de ajuste fiscal y de gasto direccionado hacia otras finalidades”, planteó. En ese sentido, señaló que mientras la Nación redujo su participación en el financiamiento educativo y eliminó herramientas como el FONID, el Gobierno decidió destinar mayores recursos a otras áreas, como defensa y seguridad.
El salario docente perdió poder adquisitivo en los últimos años y las diferencias entre provincias profundizan la desigualdad dentro del sistema educativo.
Las diferencias territoriales aparecen así como uno de los principales desafíos del nuevo escenario. El gasto por alumno estatal y la proporción del presupuesto provincial destinado a educación no evolucionan necesariamente de manera conjunta. CABA, por ejemplo, destinó $3,4 millones por alumno en 2024, pese a que la educación representó apenas el 18,2% de su gasto público, uno de los porcentajes más bajos del país. En el extremo opuesto, provincias como Buenos Aires y Salta asignaron cerca o más del 30% de sus presupuestos a educación, pero registraron niveles de gasto por estudiante inferiores al promedio nacional.
Las jurisdicciones patagónicas, en tanto, combinan elevados recursos por alumno con una alta participación de la educación en sus presupuestos. Curcio remarcó que el deterioro no es uniforme y señaló que “no todas las provincias redujeron” los salarios, ya que algunas jurisdicciones lograron compensar con recursos propios parte de la pérdida de fondos nacionales.
El escenario fiscal coincide con un cambio más amplio en la discusión sobre cómo financiar la educación. El informe advierte que comenzaron a ganar espacio mecanismos orientados a la demanda, como vouchers, becas y subsidios a las familias, junto con un mayor apoyo a la educación privada. El programa de vouchers alcanzó a 830.000 estudiantes en 2024 y a 504.808 en 2025, aunque los investigadores remarcan que no constituye todavía un sistema generalizado de vouchers. En paralelo, el Presupuesto 2026 eliminó la referencia histórica al objetivo de destinar el 6% del PBI a educación.
Para Curcio, el problema excede la discusión presupuestaria y alcanza directamente la calidad del sistema: “Con caída de salarios del 20% es imposible recuperar cualquier sector”, dijo. En ese sentido, consideró que el salario docente es una “condición necesaria, no suficiente” para mejorar la educación, pero sostuvo que mantener al personal en buenas condiciones, con capacitación, incentivos y remuneraciones adecuadas, es indispensable para cualquier estrategia de recuperación.
El impacto de ese cambio, según Doberti, también debe analizarse desde la señal que recibe el conjunto del sistema educativo. “No tengo la percepción de que toda la sociedad esté en contra de los docentes. Lo que sí tengo claro es que el Gobierno no los valora”, señaló. En ese sentido, el deterioro salarial puede afectar la capacidad de atraer, retener y motivar a los maestros y profesores: “El nivel educativo nunca va a ser mejor que el nivel de sus docentes”, planteó, en relación a las condiciones de los trabajadores de la educación en los últimos años. Por eso, advirtió que el problema no se limita a cuánto perdieron los salarios, sino al proyecto educativo que surge de un Estado que reduce su participación en el financiamiento. “Si la educación estaba mal, se puede discutir la responsabilidad de los gobiernos anteriores. Pero si empeoró, la pregunta es qué hiciste para mejorarla”, concluyó.
La situación de los docentes en las universidades
Los salarios de los trabajadores de las universidades nacionales acumulan una pérdida real del 22,2% desde noviembre de 2023, según explicó Curcio (ver Gráfico 1). Para revertir ese deterioro y cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, los sueldos deberían aumentar 33,5% en términos reales. Además, señaló que la deuda salarial acumulada desde octubre de 2025 equivale a 3,2 salarios de agosto de 2026, sin contar intereses ni punitorios.
Gráfico 1: Variación salarial mensual acumulada en sectores público, privado, universidades nacionales.
AFISPOP IIEP UBA-CONICET
Con el acuerdo vigente, en octubre habrá una suba del 3%, pero si se cumple la inflación proyectada por el REM del BCRA, la pérdida de poder adquisitivo treparía al 25,1%. En comparación, la caída real desde noviembre de 2023 es del 16,6% para el sector público en general y del 3,5% para los trabajadores privados registrados.
Mapa del salario docente: las provincias con mejores y peores sueldos
El mapa salarial docente muestra una Argentina profundamente desigual. De acuerdo al Informe Indicativo del Salario Docente, elaborado por la Secretaría de Educación de la Nación, a junio de este año (relevamiento más reciente) etre las 24 jurisdicciones, la diferencia entre el salario más alto y el más bajo supera los $1,58 millones mensuales brutos para un maestro de grado con 10 años de antigüedad. Neuquén encabeza el ranking con $2.521.570, mientras que Mendoza se ubica en el extremo opuesto, con $935.450. La distancia revela que, aun bajo un mismo cargo testigo, la remuneración docente puede ser casi tres veces mayor según la provincia en la que se desempeñe el trabajador (ver Gráfico 2).
Las diferencias también aparecen entre las provincias que integran los primeros puestos. Detrás de Neuquén se ubican Santiago del Estero y Santa Cruz, ambas por encima de $1,8 millones, mientras que Tierra del Fuego y Córdoba superan los $1,6 millones. En cambio, nueve jurisdicciones todavía registran salarios inferiores a $1,2 millones, entre ellas Buenos Aires, San Luis, Tucumán, Jujuy, Entre Ríos, Catamarca, La Rioja, Misiones y Mendoza. El contraste refleja la heterogeneidad de las políticas salariales y de las capacidades de recomposición de cada jurisdicción.
La evolución del último año tampoco fue uniforme. Santiago del Estero lideró la recomposición salarial interanual con una suba del 106,1%, seguida por Corrientes, con 56,8%. También Catamarca, Tucumán y San Juan registraron incrementos superiores al 40%. Sin embargo, el informe contempla la incidencia de sumas extraordinarias en algunas jurisdicciones, por lo que las variaciones interanuales deben analizarse junto con la composición de cada salario y no únicamente a partir del porcentaje final (ver gráfico 3).
En el otro extremo, Chaco registró una recomposición de apenas 6,8% en los últimos 12 meses, la menor entre las jurisdicciones analizadas. También Tierra del Fuego, San Luis, Mendoza y Salta quedaron entre las provincias con menores aumentos interanuales. Esto demuestra que una mayor suba porcentual tampoco implica necesariamente alcanzar los salarios más altos del país: provincias con remuneraciones iniciales más bajas pueden registrar fuertes recomposiciones y, aun así, continuar rezagadas en el ranking.
