Diario HOY | Entregan 78 viviendas sociales a familias de cuatro ciudades de Central

Las soluciones habitacionales fueron distribuidas entre 17 viviendas para Areguá, 15 para Capiatá, 14 para Luque y 32 para Guarambaré.

Las viviendas cuentan con una superficie de 42 metros cuadrados, con dos habitaciones, sala, cocina-comedor integrados y lavadero, y fueron construidas con materiales y mano de obra paraguaya.

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Durante el acto de entrega, el presidente Santiago Peña afirmó que el Gobierno continuará impulsando políticas habitacionales para que más familias accedan a una vivienda digna.

Por su parte, el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, destacó que esta fue la tercera entrega de viviendas realizada durante la semana, tras las inauguraciones en Caapucú y Capiatá.

Entre julio de 2023 y mayo de 2026, la cantidad de cotizantes pasó de 707.638 a los actuales 842.023, lo que se traduce en un incremento acumulado de 134.385 nuevos empleos formales durante la gestión del actual Gobierno, de acuerdo con el informe elaborado por el Observatorio Laboral del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS).

Desde el Poder Ejecutivo señalan que estos resultados son el reflejo directo de las políticas públicas orientadas a combatir la informalidad y robustecer la estabilidad económica de los hogares paraguayos.

Al respecto, la ministra de Trabajo, Mónica Recalde, destacó que estos números constituyen una señal alentadora para el desarrollo económico y social del país. La secretaria de Estado afirmó que el avance sostenido del empleo formal funciona como uno de los pilares del crecimiento nacional y ratifica las acciones coordinadas que se vienen impulsando desde su cartera.

Finalmente, las autoridades atribuyen este escenario a una serie de medidas de formalización implementadas recientemente. Entre ellas sobresalen la simplificación administrativa para la inscripción y registro de trabajadores, el fortalecimiento de las inspecciones y fiscalizaciones en las empresas, además de los servicios de asesoramiento laboral y las políticas activas de intermediación y promoción del empleo formal.

El dato fue dado a conocer por el ministro de Educación, Luis Ramírez, quien además señaló que fueron detectadas irregularidades en algunas universidades que ofrecían programas de posgrado sin contar con la habilitación correspondiente.

Según explicó, ciertas instituciones promocionaban carreras no autorizadas y posteriormente establecían acuerdos con otras entidades para desarrollar las clases, emitiendo finalmente títulos a nombre de universidades que carecían de la habilitación legal requerida.

Ante esta situación, el MEC indicó que trabaja en mecanismos para brindar una solución a los estudiantes afectados, considerando que muchos cursaron sus estudios actuando de buena fe.

Durante la reunión, las autoridades también detallaron que ya fueron intervenidos diversos Institutos Técnicos Superiores e Institutos de Formación Docente como parte de las acciones impulsadas para esclarecer los hechos.

Por otro lado, Ramírez informó que auditorías internas realizadas por la cartera educativa permitieron detectar cerca de 500 usuarios ajenos a las funciones correspondientes con acceso a procesos de inscripción de títulos. Asimismo, fueron identificadas inscripciones efectuadas fuera de los plazos establecidos.

Los funcionarios presuntamente involucrados fueron apartados de sus cargos y sometidos a sumarios administrativos mientras avanzan las investigaciones.

Como resultado del encuentro, se resolvió conformar una mesa de trabajo integrada por técnicos del MEC, el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) y la comisión especial del Senado, con el objetivo de profundizar la recopilación de información y elaborar propuestas para combatir estas prácticas.

La comisión parlamentaria continuará con las investigaciones y prevé convocar a representantes de universidades públicas y privadas, además de otras instituciones vinculadas al sistema de educación superior.

La iniciativa, denominada “Que regula la permanencia de menores de edad en eventos y establece su protección en espacios de ocio nocturno”, surge como respuesta al creciente involucramiento de menores en fiestas, eventos y reuniones que se prolongan hasta altas horas de la madrugada.

Según la exposición de motivos, la presencia de niños y adolescentes en espacios destinados al entretenimiento de adultos puede exponerlos a situaciones que afecten su integridad física, psicológica y moral. Entre los riesgos mencionados figuran el consumo precoz de alcohol y otras sustancias, hechos de violencia, abuso, negligencia, explotación y accidentes de tránsito.

El proyecto establece la prohibición expresa de la participación de menores de edad en fiestas desarrolladas en bares, discotecas, locales nocturnos y establecimientos similares orientados al público adulto.

Asimismo, plantea regular las actividades recreativas organizadas por instituciones educativas, fijando como límite las 02:00 de la madrugada para su culminación. La medida busca preservar el descanso y los hábitos saludables de los estudiantes.

La propuesta también contempla excepciones para eventos culturales y artísticos. En estos casos, los menores podrán asistir a conciertos, espectáculos públicos y otros shows nocturnos siempre que estén acompañados por sus padres, tutores o adultos responsables debidamente autorizados.

El documento señala que la responsabilidad de garantizar entornos seguros para la niñez y la adolescencia recae de manera conjunta en el Estado, la familia y la sociedad, en concordancia con el principio del Interés Superior del Niño establecido en la legislación nacional y en tratados internacionales ratificados por Paraguay.

De aprobarse la normativa, la autoridad de aplicación será el Ministerio del Interior, en coordinación con el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, el Ministerio Público, la Policía Nacional y las municipalidades.

La iniciativa tiene como finalidad establecer reglas claras para la participación de menores en actividades nocturnas, fortaleciendo los mecanismos de protección y prevención frente a entornos considerados de riesgo.