Una delegación del Ministerio Público, encabezada por el agente fiscal Cristian Benítez, intervino este jueves las oficinas centrales del Instituto de Previsión Social (IPS) con el objetivo de recabar documentaciones vinculadas a las investigaciones que involucran a Ueno Bank.
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19 de noviembre de 2026 13:49
El procedimiento judicial se llevó a cabo en la sede de la Caja Central, ubicada sobre la calle Constitución. Tras su llegada, los representantes del Ministerio Público informaron al titular de la previsional sobre el alcance de la diligencia y se instalaron inicialmente en la oficina de la Presidencia para coordinar las tareas.
Durante el operativo, los intervinientes procedieron al allanamiento de tres dependencias clave dentro de la estructura administrativa: la Dirección de Inversiones, la Secretaría del Consejo de Administración y el Área Financiera.
El recorrido de la comitiva judicial contó con el acompañamiento permanente del director jurídico del ente, abogado Enrique Galeano.
Por su parte, el presidente del IPS, doctor Derlis León, expresó su total apertura hacia las diligencias de la Fiscalía.
Socios de APA rechazan suspensión y millonaria multa dispuesta por Dinapi
Asociados de la entidad de gestión colectiva cuestionan la sanción de seis meses y el castigo de Gs. 304,4 millones, advirtiendo un grave perjuicio económico para los creadores del interior y sus familias.
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19 de noviembre de 2026 14:42
Socios de Autores Paraguayos Asociados (APA) manifestaron su rechazo contra la suspensión por seis meses y la multa de 304,4 millones de guaraníes que impuso la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi).
Los creadores aseguran que la sanción carece de sustento sólido y golpea directamente el sustento de los artistas, sin que exista delito alguno.
Uno de los asociados destacó que la parálisis afecta con mayor fuerza a los autores del interior del país, quienes dependen exclusivamente de las recaudaciones por derechos de autor para subsistir, a diferencia de muchos colegas de la capital que ejercen otras profesiones.
También defendió la entrega de canastas básicas —conocidas como “jopoi”— a los miembros, hijos y viudas, y afirmó que la institución mantiene sus cuentas al día tras recibir el respaldo de su última asamblea.
Durante la protesta, los manifestantes exigieron la destitución del funcionario cuestionado y alertaron que el freno administrativo interrumpe los cobros correspondientes tanto a los autores como a sus herederos, quienes perciben regalías hasta 70 años después del fallecimiento del creador.
Este conflicto ocurre en paralelo a las auditorías administrativas y a la investigación penal abierta sobre la gestión de la entidad.
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Salud plantea que motociclistas sin casco paguen sus internaciones
El Ministerio de Salud prepara un proyecto de ley para exigir el uso obligatorio de casco, crear un seguro anual obligatorio y endurecer la entrega de licencias de conducir.
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19 de noviembre de 2026 14:20
El ministro de Salud Pública, Isaías Fretes, anunció que está trabajando en un proyecto de ley para exigir el uso obligatorio de casco a los motociclistas. Si los conductores incumplen esta regla y sufren accidentes de tránsito, asumirán de su propio bolsillo el costo total de sus internaciones y tratamientos médicos.
La propuesta establece además que los comercios entregarán un casco protector junto con cada motocicleta vendida. Asimismo, crea un seguro obligatorio mediante acuerdos con el sector privado que cubrirá los gastos médicos del accidentado en cualquier centro asistencial del país si el Hospital de Trauma carece de camas.
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La normativa también prohibirá la entrega de licencias de conducir a quienes no aprueben un curso obligatorio de educación vial.
Actualmente, la asesoría jurídica del Ministerio ajusta los detalles legales para evitar conflictos con los artículos 68 y 69 de la Constitución Nacional, mientras la cartera sanitaria busca apoyo legislativo para presentar el texto ante el Congreso.
Diputados piden cooperación de EE.UU. para rastrear y recuperar activos del caso Ueno
La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de declaración que exhorta al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio Público a impulsar mecanismos urgentes de cooperación internacional con Estados Unidos para localizar, preservar y eventualmente recuperar activos vinculados al caso Ueno Bank, con el objetivo de resguardar a los ahorristas y demás afectados.
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19 de noviembre de 2026 13:26
La iniciativa plantea gestionar canales diplomáticos y jurídicos con la representación estadounidense y sus organismos competentes, en particular el Departamento de Justicia.
En los fundamentos del texto se recuerda que el Banco Central del Paraguay comunicó el 3 de noviembre el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank, tras una decisión adoptada por su Directorio el día anterior, a lo que se suma la apertura de una investigación penal por parte del Ministerio Público.
Para los proyectistas, este escenario exige medidas rápidas para evitar que eventuales bienes o fondos vinculados a las operaciones bajo pesquisa sean ocultados, transferidos o dispersados.
El pronunciamiento aclara que la solicitud no presume la existencia de activos ilícitos en territorio estadounidense ni adelanta responsabilidades penales individuales, sino que apunta a determinar si hubo transferencias, conversiones o adquisiciones en esa jurisdicción y a resguardar registros clave para el esclarecimiento de los hechos.
Entre las medidas contempladas en la declaración se mencionan el rastreo de operaciones y transferencias financieras internacionales, así como la identificación de cuentas bancarias, valores, participaciones societarias, inmuebles y otros derechos o bienes que pudieran estar en Estados Unidos. Además, se plantea solicitar medidas cautelares como inmovilizaciones, embargos o incautaciones cuando existan elementos suficientes conforme a la ley.
Según el texto aprobado, cualquier eventual recuperación de recursos deberá orientarse a proteger los derechos patrimoniales de las personas afectadas, con especial énfasis en jubilados, pensionados, trabajadores, pequeños ahorristas y familias vulnerables, bajo el respeto del debido proceso, la prelación legal y los derechos de terceros de buena fe.



