Diario HOY | Exmodelo fue detenida por violencia familiar, pero su denuncia por el mismo hecho no avanza

De acuerdo al relato de la afectada, la detención se dio pasado 14 de agosto, cuando Graciela Núñez, quien es abogada, se encontraba trabajando en su estudio. Al salir a la vereda para buscar un objeto en la camioneta, una patrullera se aproximó al lugar. Tras confirmar su identidad, los agentes le informaron que quedaba detenida debido a que pesaba sobre ella una orden de captura, de la cual no había sido notificada previamente.

Durante el procedimiento, los efectivos policiales leyeron el informe de la orden de detención, aunque en ese instante no pudieron precisar la carátula ni los motivos exactos de la medida, ya que ellos mismos manifestaron desconocer los detalles del caso.

Una vez trasladada a la sede de investigaciones, las autoridades le explicaron que la orden de captura y su imputación correspondían a una causa por violencia familiar. Fue en ese momento que Núñez se enteró de que su expareja la había denunciado el pasado 8 de agosto, apenas seis o siete días antes de que se ejecutara su detención.

Ante este escenario, Núñez cuestionó con indignación la disparidad y la celeridad selectiva con la que se manejó su caso. Según relató, ella ya había presentado una denuncia previa contra su expareja el 18 de junio de 2026. En ese momento aportó pruebas que incluían capturas de pantalla y videos donde supuestamente se la observa como víctima de agresión por parte de este hombre.

A pesar de la gravedad de las pruebas presentadas en junio y del tiempo transcurrido, la exmodelo lamentó que, a la fecha, su expareja no haya sido citada por la justicia ni haya tenido que pasar por una situación similar a la que ella enfrenta actualmente, evidenciando un trato desigual en el proceso judicial de ambas denuncias.

El procedimiento se activó alrededor de las 03:40 a través de la Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control (OMDEC), centro desde el cual se coordinó la respuesta en tiempo real mediante comunicación por frecuencia radial.

Al llegar a la vivienda, las fuerzas de seguridad verificaron la falla operativa provocada en el equipo técnico y trasladaron al sujeto para prevenir un posible riesgo de fuga. Posteriormente, especialistas del área técnica evaluaron el aparato, confirmaron que sufrió una manipulación voluntaria y redactaron el acta correspondiente para su elevación al ámbito judicial.

El hecho representa un ejemplo de la efectividad del programa de supervisión electrónica implementado en Paraguay desde diciembre de 2024 como parte de la modernización del sistema penal liderada por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial.

Este mecanismo tecnológico, monitoreado de forma permanente desde la sede del 911, permite rastrear perímetros de movimiento y emitir alertas inmediatas ante aperturas no autorizadas o vulneraciones de zonas restringidas.

La tecnología desplegada en el país contempla dos escenarios principales de aplicación: el control del cumplimiento de la prisión domiciliaria dentro de un espacio delimitado y el seguimiento estricto de órdenes de alejamiento en casos de violencia intrafamiliar.

Para esta última modalidad, la víctima cuenta con un dispositivo móvil provisto por la Policía Nacional que alerta de manera automática al centro de control cuando el agresor portador del brazalete quebranta el límite de distancia establecido.

Las actividades comenzaron formalmente en el Palacio de Gobierno con el tradicional izamiento del Pabellón Patrio y la entonación del Himno Nacional. La ceremonia institucional estuvo encabezada por el presidente de la República, Santiago Peña, junto a la primera dama Leticia Ocampos, el vicepresidente Pedro Alliana e integrantes del gabinete del Poder Ejecutivo.

Tras el acto inicial, las autoridades se trasladaron a la Costanera para presenciar el paso de 3.700 efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. La marcha incluyó a 3.000 integrantes del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y el Comando Logístico, sumados a 700 agentes policiales.

Esta edición presentó además una novedad histórica: la participación por primera vez de ciudadanos que se encuentran cumpliendo el Servicio Militar Obligatorio dentro del Comando Logístico.

Las festividades integraron un marcado componente espiritual y de arraigo cultural en honor a Nuestra Señora de la Asunción, Santa Patrona y Mariscala de las Fuerzas Armadas. Como antesala a la jornada central, el viernes se inauguró y bendijo una imagen representativa de la Santa Patrona en la Costanera Norte.

Fundada en 1537 y reconocida históricamente como la “Madre de Ciudades”, la capital paraguaya reafirmó su rol central en la construcción política, social y cultural del país. Esta conmemoración adquiere un valor estratégico particular para la ciudad, que ya comienza a proyectar su agenda de desarrollo con miras a la celebración de su quinto centenario en el año 2037.

La denuncia fue presentada de manera presencial ante el director del recinto y el Consejo Asesor de la institución. Tras la alerta, los agentes procedieron a la inspección de la celda señalada, donde confiscaron un teléfono celular con su correspondiente tarjeta SIM y cargador, junto con una planchuela de hierro de aproximadamente 25 centímetros envuelta en tela.

Para verificar la denuncia, un miembro del Consejo Asesor realizó una llamada de prueba al número provisto por la víctima, logrando que el dispositivo incautado sonara al instante.

Ante la gravedad del hecho, las autoridades penitenciarias dispusieron el traslado preventivo del interno al Módulo N.º 8, bajo un régimen cerrado especial.

Los elementos incautados fueron elevados a las instancias administrativas y judiciales correspondientes para el inicio de las investigaciones pertinentes sobre la coacción denunciada.

Por su parte, el Ministerio de Justicia anunció la apertura inmediata de un sumario administrativo con el objetivo de determinar cómo ingresaron los objetos prohibidos al establecimiento. La investigación buscará identificar eventuales actos de complicidad por parte del personal penitenciario.