Diario HOY | Armas incautadas fueron usadas por la Guardia Civil de España

Los 20 fusiles de guerra, en su mayoría 7.62, iban a ser destinados a una facción criminal de la favela Rocinha de Río de Janeiro, según la presunción. Algunas de las armas pertenecieron a la Guardia Civil Española.

De hecho, parte del lote correspondería a fusiles FA CETME, siglas de Fusil de Asalto del Centro de Estudios Técnicos de Materiales Especiales (CETME), institución gubernamental española responsable de su diseño y desarrollo.

Nota relacionada: Cae policía con 20 fusiles de guerra: eran para grupos criminales del Brasil

En una conferencia de prensa, el ministro Jalil Rachid informó que la Digemabel se encargará de estudiar la trazabilidad que permitirá saber si estas armas fueron usadas en algún otro hecho punible.

“El policía no dijo nada, o sea, entendió lo que estaba ocurriendo, era consciente de lo que estaba haciendo”, señaló Rachid. El suboficial presta servicios en la subcomisaría de Acepar, departamento de Canindeyú.

Se presume que se trataría del tercer traslado realizado por la organización utilizando el mismo modus operandi y una cantidad similar de armas largas. El valor total estimado es de 200.000 dólares.

La Dirección de Investigación de Hechos Punibles, a través del Departamento de Investigaciones Regional Guairá, detuvo a un hombre de 40 años durante un procedimiento realizado el martes a la noche en la vía pública de la ciudad de Iturbe.

Después de un trabajo de investigación e inteligencia, se realizó la intervención alrededor de las 20:00 horas. Según el informe policial, el detenido contaba con órdenes por supuesta estafa tramitadas en las ciudades de Fernando de la Mora, Encarnación y Luque, donde además fue declarado rebelde.

Lea también: El terrible relato de otra supuesta víctima del argentino detenido

Entre otras cosas, el mismo habría incumplido con su arresto domiciliario, dispuesto en Alto Paraná, en una causa por supuesto hecho punible de apropiación, y contaba con una orden de captura correspondiente a la violación de esta medida.

Tras la detención, la policía le leyó sus derechos constitucionales y lo llevó a Investigaciones para iniciar el proceso. Luego de la revisión médica de rutina en el Hospital Regional de Villarrica, quedó recluido temporalmente en la Comisaría 3.ª del barrio Centro, a disposición de la Fiscalía y la Justicia.

En entrevista con el canal GEN, el legislador “Bachi” Núñez sostuvo que existe una vara diferente en las decisiones del sistema judicial que termina beneficiando a referentes opositores bajo el peso de la presión mediática y política.

“Un mismo juez, Osmar Legal, para que vean cómo mide la vara, le da prisión domiciliaria con tobillera a la intendenta, pero en cambio a Miguel Prieto le da libertad ambulatoria. Los dos son o fueron intendentes. Yo no sé los motivos, pero creo que hay presión mediática y política, cuando no debería ser así”, remarcó el legislador.

El titular del Parlamento enfatizó que las acusaciones de presunta persecución política alegadas por Prieto carecen de sustento.

“El problema de Prieto no es con Pedro Alliana ni con Bachi Núñez; el problema de Prieto es con la justicia y debe responder como administrador de gastos por un robo asqueroso en pandemia”, sentenció Núñez.

Un dato a tener en cuenta, que trajo a colación el periodista Jorge Torres durante la entrevista con Bachi, es que Prieto está siendo investigado por el fiscal Silvio Corbeta. El comunicador recordó que es el mismo agente del Ministerio Público que lideró investigaciones de alto impacto que terminaron en condenas o imputaciones contra figuras de diversos sectores políticos. Citó el caso de Erico Galeano, cuya investigación fue muy aplaudida por los medios opositores; el de la extitular de Petropar, Patricia Samudio; y el del exministro de la SEN, Joaquín Roa.

“Cuando Corbeta investiga a otros lo felicitan, pero cuando investiga a Prieto lo cuestionan. ¿En qué quedamos?“, planteó Torres.

Prioridad en municipales y respeto a la decisión de Alliana

Respecto al escenario político con miras al 2028, Bachi Núñez instó a la dirigencia de Honor Colorado a centrar todas las energías en las próximas elecciones municipales, que son la prioridad absoluta para la ANR. Afirmó que el Partido Colorado mantiene su musculatura política “fortalecida y no con Ozempic”, gracias a su dinámica de competencia interna democrática.

Asimismo, ratificó que la definición sobre quién acompañará la chapa presidencial del vicepresidente Pedro Alliana es una prerrogativa exclusiva de este último, tal como fue consensuado en el Comando Político.

“La decisión final sobre la dupla la tiene Pedro Alliana, eso es indiscutible. Coincido con sus expresiones de esperar a que pasen las elecciones municipales. Somos un equipo disciplinado y el movimiento Honor Colorado persiste en el tiempo justamente porque interpreta bien la dinámica del Partido Colorado”, indicó.

La mujer relató a radio Monumental cómo comenzó su pesadilla tras acudir a la vivienda del imputado para trabajar como empleada doméstica. A la semana, el hombre le propuso una relación sentimental que rápidamente se convirtió en un presunto calvario de aislamiento extremo y severas agresiones físicas.

“Empezó a ser violento, me sacó el teléfono, me prohibió hablar con familiares y me comenzó a pegar. Me encerraba en la pieza 3 días sin comunicación. Logré comunicarme con una prima que me rescató, pero ahí comenzaron las amenazas de muerte hacia mi familia y de secuestrar a mi hermana”, reveló la víctima.

Bajo un clima de constante terror, la mujer aceptó viajar con Morán a Argentina. Durante el trayecto, el nivel de agresividad escaló. En un peaje camino a Buenos Aires, el hombre, siempre conforme a la versión de la entrevista, habría desenfundado una pistola y la amenazó: “Si hablás, te mato acá y luego me matan”.

También contó que, en un hotel de Mar del Plata, el agresor supuestamente le arrebató el teléfono y se hizo pasar por ella para responder los mensajes de su familia. “Agarró una navaja, me la puso en el cuello y me dijo: ‘Esta vez no te vas a salvar’. Logré abrir la puerta del hotel, salí corriendo y grité hasta que la gente salió a auxiliarme”, rememoró Ana.

Las declaraciones de la víctima coinciden con los hallazgos realizados por la Fiscalía y el Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional durante el allanamiento a la lujosa residencia de Morán en San Bernardino.

En la propiedad, los intervinientes descubrieron una habitación acondicionada como estudio de filmación, con luces, cámaras, mesas exhibidoras, prendas íntimas con rastros de sangre y juguetes sexuales.

La víctima confirmó que el sospechoso utilizaba tecnología oculta para registrar a las mujeres sin su consentimiento. “Me pasó un video mío en la habitación y yo en ningún momento vi una cámara allí. Muchas veces me daba cuenta de que había algo raro, que grababa cosas. Me amenazó con publicar videos íntimos si no volvía con él”, sostuvo.

Sospecha de red de trata de personas

Las autoridades policiales, encabezadas por el comisario Humberto Aquino y el comisario Juan Pereira, sostienen la hipótesis de que Ariel Fernando Morán forma parte de una red transnacional dedicada a la captación de menores de edad, producción de material explícito y posterior traslado a la Argentina.

Actualmente, el ciudadano argentino se encuentra imputado por coacción grave y violación de la patria potestad, con pedido de prisión preventiva por parte del Ministerio Público mientras avanzan los peritajes a las evidencias e imágenes incautadas.